Reformar sin transformar: el Reglamento de Tránsito de Ciudad Juárez administra la violencia vial

Hablar de reformas al Reglamento de Tránsito en Ciudad Juárez debería implicar, necesariamente, una discusión profunda sobre derechos, seguridad vial y justicia urbana. Sin embargo, las modificaciones que actualmente se impulsan desde el ámbito municipal distan mucho de representar un cambio estructural. No solo carecen de profundidad, sino que no se alinean con los principios y disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ni con la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial de Chihuahua, ambas vigentes y de observancia obligatoria.

El problema no es menor: un reglamento de tránsito no es un documento administrativo cualquiera, sino un instrumento que define quién tiene derecho a la calle, bajo qué condiciones y a costa de qué riesgos. Cuando ese instrumento se queda corto, ambiguo o reproduce viejos paradigmas, sus efectos se traducen en lesiones, muertes evitables y exclusión del espacio público.

Una jerarquía de movilidad ausente

Uno de los principios rectores de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es la jerarquía de movilidad, que establece con claridad que las personas peatonas —especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad— deben ser la prioridad, seguidas por quienes usan la movilidad activa, el transporte público y, al final, el vehículo motorizado particular.

Las reformas al reglamento municipal no establecen de manera explícita ni operativa esta jerarquía, lo que deja la puerta abierta a interpretaciones discrecionales y mantiene intacta una visión vehicular-centrista de la ciudad. En los hechos, la calle sigue pensándose para la velocidad, y no para las personas.

Preferencia peatonal condicionada: una forma de revictimización

El reglamento establece en su Artículo 103 que las personas peatonas tienen preferencia sobre el tránsito vehicular solo cuando cruzan por pasos peatonales marcados y cuando la señal del semáforo así lo indique. Esta redacción es profundamente problemática por dos razones.

La primera es conceptual: condicionar el derecho a la vida y a la integridad física a la existencia de infraestructura adecuada contradice la jerarquía de movilidad y los principios de seguridad vial. La segunda es material: Ciudad Juárez enfrenta una grave carencia de cruces peatonales seguros, bien delimitados y accesibles. En ese contexto, el reglamento termina responsabilizando a la víctima por una omisión estructural del propio Estado.

No se trata de fomentar cruces inseguros, sino de reconocer que la prioridad peatonal es inherente, no condicional, y que corresponde a la autoridad adaptar la infraestructura a la realidad de la ciudad, no al revés.

Un reglamento que discrimina y limita la autonomía

Más grave aún es lo dispuesto en el Artículo 106, que obliga a que niñas, niños menores de seis años y personas con discapacidad física no puedan transitar sin acompañantes adultos. Esta disposición no solo es regresiva, sino abiertamente discriminatoria.

El Artículo 4º constitucional reconoce el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad y autonomía. Impedir normativamente que ciertos cuerpos puedan transitar de forma independiente no protege, excluye. Refuerza una visión asistencialista de la discapacidad y desconoce los avances en materia de derechos humanos, accesibilidad universal y diseño incluyente.

La movilidad activa: la gran ausente

En un contexto de crisis climática, de salud pública y de desigualdad urbana, resulta alarmante que la movilidad activa esté prácticamente ausente del reglamento. La palabra ciclovía no aparece en ningún momento. No se reconoce el derecho de las personas ciclistas a ocupar el centro del carril cuando las condiciones lo ameritan, ni se establecen medidas claras de protección.

Por el contrario, el reglamento revictimiza a quienes usan la bicicleta, imponiendo obligaciones como el uso de prendas reflejantes (Artículo 93), trasladando nuevamente la responsabilidad de la seguridad a la persona y no al sistema vial. Además, la bicicleta sigue siendo concebida como un objeto recreativo, no como un vehículo legítimo de transporte, trabajo y movilidad cotidiana.

Ciclistas y motociclistas: riesgos distintos, reglas distintas

Otro error conceptual es colocar a ciclistas y motociclistas en la misma jerarquía normativa. Aunque ambos son usuarios vulnerables frente al automóvil, sus niveles de riesgo, velocidades, masas y capacidades son radicalmente distintos.

Las buenas prácticas internacionales y las disposiciones oficiales recomiendan regulaciones específicas para motocicletas: uso obligatorio de casco certificado, procesos claros para la obtención de licencias, y la prohibición del transporte de menores de 14 años. Ninguno de estos elementos se aborda con la claridad y/o contundencia necesarias.

La electromovilidad ignorada

Finalmente, el reglamento parece anclado en una realidad que ya no existe. La electromovilidad —patines eléctricos, bicicletas asistidas, scooters— crece de manera acelerada en las ciudades mexicanas, pero no es contemplada en las reformas. La ausencia de regulación no elimina el fenómeno: solo lo vuelve más inseguro y caótico.

Reformar con participación, no desde el escritorio

Las reformas están siendo impulsadas desde las comisiones de Gobernación, Movilidad y Seguridad Pública. Sin embargo, un reglamento que define la vida cotidiana de millones de personas no puede construirse sin consultas públicas reales, ni sin la participación activa de la sociedad civil organizada y la academia.

Ciudad Juárez necesita un reglamento que deje claro que la prioridad es salvaguardar la integridad de todas las personas, sin importar el medio por el que se desplacen o las capacidades de sus cuerpos. Reformar no es ajustar artículos: es cambiar la forma en que entendemos la ciudad y a quienes la habitan.

Porque cuando un reglamento no protege a las personas más vulnerables, no es un instrumento de orden: es un factor de riesgo más.

Cerrar la brecha entre la norma y la calle

El debate sobre el Reglamento de Tránsito de Ciudad Juárez no es técnico ni menor: es profundamente político, en el sentido más amplio del término. Habla de qué vidas se protegen, cuáles se consideran prescindibles y bajo qué condiciones se permite habitar el espacio público.

Es indispensable subrayar que estas reformas no son un error aislado, sino parte de un patrón recurrente en muchas ciudades mexicanas: simular cambios normativos sin transformar las causas estructurales de la violencia vial. Se modifican artículos, se endurecen sanciones, pero se evita tocar lo fundamental.

El problema no es solo lo que el reglamento dice, sino lo que decide no decir. Al omitir la jerarquía de movilidad, la protección explícita a peatones y ciclistas, y la regulación de nuevas formas de movilidad, el municipio renuncia a su obligación de garantizar el derecho a la movilidad segura. Y cuando el Estado omite, la consecuencia no es neutral: esa omisión se traduce en riesgo y exclusión.

Ciudad Juárez no necesita un reglamento que administre la violencia vial; necesita uno que la prevenga. Las reformas actuales se quedan en la superficie, ignoran la evidencia y reproducen una visión excluyente de la movilidad y el espacio público.

Armonizar el reglamento con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no es un trámite burocrático: es una obligación legal y ética. Cualquier cosa distinta es legislar de espaldas a la realidad de la calle y a las personas que, todos los días, se juegan la vida al intentar moverse por la ciudad.

* Bici blanca Juárez (@biciblancajrz) es una iniciativa que visibiliza al ciclista caído colocando una bicicleta blanca en el lugar donde este fue atropellado; un tributo a la memoria de quien ya no está con nosotros, como un recordatorio de nuestra fragilidad y como una protesta silenciosa ante la violencia vial. Sergio Andrade-Ochoa (@rat_inside) actualmente es catedrático-investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y líder del proyecto de Estrategia Misión Cero. Ha sido reconocido por la International Youth Foundation, Fundación MAPFRE, la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Social y Rotary International por sus contribuciones en materia de derechos humanos, salud pública, ciencia y tecnología.