Reglas claras para las empresas, buen vivir para todas las personas

Por Ivette Guadalupe Pichardo, Román Ochoa e Ivette González

La sociedad mexicana posee una larga tradición de organización social. La historia nos ha demostrado que la unidad, una visión compartida y un plan estratégico son las herramientas más eficaces para alcanzar objetivos comunes. Desde las ligas indígenas hasta los sindicatos obreros y campesinos, los habitantes del campo y la ciudad hemos alzado la voz bajo diversas demandas históricas.

Hoy, bajo un enfoque claro y una meta específica, surge la Unión de Movimientos para la Regulación Empresarial para Defensa de los Derechos Humanos (UMRREDH). Esta reúne a grupos afectados de 15 estados del país, con el respaldo de más de 150 comunidades y más de 80 organizaciones, colectivos y redes, y surge ante lo que describimos como una falta de control efectivo sobre el poder empresarial en el país.

Las comunidades, pueblos, colectivos, personas trabajadoras y defensoras que habitamos los diversos territorios de este país —y que merecemos un planeta sano, una vida digna y bienestar— enviamos el siguiente mensaje:

“Es momento de que el Estado mexicano priorice el bien común por encima de los intereses particulares de los grupos empresariales. México tiene el potencial de ser un país donde el desarrollo, el trabajo digno y la protección de la vida coexistan en armonía”.

Reconocemos que México cuenta con buenas leyes laborales y ambientales; sin embargo, no es suficiente tener legislaciones dispersas. Actualmente, no existe un deber claro que obligue a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y reparar sistemáticamente los impactos a los derechos humanos y al ambiente en sus cadenas de valor. Carecemos de reglas claras que garanticen la transparencia, la participación comunitaria y la rendición de cuentas empresarial. Para alcanzar el buen vivir, es indispensable regular los proyectos que se imponen en nuestros territorios.

Un marco legal de debida diligencia empresarial

Estamos ante el momento y el deber histórico de establecer reglas claras para el sector empresarial. Es hora de responder al pueblo y proteger nuestra riqueza natural e histórica. Por ello, es urgente y posible contar con un marco legal de debida diligencia empresarial que:

Obligue a empresas matrices, filiales y proveedores a evaluar y gestionar sus riesgos e impactos sobre las personas y la naturaleza.

Garantice la reparación integral de los daños ocasionados y compromiso de no repetición.

Establezca mecanismos efectivos de supervisión y sanción.

Asegure la participación vinculante de las comunidades y trabajadores potencialmente afectados.

Salvaguarde el derecho al desarrollo, al consentimiento y a la consulta ciudadana y consulta previa, libre e informada, conforme al Convenio 169 de la OIT.

Un ejemplo claro es el desarrollo del tren mal llamado Maya. Según la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),  el proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no cumplió con estándares internacionales de ser “libre, previa, informada y culturalmente adecuada”. Señalaron que las asambleas informativas fueron parciales y no garantizaron la participación plena de las comunidades mayas.

Desde nuestra experiencia, el discurso oficial expuesto en todas las asambleas fue sobre los beneficios y programas sociales; se dijo que parte de los programas sociales iban a ser sostenidos por los ingresos del tren, especialmente el programa de adultos mayores, pero no se habló de los perjuicios o posibles impactos negativos en la zona.

Otro ejemplo es el vinculado con los derechos laborales de las personas trabajadoras. Buscamos una justicia laboral real, no una que se quede en promesas legislativas. Las trabajadoras de la maquila, que han tenido que alzar la voz ante instancias internacionales porque en su propia tierra sus derechos son violentados sistemáticamente. Las y los compañeros jornaleros, que alimentan a la nación, son tratados como ciudadanos de segunda, con una protección social tan limitada que los vuelve invisibles ante el Estado.

El reto radica en la fiscalización operativa

El caso de las plataformas digitales en México es otro ejemplo claro de que el derecho laboral actualmente ya no puede limitarse a decretar la existencia de un contrato. El verdadero reto radica en la fiscalización operativa. La resistencia y adaptabilidad del capital transnacional ante las regulaciones demuestra que la tecnología se utiliza frecuentemente para esquivar los límites legales. El reconocimiento jurídico es un paso fundamental, pero si no se acompaña de una supervisión estricta de la gestión algorítmica y de la organización colectiva continua, las empresas seguirán encontrando mecanismos técnicos para precarizar el trabajo bajo la fachada de cumplimiento legal.

Una clave importante es cómo se empieza a normalizar la manera que se refieren a las personas trabajadoras: “socios”, “colaboradores”, “talento” y, en el caso del sector de las trabajadoras del hogar, “ayuda”, sin reflexionar lo que esto tiene de consecuencia para nosotras.

No basta con que existan sindicatos o leyes de papel. Tener regulaciones no es suficiente si no hay voluntad de cumplirlas. Hoy vemos con indignación cómo la falta de supervisión convierte los derechos en sugerencias.

 Otro de los objetivos de la UMREDDH, además de buscar tener la dignidad humana en el centro de las actividades empresariales, es concientizar sobre la necesidad de fortalecer la debida diligencia y garantizar que las empresas respeten de manera efectiva los derechos humanos.

El pronunciamiento de la UMREDDH es claro: es posible transformar el modelo económico actual en una mejor forma de hacer negocios, que ponga en el centro la vida digna y un planeta sano. Solo juntas, comunidades rurales y pueblos indígenas, personas trabajadoras, movimientos sociales, empresas responsables y gobiernos, podremos construir ese horizonte. Tenemos soluciones y conocimientos ancestrales y empíricos para lograrlo; les pedimos escucharlos y traducirlos en normas obligatorias.

Les pedimos a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum; a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados; Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores; y Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, desde los tres poderes del Estado, avancen en una regulación que garantice el respeto a los derechos humanos y al ambiente en las actividades empresariales, con la participación de nuestros grupos y comunidades, y urgimos a que se establezca una mesa de trabajo con nosotras para avanzar colaborativamente en dicha regulación.

Empresas respetuosas de los derechos humanos y del ambiente deben ser lo normal en México. ♦

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Ivette Guadalupe Pichardo es representante de Conductores por Juárez; Román Ochoa es coordinador de Investigación del Colectivo en Defensa del Agua, Selva y Vida del Territorio Maya (Colectivo VIDAS); e Ivette González es directora de Vinculación Estratégica e Incidencia en PODER Latam.

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PODER y el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos apoyan los esfuerzos de la UMREDDH dado que se basan en las necesidades expresadas por personas y colectivos titulares de derechos y sus denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por la actividad empresarial, y porque buscan garantizar el respeto, promoción y protección de los derechos humanos por parte del Estado y las corporaciones nacionales y transnacionales en toda actividad empresarial pública, privada y mixta.

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