Reproducción asistida: una nueva oportunidad para garantizar derechos

Por Vanessa Romero Solís*

En México existe un pendiente legislativo en torno a la regulación y el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Ante el inicio de una nueva legislatura, el Congreso tiene una nueva oportunidad para avanzar hacia un marco integral que garantice derechos y asegure condiciones de acceso igualitario.

Aunque existen disposiciones federales que podrían incidir en algunos aspectos relacionados con estas prácticas, el país aún carece de un marco normativo que establezca condiciones claras de acceso y garantice el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos, entre ellos, el derecho a decidir.

En México, desde finales de la década de 1980 hubo una expansión de los centros en los que se realizan estos procedimientos. Esta presencia también se refleja en los datos más recientes publicados por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA), cuyo registro correspondiente a 2021 documentó 5,169 nacimientos mediante técnicas de reproducción asistida en el país.

Esto muestra que regular tales técnicas no es un asunto menor ni una discusión para el futuro. Se trata de una realidad que requiere una respuesta legislativa acorde con las necesidades y los derechos de quienes hacen uso de ellas.

La falta de regulación integral tiene consecuencias. Cuando no existen reglas claras y suficientes, las personas que recurren a técnicas de reproducción asistida pueden enfrentarse a diferencias en el acceso, falta de certeza sobre sus derechos y obligaciones, así como a prácticas que no cuentan con mecanismos adecuados de supervisión.

Al mismo tiempo, la ausencia de normatividad específica también genera incertidumbre respecto de las responsabilidades y los límites que deben considerar quienes participan en estos procedimientos. Por ello, cualquier marco normativo debe garantizar condiciones de acceso igualitario y evitar que los requisitos para acceder a estas técnicas se conviertan en nuevas barreras.

Lo que la experiencia legislativa nos ha dejado

Garantizar estos derechos implica mucho más que establecer reglas para los procedimientos o definir requisitos de acceso. Las decisiones relacionadas con estas técnicas forman parte del ámbito de la vida privada y familiar, y deben poder ejercerse de manera libre, informada y sin restricciones injustificadas.

Aunque en México se han presentado diversas propuestas para regular la reproducción asistida, ninguna ha logrado establecer un marco regulatorio integral. La primera iniciativa fue presentada en 1999 y, desde entonces, distintas legislaturas han abordado el tema desde diferentes perspectivas. Estos antecedentes permiten identificar qué se ha propuesto y, sobre todo, qué aspectos deben revisarse para construir una regulación acorde con los derechos humanos.

Las iniciativas han incluido asuntos como la incorporación a los servicios de planificación familiar, el acceso a información, la protección de los datos de las personas usuarias y la creación de registros nacionales.

También se han planteado mecanismos de supervisión y sanciones por el uso de estas técnicas sin el consentimiento de las personas involucradas. Asimismo, se ha propuesto su inclusión en la protección materno-infantil, así como la emisión de una Norma Oficial Mexicana específica para regular las técnicas de reproducción asistida.

Algunas también han buscado regular aspectos relacionados con la filiación de niñas y niños nacidos mediante estas técnicas. Esta materia, sin embargo, corresponde al ámbito de la legislación civil y no propiamente a la regulación sanitaria.

Barreras imposibles de brincar

Por otra parte, no todas las propuestas han partido de una perspectiva de derechos humanos. Algunas han planteado reconocer personalidad jurídica al embrión o limitar el reconocimiento de las familias a aquellas conformadas por un hombre y una mujer.

Otras propuestas, en tanto, han establecido requisitos que podrían restringir de manera injustificada el acceso a las técnicas de reproducción asistida, entre ellos, el estado civil, negar el acceso a quienes hubiesen atravesado un proceso de divorcio, contar con un diagnóstico de infertilidad, cumplir con determinada edad o incluso acreditar cierta capacidad económica.

Este tipo de requisitos puede convertirse en una barrera de acceso y excluir a quienes no se ajustan a un determinado modelo familiar o a circunstancias personales específicas, en lugar de garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos.

Si bien las propuestas han tenido distintos alcances y enfoques, los esfuerzos por establecer una regulación integral no se han concretado. Diversas iniciativas han quedado pendientes o han sido desechadas durante el proceso legislativo, por lo que esta discusión continúa siendo una tarea pendiente para el Congreso de la Unión.

En la LXVI Legislatura existen varias iniciativas que buscan establecer un marco normativo para las técnicas de reproducción asistida. El inicio de este nuevo periodo legislativo representa una oportunidad para abordar una discusión que ha quedado pendiente durante años.

Responder a criterios razonables, no a prejuicios

Un marco con enfoque de derechos debe garantizar que los requisitos de acceso a estas técnicas respondan a criterios objetivos y razonables, y no a prejuicios o estereotipos. El estado civil, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, un diagnóstico médico o la capacidad económica no deberían determinar quién puede acceder a ellas.

La pregunta que tendría que guiar este nuevo periodo legislativo no es quién merece acceder, sino: ¿cómo garantizamos que las personas puedan acceder en condiciones de igualdad y con pleno respeto a sus derechos?

El reto no es simplemente llenar un vacío normativo ni legislar con rapidez, se trata de construir un marco integral que establezca responsabilidades claras, garantice condiciones de acceso igualitario y coloque en el centro los derechos reproductivos de todas las personas que recurren a estas técnicas.

El Congreso tiene, una vez más, la oportunidad de avanzar en la regulación de la reproducción asistida. Que esta vez la respuesta no sea solo regular, sino garantizar derechos.♦

*Vanessa Romero Solís es oficial auxiliar de Incidencia en GIRE México.

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