Resiliencia escolar y derecho a aprender

Al término del ciclo escolar 2024-2025, el balance sobre las condiciones en que se desarrollaron los días de clase indica que niñas, niños y adolescentes enfrentaron diversas situaciones de riesgo que impidieron el pleno ejercicio de su derecho a aprender.

Los eventos climáticos extremos –consecuencia del cambio climático–, la violencia en diversas localidades y los paros docentes generaron en numerosas escuelas condiciones adversas que irrumpieron en el curso normal de las clases. Estas circunstancias crean ambientes que no son propicios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Cuando maestras y maestros tienen que interrumpir su labor docente debido a eventos de violencia en el entorno escolar, o fenómenos como inundaciones, deslaves, incendios, etc. –que en ocasiones, incluso, ponen en riesgo la integridad y seguridad de quienes forman parte de la comunidad escolar–, o bien, a causa de accidentes que se presentan dentro de la escuela, se enfrentan a situaciones desafiantes que les exigen una respuesta apropiada y toda su fortaleza de ánimo.

La profesión docente es compleja. Como profesionales del aprendizaje, las y los maestros tienen un sinfín de aspectos que atender. Desde luego, y en primer lugar, lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, que incluyen las cuestiones de orden pedagógico y didáctico y el trabajo colegiado para la planeación del trabajo en la escuela y sus aulas, las tareas administrativas, cuya atención a menudo les toma parte muy considerable de su tiempo, y el bienestar socioemocional de las y los estudiantes. Pero además, a esto hay que añadir lo que dispone el artículo 73 de la Ley General de Educación, en donde se les considera encargados de la custodia de las y los estudiantes y se establece su deber de estar capacitados para “tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral”.

Cada estudiante tiene el derecho de estar, aprender y participar en la escuela, sin temer por su integridad. Cada escuela debería ser un espacio seguro para que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a aprender y desarrollen todas sus potencialidades. ¿Qué hacer frente a las adversidades que se oponen a este derecho? ¿Cómo generar la resiliencia indispensable en estudiantes y docentes que integran la comunidad escolar para seguir adelante, a pesar de los estragos y la desolación que se presentan después de algún evento imprevisto, o en ocasiones, catastrófico que altera la convivencia normal en la escuela? ¿Maestras y maestros cuentan con la formación necesaria para hacer frente a estas situaciones, para reanudar y continuar avanzando, atendiendo, a la vez, el bienestar emocional de las y los estudiantes?

Ante la magnitud de la problemática que actualmente se presenta en el país, los riesgos para las escuelas son ingentes. Una gran cantidad no cuenta con la infraestructura adecuada y carecen de las condiciones básicas que garanticen la seguridad de las personas, especialmente en las localidades con mayor grado de marginación, en donde se localizan las escuelas multigrado, o de educación indígena. Además, es frecuente que se desatienda el mantenimiento preventivo y correctivo, lo que aumenta el riesgo de accidentes. En otros casos, la violencia en las localidades y el entorno de las escuelas ha obligado al personal docente a reaccionar de inmediato para proteger con distintas medidas la integridad y el bienestar de las y los estudiantes.

Las autoridades educativas federal y estatales han implementado distintas iniciativas para construir entornos escolares seguros, enfocados en fomentar la prevención de riesgos y de la violencia dentro de la escuela, la protección civil y el manejo de las emociones frente a situaciones de crisis. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, publicó el documento “Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica”. No obstante, parece necesario fortalecer esta cultura de la prevención y la atención de situaciones que ponen en riesgo a estudiantes e integrantes de la comunidad escolar. Sobre todo, es indispensable asegurarse de que maestras y maestros cuenten con protocolos claros y sepan cómo proceder cuando se presenta un incidente o situación de riesgo, además de apoyarlos con la asesoría jurídica cuando se requiera.

Ejercer la docencia en la actualidad implica contar con la capacidad de sobreponerse a este cúmulo de adversidades. Violencia en el entorno y dentro de la escuela; eventos climatológicos extremos; accidentes escolares; problemas de convivencia entre estudiantes, docentes o con madres, padres de familia y tutores, en fin. Todo esto constituye una carga emocional que puede repercutir en el agobio y fatiga que algunos docentes experimentan. Cuidar el bienestar emocional de maestras y maestros es imprescindible –teniendo siempre presentes sus derechos–, tanto como fortalecer su capacidad de resiliencia.

Es igualmente necesario atender la resiliencia de las comunidades escolares. El “Marco Integral de Seguridad Escolar 2022-2030. Por los Derechos de la Niñez y la Resiliencia en el Sector de la Educación”, de la Alianza Global para la Reducción de Desastres y Resiliencia en el Sector Educativo (GADRRRES, por sus siglas en inglés) y la iniciativa Mundial para Escuelas Seguras, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés), propone un “enfoque integral de la resiliencia y la seguridad frente a todos los peligros y riesgos que enfrentan las poblaciones, sistemas y programas del sector de la educación y la protección de la infancia”. Este marco se compone de tres pilares, los cuales incluyen, entre otros aspectos:

• Instalaciones de aprendizaje más seguras: con códigos y normas, control de calidad de la construcción, agua, saneamiento e higiene.
• Gestión de la seguridad escolar y la continuidad educativa: protección física, ambiental y social, habilidades de respuesta, gestión participativa del riesgo, planificación de la continuidad educativa.
• Educación para la reducción del riesgo y la resiliencia: formal y no formal, formación de docentes y desarrollo de personal, materiales de aprendizaje de calidad.

En la base de la propuesta coloca a los “sistemas y políticas habilitantes” con la evaluación y planificación informada sobre el riesgo, medidas para la continuidad educativa, cultura de seguridad y resiliencia, y la protección de las inversiones en infraestructura y equipamiento escolares. En el centro encontramos “los derechos de la niñez y la resiliencia en el sector de la educación” entre cuyos elementos se destaca, el “aprender sin miedo”.

El problema de la seguridad en las escuelas, que presenta diversas aristas, requiere atenderse de forma integral e impostergable para que niñas, niños y adolescentes cuenten con las condiciones que garanticen su derecho a aprender.

* Maura Rubio Almonacid es directora de Investigación en Mexicanos Primero.