El rescate de animales que no libera

Cuando la autoridad ambiental decomisa un animal —por tráfico ilegal, por maltrato, porque su dueño no puede probar que lo obtuvo de forma legal —, ese animal entra en un sistema que promete rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat, “en teoría”, aunque en la práctica, casi nunca ocurre así.

Le cuento. La ley sí contempla la solución correcta: centros especializados del gobierno federal, pensados para recibir a estos animales y prepararlos para regresar a la naturaleza. El problema es que en todo México solo existen seis, y varios llevan años sin operar a su capacidad real, por lo que resultan insuficientes frente a la cantidad de animales que se decomisan cada año.

¿A dónde van entonces? La propia SEMARNAT lo explica en su trámite SEMARNAT-08-039, fundamentado en el artículo 38 de la Ley General de Vida Silvestre: cuando un ejemplar no puede rehabilitarse para su liberación, se destina a particulares, empresas o asociaciones registradas (como los zoológicos), y la autoridad decide su destino “de acuerdo con sus programas de trabajo y las solicitudes existentes.” No según qué instalación ofrece mejores condiciones para el animal, sino según quién está registrado y solicitó recibirlo. Esas instalaciones no reciben a cambio presupuesto federal, y muchas veces carecen del personal capacitado para atender a una especie compleja o traumatizada. La ley les impone una responsabilidad que el Estado no les paga.

Una atracción más del zoológico

Y ahí empieza la verdadera última parada. El animal que llegó como víctima —de un traficante, de un dueño irresponsable o de un circo— se convierte en algo distinto: una atracción más. El público paga su boleto, se detiene frente a la jaula, toma su fotografía, y sigue caminando. Ese ejemplar genera ingresos para el recinto, pero rara vez esos ingresos regresan a él en forma de espacio adecuado o atención veterinaria especializada. El animal deja de ser un problema legal resuelto para convertirse en un activo de exhibición, y de ahí el incentivo institucional cambia: entre más se invierta en su bienestar, menos margen queda. Nadie lo dice así en ningún documento oficial, pero es la lógica que termina operando en la práctica.

El ejemplo más grande de lo que pasa cuando este sistema se satura ocurrió en 2022, con el santuario Black Jaguar – White Tiger, en la Ciudad de México. La autoridad intervino tras denuncias de abandono y maltrato, y tuvo que rescatar a cerca de 180 grandes felinos —tigres, leones, jaguares, panteras—, junto con primates y otros animales. La respuesta fue distribuirlos entre zoológicos de veinte estados, la mayoría ya al límite de su propia capacidad, que, de la noche a la mañana absorbieron animales adicionales sin presupuesto extra. El resultado: varios de esos felinos no sobrevivieron el proceso.

Ahí es donde todo se detiene. Una vez sancionado quien tenía al animal ilegalmente, la autoridad da por cumplida su parte y el expediente se cierra. Pero el animal sigue ahí, encerrado, la mayoría de las veces para siempre —no porque la ley lo abandone, sino porque el mandato de reintroducirlo está diseñado para los centros federales, no para cualquier zoológico que lo reciba por decomiso.

¿Qué pasa con la vida que se decía proteger?

Y ese es el patrón que se repite, casi sin excepción: el animal pasa de una situación de maltrato o tráfico a un nuevo encierro, a veces igual o peor de precario, simplemente porque no existe un sistema obligatorio que dé seguimiento público a su condición años después. No hay registro accesible al público que permita, años más tarde, preguntar qué fue de aquel animal. La autoridad cumple con la multa y el procedimiento contra quien lo tenía. Ahí se cierra la historia, pero… ¿qué pasó con la vida que se decía proteger?

La PROFEPA tiene un lema que suena bien: “la ley al servicio de la naturaleza”. Pero para el animal que pasa el resto de su vida en una jaula que no eligió, generando entradas para un recinto sin obligación de devolverle nada en bienestar, esa frase se queda en el papel donde está escrita. La ley existe. Lo que falta es que sirva.

No hace falta inventar la solución. Hace falta que el Estado cumpla lo que ya está escrito: fortalecer los centros federales, hoy insuficientes; crear un fondo, con las mismas multas ambientales que ya se cobran, destinado a la rehabilitación de estos animales; exigir que cualquiera que reciba un ejemplar decomisado cuente con presupuesto etiquetado y personal certificado; y obligar a un registro público que permita rastrear qué pasó con cada animal.

Todos tenemos una opinión sobre el maltrato animal. La mía, tras años litigando en ambos bandos, es esta: mientras la ley se cumpla solo en el papel, seguiremos condenando de por vida a los animales que se supone rescatamos.♦

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