Compasión burocrática, o la responsabilidad de construir un quirófano para salvar vidas

El antropólogo Didier Fassin desarrolló el concepto de “vida precaria” para referirse a aquellas vidas que, por su origen, género, etnia o condición social, son consideradas menos urgentes o menos valiosas por los sistemas de poder. En una revisión de su literatura, Fassin propone que las acciones humanitarias (y sanitarias) ejecutadas por las instituciones gubernamentales deben ser analizadas no solo desde la óptica de la calidad del servicio o la calidez del trato, sino también desde la producción y distribución del poder: para un gobierno “no todas las vidas cuentan igual cuando se decide dónde se invierte, a quién se atiende primero o qué muerte se considera una tragedia evitable”. Eso dice Fassin.

Un ejemplo que ilustra con fuerza esta realidad es el de aquella joven mujer indígena mexicana, embarazada, que vive en una comunidad rural y atraviesa un embarazo a término considerado de alto riesgo. Para prevenir su muerte —así como la del bebé— requiere una cesárea de urgencia. Sin embargo, ese acceso vital a un quirófano está mediado por 6 factores estructurales que condicionan su mera posibilidad de vivir y sobrevivir:

1. Acceso clínico: en muchas comunidades rurales e indígenas del país, los recursos humanos en salud son escasos y están subcapacitados. Puede que ni haya personal con experiencia obstétrica ni turnos completos ni protocolos bien establecidos. Aun si hay profesionales de salud presentes, la falta de acompañamiento continuo, formación en interculturalidad y sistemas de referencia limitan seriamente la capacidad resolutiva de una clínica u hospital.
2. Atención con humanismo mexicano: debemos reconocer que las mujeres indígenas requieren atención respetuosa y con pertinencia cultural previo a la intervención quirúrgica. Integrar las diferentes culturas, prácticas y cosmovisiones sanitarias derivadas de comunidades ancestrales mejorará la atención a la salud, la calidad del trato y el cuidado continuo necesario para garantizar la vida y la salud de esa mujer atendida.
3. Disponibilidad de insumos: la atención obstétrica de calidad depende también de una cadena de suministros constante. Sin acceso a medicamentos esenciales como anestésicos, antibióticos o uterotónicos, o sin materiales quirúrgicos básicos, la cesárea deja de ser una opción segura y se convierte en un procedimiento peligroso y de alto riesgo.
4. Infraestructura: una cesárea requiere más que voluntad médica: requiere quirófanos funcionales, camas suficientes, energía eléctrica constante, agua potable, sistemas de esterilización, bancos de sangre y equipos de monitoreo. La ausencia de estas condiciones transforma la intervención quirúrgica en una tragedia clínica.
5. Sistemas de salud: la falta de articulación entre los niveles de atención, la fragmentación entre instituciones y la escasa planificación territorial para la salud contribuyen a que, incluso cuando existe un diagnóstico claro, no se pueda garantizar la atención oportuna. La paciente puede pasar horas o días buscando una unidad de salud de cualquier institución que la atienda.
6. Condiciones estructurales: las carreteras inaccesibles, la falta de transporte público, la ausencia de servicios básicos como agua potable y saneamiento, y el aislamiento geográfico son obstáculos cotidianos para mujeres como ella. A menudo se ven obligadas a caminar largas distancias o pagar transportes costosos, retrasando su llegada a una unidad médica.

Todo lo anterior configura un escenario que en palabras de otro sociólogo, Johan Galtung, se resumen en que “la violencia estructural se presenta cuando los recursos necesarios para satisfacer necesidades humanas básicas están disponibles, pero son inaccesibles debido al diseño social”. Así, el quirófano funcional pero inaccesible, el hospital con 95 % de abasto pero sin anestesista, las carreteras intransitables entre redes integradas de servicios y el medicamento que nunca llegó se convierten en formas cotidianas de exclusión y violencia para esta mujer indígena embarazada.

Esto sucede porque las instituciones de gobierno actúan desde una lógica administrativa más que desde una ética del cuidado: regulan el acceso, establecen jerarquías de urgencia y filtran la atención según criterios ajenos a la necesidad clínica de cada persona en cada lugar.

Así, el Estado moderno regula poblaciones, distribuye recursos y define riesgos sin manifiestarse sobre ciertas poblaciones, como las mujeres indígenas en zonas rurales o las poblaciones afrodescendientes o LGBTQ, quienes quedan sistemáticamente fuera de las lógicas de protección y atención del mismo Estado. En ese contexto, los servicios que ofrece el Gobierno, sean de salud, de educación, de asistencia económica, de cultura, de trabajo, lejos de ser apoyos merecidos, se convierten en un dispositivo de selección exclusiva: te damos, porque no te vemos.

Para revertir la violencia estructural mencionada por Galtung, las instituciones que ofrecen atención y servicios directo a la población deben cuidar al pueblo; deben adoptar lo que Fassin introduce como “compasión burocrática”: una tensión entre cuidar y regular.

Fassin advierte: cualquier acción en beneficio de una colectividad que no cuestiona las estructuras que producen la desigualdad, corre el riesgo de reforzar el statu quo. El acceso desigual a un quirófano, más allá de ser un simple problema técnico, debe ser entendido como una expresión de injusticia política. Debemos “repolitizar” las instituciones, en específico en la salud: comprender que detrás de cada muerte materna prevenible hay decisiones de presupuesto, de diseño institucional y de prioridades sociales que no competen al médico, a la enfermera, a la madre o al recién nacido.

Así, en términos banales, la vida de una mujer indígena embarazada, aunque constitucionalmente igual en derechos, es tratada por el sistema como una vida prescindible.

Garantizar que una mujer indígena acceda a una cesárea segura no es un gesto de caridad ni de buena voluntad: es una obligación del Estado, del sistema de salud y de todas sus instituciones. Implica actuar sobre los 6 factores clave: asegurar personal capacitado, trato digno, infraestructura completa, medicamentos disponibles, articulación institucional y condiciones dignas de vida. Implica revisar las lógicas de organización del sistema, los presupuestos y las prioridades que han colocado sistemáticamente a ciertas poblaciones en la periferia del derecho a la vida.

El acceso a la salud deja de ser un derecho cuando se vuelve un privilegio, y mientras las condiciones estructurales no cambien, cada parto no atendido y cada muerte materna evitable serán recordatorios dolorosos de una violencia que se esconde en la normalidad, en la banalidad. Repolitizar las instituciones de salud, por seguir en ese ejemplo, exige pensar la atención médica no solo como una práctica técnica, sino como un acto profundamente político: servir a la salud para construir el bienestar y gestionar la vida, nunca más para administrar la enfermedad y la muerte.

* Nemer Naime es sociólogo.