#RenunciaEPN ¿Salto al vacío?

El tema de la Casa Blanca ha hecho que el presidente Enrique Peña Nieto enfrente una crisis de credibilidad sin precedentes. Reforma hizo fotografía de ello: con una muestra representativa, poco más de 70% de los encuestados respondió que le cree “poco” o “nada” al presidente cuando da explicaciones de sus propiedades, porcentaje similar el que considera como conflicto de interés que la inmobiliaria, al mismo tiempo contratista del gobierno, vendiera una casa a la primera dama. Por su parte, no hay registro de una condena tan generalizada desde influyentes medios de comunicación internacionales hacia un presidente mexicano, lo que abona a su déficit.

Tal escándalo, sumado al pobre desempeño gubernamental frente a los casos Tlataya e Iguala, ha desatado la idea de que la renuncia del titular del Ejecutivo es una posibilidad. Lo es, consideran algunos, porque el margen de maniobra de un jefe de Estado para hacer cumplir la ley se limita cuando es la primera persona en la jerarquía que la viola. En contraparte, varios comentaristas sostienen que una eventual renuncia del presidente sería nocivo para la democracia, de resultados inútiles, un “salto al vacío”, o que la simple petición es un intento de desestabilizar y agravaría la actual inestabilidad social del país.

Hasta ahora, las reservas para considerar la separación del presidente se limitan a: i) la ausencia de razones lo suficientemente fundadas para que se dé, ii) la incertidumbre sobre quién quedaría, iii) las consecuencias de un acontecimiento así para la democracia y la viabilidad del país, iv) su imposibilidad práctica.

[contextly_sidebar id=”F0CrycGqodLR2tljbpc5vrNPKXPZfMjt”]Es cierto que con los elementos conocidos no se dispone la “falta grave”, que es la única causa prevista por la Constitución para la renuncia de un presidente (Art. 86): apenas se ha configurado un presunto conflicto de interés. Es “presunto” porque no ha habido instancia legal que lo haya calificado como tal aún con los “fuertes indicios” de delitos como tráfico de influencias o cohecho. Sin embargo, todo ello no consta porque ni el Congreso o la procuraduría han activado investigaciones que permitan conocer la existencia de tales faltas. No obstante, en el terreno de la opinión pública presidencia la tiene cuesta arriba.

Por su parte, la Constitución es muy clara sobre el mecanismo de sustitución de un presidente (Art. 84) por lo que no hay lugar para la incertidumbre. Si el presidente presentara su renuncia, esta debe calificarla el Congreso y, de aprobarla, tomaría posesión el secretario de Gobernación. Su encargo no duraría más de 60 días en lo que dos terceras partes del Congreso mismo nombra un presidente interino (en caso de que la falta sea en los dos primeros años de gobierno y se tendría que convocar a elecciones) o substituto (si la falta es en los últimos cuatro y solo terminaría el periodo).

Quizás el aspecto más problemático de una renuncia presidencial es calcular las consecuencias para la democracia. La salida de mandatarios es mucho más común en sistemas parlamentarios que presidenciales y se suele estimar que en tales sistemas existen instituciones más sólidas para lidiar con la inestabilidad propia de la disolución de un gobierno. Sin embargo, la evidencia latinoamericana muestra que no todas las renuncias son iguales y que los sistemas presidenciales pueden procesar renuncias presidenciales sin crear inmanejables procesos de inestabilidad política.

Leiv Marsteintredet encontró que las 15 interrupciones de mandato en Latinoamérica entre 1980 y 2010 no muestran un patrón homogéneo y que, en esencia, existen dos grandes variables que explican el impacto en la vida democrática de los países en los que se dieron renuncias presidenciales. Por un lado está la principal motivación de la oposición para retar al presidente; por el otro, el grado de comportamiento antidemocrático mostrado tanto por el presidente como por la oposición.

De entrada, recuerda el autor, exigir la renuncia de un presidente es una forma extrema de sanción y rendición de cuentas por sus acciones o inacciones que pueden consistir: i) en violaciones a la ley, o ii) razones políticas o decisiones de política pública. Para conseguir la renuncia presidencial, en el primer caso los países latinoamericanos han recurrido a mecanismos institucionales como el juicio político; en el segundo, de forma primaria, a la movilización callejera. Esta distinción es relevante porque el autor encontró que cuando la renuncia se procesa por la vía institucional, se detiene la inestabilidad social. Por el contrario, cuando no se procesa así, la crisis política continúa aún después de la renuncia.

Por su parte, el grado de adherencia a las reglas democráticas fueron determinantes en AL para las consecuencias de una renuncia presidencial. Si el titular del Ejecutivo se resistió a aceptar las fórmulas legales para su separación, generalmente fue benéfico para la democracia pues existió una mayor exigencia para que quien llegara hiciera reformas democráticas. Por el contrario, cuando el presidente aceptó las reglas y la oposición no mostró talante republicano, la democracia estuvo en riesgo lo mismo cuando ambos actores no aceptaron las reglas. En cualquiera de los casos, las renuncias presidenciales usadas como mecanismo de rendición de cuentas, comenta el autor, sí terminan favoreciendo a la democracia en el largo plazo.

Por tanto, si la causa de una eventual renuncia del presidente Peña Nieto es el tema de la Casa Blanca, la probabilidad de que la democracia se consolide es muy alta, pues se procesaría por las vías institucionales. Si la causa de la caída fueran las “reformas estructurales” o el caso de Iguala, existe fundamento para los temores hacia una mayor inestabilidad social en el corto plazo, pero en el largo sentaría un precedente para futuras actuaciones de los titulares del Ejecutivo.

De esta forma, la oposición parlamentaria en México hoy está abonando a la desestabilización al no exigir con mayor vehemencia investigaciones sobre los conflictos de interés y delitos asociados en los que pudo incurrir el presidente y, en su caso, iniciar un proceso de juicio político. En tanto, si el presidente no se somete a las reglas de la democracia y no rinde cuentas por su actuación, también está abonando a la desestabilización. La evidencia también señala que si limita las libertades civiles o impone políticas impopulares, abonará a la desestabilización. Al menos es lo que puede aprenderse de la experiencia latinoamericana.

Así, el poco apego al estado de derecho y a la rendición de cuentas es lo que tumba democracias, no las renuncias presidenciales. ¿Acusará recibo de esto la clase política?

 

@albertoserdan

 

* Nota para los clavados. En la preparación de su libro “Presidential Impeachment and the New Political Instability in LatinAmerica”, Aníbal Pérez-Liñán ha compilado una fabulosa base de datos de crisis presidenciales en Latinoamérica de 1950 a 2004. Por falta de espacio no abordé aquí sus propuestas para lidiar con las crisis presidenciales a partir de la evidencia de la región.