¿Para quién se está reordenando el Valle de México? La prueba de la longevidad
Animal Político · 29 de septiembre de 2026
Por Claudia Calvin
Imagine que tiene 60 o 75 años y vive desde hace cuatro décadas en la misma casa. La colonia cambió, el precio del suelo se multiplicó y su propiedad hoy vale varias veces lo que pagó por ella. Su ingreso, en cambio, puede ser una pensión o haberse reducido considerablemente respecto de sus años de mayor actividad laboral. Ahora imagine que las reglas sobre cómo puede utilizarse ese suelo empiezan a cambiar.
Esta situación será cada vez más común en una metrópoli que envejece.
Justamente ahora está en consulta el nuevo Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), un instrumento que pretende orientar durante los próximos 25 años el desarrollo de un territorio en el que viven casi 23 millones de personas. La nueva delimitación comprende 84 demarcaciones: las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos.
Prácticamente al mismo tiempo, el INEGI acaba de publicar los resultados definitivos de la Encuesta Intercensal 2025. Vale la pena leer ambos documentos juntos: uno pretende ordenar el territorio de las próximas décadas, el otro nos muestra cómo está cambiando la población que vivirá en él.
México alcanzó 130.4 millones de habitantes en 2025. El 51.9 % son mujeres y el 48.1 % hombres. Pero uno de los cambios más importantes no está solamente en cuántos somos, sino en nuestras edades. La edad mediana de la población pasó de 29 años en 2020 a 32 en 2025. Estamos hablando de que en tan sólo cinco años, tenemos tres años más.
El dato importa para evaluar el POZMVM porque de acuerdo con el Consejo de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, el horizonte de planeación previsto es de 25 años. Quien hoy tiene 50 tendrá 75 al final de ese periodo. Quien tiene 60 tendrá 85. La propuesta de ordenación territorial no debe considerar exclusivamente a la población que existe hoy, sino a la sociedad considerablemente más longeva que vivirá en ella.
La pregunta que sigue, y que es inevitable, es: ¿Se está planeando una metrópoli preparada para esa distribución etárea?
Envejecer modifica por completo nuestra relación con la ciudad. Importan de otra manera la proximidad de los servicios, el transporte público, la accesibilidad de calles y edificios, la vivienda, la atención médica, los espacios públicos, la seguridad, la conectividad y las redes comunitarias y la convivencia. Aparecen necesidades de cuidado que pueden aumentar con la edad, aunque -y hay que decirlo con todas sus letras- sería un error reducir la longevidad a dependencia y a la necesidad exclusiva de políticas asistenciales. Hoy un alto porcentaje de las personas de más de sesenta años continúan trabajando, emprendiendo, aprendiendo, consumiendo, produciendo, cuidando y participando en la sociedad.
Ante este escenario es necesario que el POZMVM sea analizado desde los lentes plateados de la longevidad.
El Programa aborda precisamente algunas de las variables que determinarán cómo podremos vivir esos años: ordenación del territorio y aprovechamiento del suelo, movilidad, transporte público, servicios básicos, infraestructura, equipamiento y vivienda. Varias de esas políticas, dependiendo de cómo sean abordadas y establecidas, podrían contribuir a la autonomía de las personas conforme envejecemos. Una ciudad con servicios cercanos, transporte accesible, vivienda adecuada y espacios públicos seguros funciona mejor para una persona de ocho años, una de cuarenta y una de ochenta.
La perspectiva de longevidad obliga a mirar los instrumentos concretos con los que se pretende conseguir esos objetivos, si es que es lo que se busca.
Especialistas y organizaciones vecinales que han analizado el proyecto han encendido varias alertas. Entre ellas están la actualización de la información catastral y su aproximación a valores de mercado; la creación de Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios, en los que determinados propietarios tendrían entre dos y cuatro años para desarrollar sus predios y, de no hacerlo, podrían activarse mecanismos de venta en subasta pública; y la posibilidad de establecer cargas adicionales sobre terrenos considerados baldíos o subutilizados.
El Gobierno de la Ciudad de México ha respondido que el POZMVM es un instrumento orientativo, que no modifica por sí mismo los usos de suelo ni fija el impuesto predial. Esa precisión podría ser importante, pero no elimina las preguntas sobre la dirección que propone para los instrumentos posteriores de planeación, regulación y recaudación.
Vistas desde la longevidad, esas preguntas adquieren otra dimensión.
¿Por qué debería utilizarse el valor de mercado de un inmueble como indicador de capacidad económica de quien lo habita? Patrimonio no es ingreso. Mucho menos liquidez.
Una persona que compró su casa hace cuarenta años puede vivir hoy sobre un suelo cuyo precio se multiplicó sin que sus ingresos hayan seguido la misma trayectoria. La revalorización de su colonia puede convertirla estadísticamente en propietaria de un activo de varios millones de pesos y, al mismo tiempo, dejarla viviendo de una pensión – si es que tiene la suerte de contar con una – que apenas cubre sus gastos cotidianos.
Actualizar catastros puede ser necesario. Combatir la evasión también. Financiar adecuadamente las ciudades es indispensable, pero actualizar información catastral y asumir que la apreciación inmobiliaria equivale a capacidad contributiva son dos cosas diferentes.
En una sociedad longeva, cualquier transición hacia valores comerciales debería preguntarse qué sucede con quienes tienen patrimonio acumulado pero ingresos reducidos, realidad común de las personas mayores. ¿Habrá mecanismos de diferimiento? ¿Protecciones por edad e ingreso? ¿Topes? ¿Qué ocurre con una persona que no puede pagar una carga creciente sobre la vivienda en la que ha vivido durante décadas y a la que tiene derecho?
La misma prueba debe aplicarse a los llamados Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios.
Desde la lógica de desarrollo urbano podría tener sentido combatir la especulación con terrenos baldíos y evitar que el suelo útil permanezca improductivo mientras la ciudad enfrenta un grave problema de vivienda. Pero un terreno deliberadamente retenido con fines especulativos no es necesariamente lo mismo que un patrimonio que una familia conserva desde hace décadas.
Si la consecuencia de no “aprovechar” determinado suelo en un plazo de dos a cuatro años puede llegar a ser su venta o subasta pública, hay preguntas elementales: ¿Quién determina qué constituye aprovechamiento suficiente y bajo qué criterios? ¿Qué capacidad financiera se presupone que tiene el propietario para desarrollar? ¿Cómo se distingue entre especulación y falta de recursos? ¿Qué protección tiene una persona mayor cuyo patrimonio está concentrado precisamente en ese inmueble?
¿Es justificable que una política diseñada para hacer más eficiente el uso del suelo termine acelerando el desplazamiento de quienes envejecieron sobre él?
La densificación plantea una situación semejante. Una ciudad compacta puede ser extraordinariamente favorable para la longevidad si significa servicios próximos, mejor transporte, vivienda accesible y menor dependencia del automóvil. Pero densificar sin considerar infraestructura, precios de vivienda y desplazamiento puede producir el efecto contrario: expulsar hacia zonas periféricas precisamente a quienes más necesitan proximidad.
La edad tampoco opera sola. La longevidad está crecientemente feminizada y las mujeres llegan a esas edades después de trayectorias económicas distintas: menores ingresos acumulados, interrupciones laborales asociadas al cuidado y menores pensiones. Una política territorial aparentemente neutral puede producir efectos muy diferentes dependiendo de la edad, el sexo, los ingresos y la situación patrimonial de quien la enfrenta.
Eficiencia territorial y justicia intergeneracional no son sinónimos.
La consulta pública debería servir para preguntar quién gana y quién absorbe los costos de cada instrumento propuesto; qué protecciones existen frente al desplazamiento; cómo se distingue la especulación inmobiliaria de la propiedad patrimonial; y qué sucede cuando la política pública -y los políticos- descubren un enorme valor económico en el suelo donde alguien construyó su vida.
Una ciudad no pertenece a quienes pueden “desarrollar mejor” su suelo y a quienes están en el poder para tomar decisiones sobre ella. Pertenece a quienes llevan décadas construyendo su vida e historia sobre ella.