Reforma judicial, crisis constitucional: encontremos una oportunidad

La reciente reforma judicial en México ha sido interpretada como una crisis constitucional, un fenómeno que emerge cuando los mecanismos de una constitución no pueden resolver disputas de poder ni proteger el orden constitucional. Las crisis constitucionales suelen evidenciarse en conflictos entre poderes del Estado, falta de respeto hacia decisiones judiciales o en la ineficacia de las instituciones para proteger derechos humanos. La reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 y la de supremacía constitucional del 31 de octubre nos colocan justo en esa situación.

Los análisis de la reforma judicial la caracterizan como un retroceso democrático y resaltan los riesgos de la elección popular de las y los jueces, de la creación de un tribunal de disciplina sin posibilidad de revisión y de la destitución de las y los jueces actuales. La eliminación de la carrera judicial amenaza la independencia judicial debilitando la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que resguardan los principios constitucionales y los derechos humanos. A pesar de estos riesgos señalados por expertos en la academia y la práctica jurídica, el Poder Legislativo y la Presidencia de la República han intensificado sus esfuerzos para centralizar el poder, incluso proponiendo nuevas reformas que buscan limitar el papel de la Suprema Corte en el control de constitucionalidad. 

La llamada reforma “de supremacía constitucional” estableció que no proceden las impugnaciones judiciales sobre modificaciones a la Constitución y limitó los efectos de los controles de constitucionalidad.  Estas reformas evidencian una crisis constitucional donde los principios y límites normativos han sido desbordados por el poder de facto, el de las mayorías políticas, a pesar de las advertencias, lamentos y súplicas de amplios sectores de la academia, la abogacía y personas expertas nacionales e internacionales. Ello ha abonado a la creciente polarización social y vulnerabilidad del Estado de derecho que enfrenta nuestro país.

Esta circunstancia parece hacer evidente que hoy estamos en un conflicto de alto impacto en términos de Amanda Ripley(1), donde las partes se encierran en un “nosotras contra ellas” reforzando la confrontación y bloqueando el diálogo. El conflicto de alto impacto polariza a la sociedad y se intensifica al punto de ser casi irresoluble. De acuerdo con Ripley, un conflicto de este tipo se caracteriza por:

• El pensamiento binario. El conflicto se simplifica en términos de “nosotros contra ellos”. En este caso, a diario los medios de comunicación y las redes sociales hablan de los grupos enfrentados: “Morena y la oposición” o “el gobierno y los conservadores” o “los chairos y los fifís”.
• El sesgo de confirmación. Cada lado interpreta la información para ajustarla a sus creencias y mantener la hostilidad. Las discusiones en las Cámaras del Congreso de la Unión y en las últimas sesiones de la SCJN hicieron evidente que no van más allá de posicionamientos sin diálogo. 
• Los valores que dirigen las posturas son diferentes/¿Valores contrastantes en las posturas?. En los discursos de ambos grupos se presentan estos contrastes: 

• Las fuerzas invisibles. Factores como el orgullo y la humillación dificultan la salida del conflicto. Las personas en ambos grupos se sienten dolidas y ello les imposibilita siquiera escuchar a la otra parte. En general, impera la frustración y los enfrentamientos entre líderes de partidos en las Cámaras; la creciente virulencia en redes sociales es ejemplo de ello. 

En medio de este conflicto de alto impacto, parece necesario cambiar de estrategia pues, de lo contrario, no nos escucharemos. Ripley señala que, cuando un conflicto ha llegado a estos niveles, las partes están como atoradas en chapopote y, aunque patalean, no saben cómo salir. De ahí que debamos buscar puntos de encuentro que permitan escucharnos, comprender las diferencias y colaborar. El primer paso es la empatía, entendida como aprender a hablarle a las otras personas, comprender sus valores y hablar en su lenguaje. Es importante recalcar que no implica compartir sus ideas ni aprobar sus acciones, sino buscar convergencias para  tender puentes de comunicación.

En este contexto polarizado, la crisis constitucional derivada de la reforma judicial podría convertirse en un espacio fértil para la colaboración en la búsqueda de mejoras al sistema de justicia. Un primer intento en este sentido fue la propuesta de resolución del Ministro Gonzalez Alcántara de las acciones de inconstitucionalidad AI 164/2024 y sus acumuladas, que buscaba decretar la validez de las secciones de la reforma que no comprometen el orden constitucional y democrático de México. Así, consideraba viable el nombramiento popular sólo de los titulares de la Suprema Corte y de las salas superiores de tribunales, incluyendo el de disciplina, pero preservando la carrera judicial para todos los demás puestos y dando garantías de independencia judicial. Sin embargo, el Legislativo y la Presidencia rechazaron modificar la reforma intensificando la polarización. 

Tras la discusión en el Pleno de la SCJN el 5 de noviembre, las ministras y ministros desestimaron las acciones al no obtener el proyecto la mayoría calificada de ocho votos. Dada esta circunstancia, la SCJN parece haber buscado evitar un fallo que hubiera profundizado la polarización, los sesgos y el encono. La  resolución  eludió  un desacato eventual por parte de los otros poderes, circunstancia muy peligrosa para nuestra democracia. Creo que la SCJN, con la desestimación de la AI 164/2024, nos da una lección de prudencia constitucional. En esta crisis, es necesario que ambos bandos retomen los caminos del diálogo y la cooperación en un marco de respeto a los derechos humanos: en eso consiste la democracia. 

En consonancia con esta perspectiva, la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 12 de noviembre de 2024, en la que también se analizó la reforma judicial, fue un espacio donde la comisionada y relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, destacó el objetivo de la sesión: fomentar la comunicación y colaboración entre todas las partes involucradas al brindarles un foro para expresar sus puntos de vista. La CIDH reconoció el compromiso de México con el sistema interamericano y cómo su participación en audiencias ha contribuido a los procesos políticos y de reforma. En esta sesión participaron representantes del gobierno mexicano, personas juzgadoras federales y organizaciones de la sociedad civil. La comisionada Arosemena subrayó la importancia de encontrar un equilibrio delicado entre la democratización del poder y la independencia judicial, señalando que la experiencia acumulada por la Comisión debería tomarse en cuenta para impulsar una reforma integral del sistema de justicia, que abarca no sólo a poderes judiciales, sino también a fiscalías y defensorías. 

Este tipo de espacios de diálogo son esenciales para avanzar y superar la crisis constitucional actual. Sólo así podemos acortar la distancia entre las diferentes visiones a fin de, realmente, encontrar las mejores opciones para el país. Tengamos esperanza en que se aproveche esta oportunidad y logremos escucharnos.

*Ana Elena Fierro (@anelfierro) es membresía Aúna CDMX  (@aunamexico) y profesora de ECSG del Tecnológico de Monterrey. 

 

 

(1)Ripley, A. (2021). High conflict: Why we get trapped and how we get out. Simon & Schuster