Resistencia política, ¿principal motor social para construir la paz?

¿La resistencia política generalizada contra la reforma democrática de las políticas e instituciones de seguridad puede ser eficaz motor para la movilización social a favor de la paz? Me pregunto si estamos ante una paradoja que terminará desmontando la barrera política que viene impidiendo la auténtica refundación. En teoría, es inimaginable la reforma sin o en contra de los liderazgos políticos, pero acaso la prolongación de la falla del Estado se viene convirtiendo en la hélice que más empuja hacia la agregación de actores sociales a favor del cambio.

Con la evidencia acumulada durante los últimos cinco sexenios federales, podemos afirmar que el Estado mexicano tiene insuficientes -por decir lo menos- capacidades de adaptación para evolucionar sus herramientas ante las violencias (las excepciones son mínimas). No me refiero a las reformas legales y las reorganizaciones institucionales, de esas tenemos todos los días; me refiero a lograr los cambios en las prácticas, controladas éstas a través de robustos mecanismos de rendición de cuentas.

En mi concepto, ahí está el eje de la falla: esas políticas e instituciones están generalmente disociadas de la rendición de cuentas. Así fueron diseñadas. En otras palabras, el Estado puede hacer “lo que sea” porque si el resultado prometido no llega (la seguridad, la justicia y la paz) de todas maneras están casi siempre debilitados e incluso apagados los mecanismos de aprendizaje formal y corrección. Comprobado eso a través de la prolongación, ampliación y profundización de las violencias, lo que sigue es preguntarnos si esa rotura está convirtiéndose en sí misma en gasolina para la movilización social a favor de la seguridad, la justicia y la paz.

Desde el pasado 20 de junio, fecha del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, Chihuahua, observo acelerarse la agregación de actores sociales a procesos organizativos de movilización, lo cual parece prefigurar un esperanzador efecto bola de nieve. ¿Podemos decir que esos asesinatos vienen catalizando el despertar social que hacía falta para, ahora sí, forzar el reconocimiento de la emergencia humanitaria y andar hacia la consecuente reconstrucción? Todos los días recibo señales esperanzadoras en ese sentido, si bien es muy temprano para afirmar nada.

Mi punto es el siguiente: ¿puede abrirse paso la reforma a pesar e incluso en contra de quienes representan a las instituciones del Estado? Parece imposible a primera vista, pero quizá mirando un poco más a fondo podemos elaborar la hipótesis que categoriza la resistencia política, en sí misma, como palanca de cambio, provocando así exactamente lo contrario de lo que se propone.

¿Puede por ejemplo una fiscalía convertirse en acicate para la irrupción social movilizada, precisamente porque al funcionar como fábrica de impunidad acelera las contradicciones, que a su vez insuflan la indignación y por esa vía la participación?

La hipótesis adquiere enorme relevancia cuando leemos que “Los actores integrados en el Estado son el tipo de actor criminal más dominante en el mundo”. El grado en que la criminalidad se extiende en las instituciones estatales varía desde una corrupción de bajo nivel hasta la captura total del Estado, pero en todo el espectro, esta participación tiene implicaciones en la capacidad de los países para responder al crimen organizado. Se descubrió que una de las correlaciones más sólidas que emergen del Índice (Global de Delincuencia Organizada 2021) es aquella entre la presencia de actores criminales integrados en el Estado y el bajo nivel de resiliencia, lo que sugiere que dichos actores pueden estar socavando la capacidad y la resiliencia del Estado para prevenir los flujos ilícitos.

¿Puede pasar lo contrario? ¿Puede esa captura empujar la acción colectiva resiliente? Y lo más importante, ¿puede llegar el salto hacia la articulación nacional de la movilización independiente? Lo dije en un taller reciente, no conozco reformas democráticas a la seguridad huérfanas de liderazgos políticos, pero a la vez casi nunca encontramos que la prolongación de las violencias despierte el impulso reformista anhelado. Más bien al contrario, el Estado ha encontrado todos los formatos posibles para, sean cuales sean los riesgos, temores y daños de la gente, seguir repitiendo las promesas incumplidas.

Según la encuesta mensual de El Financiero publicada el 4 de julio pasado, solo 21 por ciento cree que la política de seguridad va bien y el 50 por ciento cree que la inseguridad es el principal problema del país, duplicando el siguiente que es el empleo; así con todo, López Obrador ni siquiera enseña dudas de seguir el mismo rumbo (no sucede diferente con los gobiernos de la inmensa mayoría del país).

¿Qué sigue? ¿Más y más actores sociales se movilizarán solo para encontrar el mismo o mayor endurecimiento? De ser así, ¿cuánto aguantará la contradicción y con qué costos agregados a los que ya vivimos? Las consecuencias de la paradoja referida y su agudización son impredecibles. No sabemos si el 20 de junio detonó un efecto bola de nieve que cambiaría las cosas para siempre; cada día que el Estado siga invirtiendo en hacer lo mismo, acaso, ahora sí, más gente se movilizará para en sentido opuesto, justo para lograr el cambio.

La clase política podría estarse convirtiendo en la más potente fuerza para la reconstrucción, precisamente porque mucha de ella hace todo lo que puede para que no suceda. Es el mismo no de hace mucho tiempo, pero con nuevas consecuencias. Quién lo dijera.

@ErnestoLPV