Jorge Avila · 27 de abril de 2026
“El marco regulatorio del cabildeo en México es uno de los más rezagados: con definiciones básicas y con pocas reglas del juego, el cabildeo mexicano presenta más riesgos que ventajas para la democracia nacional.”
El cabildeo o lobby es una actividad generalmente utilizada por actores privados para influir en las decisiones de los funcionarios públicos en el diseño de la legislación, la implementación de políticas públicas y la vigilancia de procesos de carácter administrativo. En México, esta práctica ocurre en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; con poca transparencia y con total ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Aunque las cámaras de representantes cuentan con reglamentos sobre el cabildeo y un registro de personas cabilderas, estas normativas dejan más dudas que certezas ya que en la práctica no operan de manera efectiva, oportuna o transparente.
El contexto actual, inundado con el uso excesivo de las nuevas tecnologías que promueven, entre otros, discursos belicistas de la extrema derecha junto con las guerras comerciales de Trump o la promesa de tecnologías “limpias”, nos dan cuenta de la volatilidad de la opinión pública y, por ende, de los sistemas de gobierno, los cuales están cada vez más expuestos a la presión de los poderes económico-empresariales tanto nacionales como transnacionales.
Aunado a esta saturada agenda, encontramos que, muchos de nuestros servidores públicos, ignoran los acuerdos o estándares internacionales para prevenir y erradicar la corrupción y/o la interferencia indebida de las grandes corporaciones tales como el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Por todo lo anterior, necesitamos retomar la necesidad (urgente) de la regulación del cabildeo en México.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cabildeo puede incentivar la participación política a través de procesos inclusivos de formulación de políticas públicas. Desde esta perspectiva se considera al cabildeo como una práctica que podría fortalecer la vida democrática, al permitir la participación de diferentes actores sociales en la toma de decisiones. Mediante información específica y especializada sobre los distintos temas, llegaríamos idealmente a mejores leyes, instituciones y procedimientos. Sin embargo, tal como señala la OCDE, para que esto se cumpla deberían garantizarse cuatro condiciones:
INFORMACIÓN: La falta de transparencia respecto del tipo de interacción que establecen los funcionarios públicos con otros particulares genera dudas sobre la integridad de los poderes y la legitimidad de sus acciones. Por ejemplo, cuando familiares o parejas sentimentales de integrantes del gobierno, prestan servicios de cabildeo para las grandes corporaciones, esto se llama conflicto de interés y ocurre normalmente en nuestro país. Otro fenómeno muy común es la llamada “puerta giratoria” que se da cuando integrantes de los poderes públicos cambian de empleo y pasan al sector privado o viceversa. Esto genera un conflicto de interés porque las personas no sólo llevan información estratégica, también llevan contactos que ofrecen ventajas económicas o políticas para el interés privado.
Para evitar estas situaciones, es clave contar con registros públicos y actualizados de las Personas Cabilderas, las Personas Políticamente Expuestas (PPE) y los Beneficiarios Finales (Personas Físicas que poseen control sobre las empresas), para identificar, prevenir y sancionar posibles conflictos de interés o las llamadas “puertas giratorias”.
PRINCIPIO DE EQUIDAD: Existe una gran diferencia entre actores que realizan actividades de cabildeo. Muchos entes empresariales cuentan con una amplitud de recursos que les permite contratar o patrocinar universidades, despachos de comunicación, despachos legales, consultorías de relaciones públicas, “influencers”, etc., para representar sus intereses frente al gobierno.
Con actores y plataformas de información que ejercen presión sobre los poderes gubernamentales de manera directa e indirecta, estamos viendo que el cabildeo evoluciona y se complejiza casi siempre a favor de quienes tienen más recursos. Sin reglas claras y equitativas del ejercicio de cabildeo, veremos generalmente que los intereses económicos y comerciales de privados se anteponen al interés público y social.
CULTURA ÉTICA: Algunos casos que ilustran un conflicto ético los encontramos en el actuar de industrias como las tabacaleras, las procesadoras de alimentos o las de plásticos desechables, las cuales han recurrido constantemente al cabildeo para influir en las medidas regulatorias, (etiquetados o impuestos) que afectan sus ganancias.
Otras veces las corporaciones patrocinan estudios, campañas publicitarias o centros de investigación para argumentar, paradójicamente, que sus sus productos “protegen” la salud y al medio ambiente.
Para evitar estas prácticas, es necesario contar con análisis de riesgos del cabildeo industrial sobre la debida diligencia y la administración pública; también contar con códigos de ética y de conducta tanto al interior como fuera de los recintos así como mecanismos de control internos y periodos de “enfriamiento” que controlen la influencia desmedida de los intereses corporativos.
MECANISMOS EFECTIVOS: Para que un marco regulatorio sea efectivo se necesitan mecanismos claros y oportunos. En el caso del cabildeo en México, cada uno de los poderes tiene la obligación (y la oportunidad) de definir, vigilar, denunciar y sancionar las prácticas excesivas o indebidas tanto de sus integrantes como de actores externos.
En 2022, salió a la luz el escándalo del llamado Qatargate, que evidenció un excesivo uso del cabildeo sobre las personas integrantes del Parlamento Europeo para mejorar la imagen de Qatar, Marruecos y Mauritania frente a Europa; destapando prácticas de corrupción y sobornos por parte de las industrias y sus países. Como respuesta, el Parlamento decidió impulsar una reforma estructural que impulsó medidas administrativas como: periodos de enfriamiento, restricciones a reuniones “de trabajo” fuera de la oficina, un registro obligatorio de las personas cabilderas; restricciones a los llamados “grupos de afinidad o de amistad” y; una declaración de intereses financieros. De igual forma, se creó un órgano independiente de ética que sirve para vigilar y sancionar la implementación de las reglas, procedimientos y controversias.
Según un estudio interno de la OCDE sobre regulaciones al cabildeo, se identificó que entre 1940 y principios de los años 2000, sólo 4 países habían implementado algún tipo de regulación o legislación al respecto. Para 2005, la cifra subió a ocho países; y en 2013 ya eran doce. Hoy en día, el 61% de los países de la OCDE cuentan con algún tipo de control sobre el cabildeo. Francia, Finlandia, Australia, Canadá, Reino Unido y los Estados Unidos cuentan con plataformas que divulgan información sobre las actividades de cabildeo de sus cámaras. Australia, Canadá, Francia e Inglaterra divulgan códigos de conducta que regulan las actividades extraparlamentarias de sus representantes o periodos de “enfriamiento” para evitar la puerta giratoria.
Australia, Canadá, y Reino Unido tipifican, regulan y divulgan información política y financiera de los llamados “grupos de amistad/afinidad” con los poderes legislativos. Brasil cuenta con una serie de iniciativas digitales que difunden y promueven el uso de las nuevas tecnologías para conocer, prevenir y sancionar el conflicto de interés. Finlandia e Irlanda, establecen formaciones propedéuticas para integrantes del Parlamento y personas cabilderas en donde se actualizan sobre los mecanismos y obligaciones de transparencia en temas de códigos de conducta, conflicto de interés y puerta giratoria.
Como podemos ver, en México nos falta un largo camino para avanzar en el control del cabildeo. El reciente taller impulsado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es un primer paso en esta ruta. Aún falta incorporar las voces de la sociedad civil y las comunidades mediante mesas de trabajo, conocer e implementar los mejores estándares y; garantizar mecanismos éticos, claros y equitativos de participación que garanticen el respeto de los derechos humanos antes que el beneficio económico.
Bio de autores: *Daniel Castrejón y Oscar Pineda forman parte del equipo de investigación en @PODERlatam. Este artículo es parte de la colaboración de PODERlatam con Vital Strategies y Bloomberg Philanthropies. el contenido de este artículo es responsabilidad de los autores y no representa la opinión de nuestros donantes.