La justicia a la suerte

En medio de la suspensión de actividades indefinidas en el Poder Judicial, que inició el miércoles 21 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha convocado el próximo lunes a una sesión para aprobar el dictamen de la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial.

Desafortunadamente, no es una buena noticia. Organismos internacionales, como la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la independencia de [las] y los magistrados y abogados, especialistas de diversas universidades, barras de abogadas y abogados y un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil hemos señalado los riesgos que la iniciativa representa para la independencia judicial, y que el dictamen profundiza. En estas líneas me centraré en tres aspectos relacionados con las designaciones (elecciones) de las personas juzgadoras que considero de mayor atención.

Primero, hablemos de los requisitos para acceder a estas importantes responsabilidades públicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido que, a mayor responsabilidad, más exigentes deben ser los requisitos y más riguroso el proceso de designación, ya que sus decisiones inciden en la vida de las personas y desempeñan funciones con impactos en toda la sociedad. Las personas juzgadoras tienen la enorme encomienda de proteger nuestro derecho a la justicia.

Por lo anterior, resulta insólito que entre los requisitos adicionados se incluya el promedio académico y las calificaciones en las materias “relacionadas con el cargo”, la presentación de un ensayo de tres cuartillas donde se expresen los motivos y las cartas de referencia de “vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo”, así como la disminución de los años de experiencia. Es decir, elementos sumamente laxos, por no decir ridículos, que no fortalecen las características de idoneidad ni independencia que requieren estas importantes funciones públicas.

Desde el Observatorio de Designaciones Públicas, en conjunto con más organizaciones, hemos insistido en varias propuestas respecto a los requisitos. Por ejemplo: cambiar el concepto de “buena reputación” por el de “reconocimiento e integridad pública”; sumar la 3de3 contra la violencia de género como limitante para acceder a una responsabilidad judicial; adicionar las responsabilidades que no pueden acceder, como la consejería jurídica, las subsecretarías de Estado, o alguna de las cuatro funciones de mayor jerarquía de una secretaría a nivel federal y/o estatal, tampoco miembros activos de las Fuerzas Armadas; ampliar el plazo de término de las responsabilidades indicadas de uno a tres años; no haber sido militante de un partido político ni haber sido postulado o postulada por un partido político para un cargo de elección popular en los tres años previos a la fecha de la postulación, y que cualquier vínculo o duda sobre la cualidad del ser y parecer independiente descarte la postulación. ¡Un abismo de diferencia!

En segundo lugar, se propone la incorporación de comités de evaluación para definir las listas de las personas mejor evaluadas que cada poder debe enviar. Sin embargo, hay varias consideraciones para tener en cuenta. Si bien esta figura de “comités de evaluación” se ha usado en distintos procesos de designación, sus resultados han sido desiguales. En muchos casos, estos comités han sido capturados y su integración ha sido parcial y cercana al partido gobernante del momento. Basta recordar el último Comité de Evaluación para el proceso de consejeras y consejeros electorales en 2023.

Sin criterios claros ni objetivos de cómo se definirán sus cinco integrantes, se corre el enorme riesgo de que el mecanismo sea usado de manera facciosa, profundizando la desconfianza hacia el mismo y cargando los dados a priori bajo una supuesta selección externa. Aunado a lo anterior, las disposiciones no establecen claramente cómo debe ser el trabajo del Comité, dejando a discreción el uso de metodologías de evaluación rigurosas y objetivas. Por el contrario, la definición final será por insaculación. Sí, por tómbola, dejando a la suerte nuestro derecho a la justicia.

Algunas de las recomendaciones que hemos apuntado sobre estos órganos de evaluación externos son: garantizar la diversidad, pluralidad e independencia en su composición; transparentar su objetivo, la metodología y los criterios con base en los cuales cumplirán su misión; estar conscientes de que un “mal proceso” también tendrá un costo en la credibilidad de su labor, es decir, el proceso y resultado son igual de relevantes. El comité, aunque independiente, debe someterse a ejercicios de escrutinio y de transparencia. Por lo que se vuelve esencial el carácter público de sus trabajos y la máxima publicidad de la información del proceso. Estos mecanismos no sustituyen otras vías de participación a lo largo del proceso. El dictamen carece de formas para que las personas, tanto en lo individual como colectivamente, participen de manera efectiva y se dé certeza de un trabajo riguroso y objetivo de evaluación por parte de estos comités.

Por último, la elección en sí misma. Mucho se ha dicho de lo inviable y riesgoso de la propuesta para la independencia judicial, al tratarse de una función no representativa que, más bien, necesita imparcialidad y debe ejercerse sin presiones externas de ningún tipo. La experiencia confirma que no es la mejor ruta, pues en ningún país del mundo, en ninguno, se eligen por voto a todas las personas juzgadoras. Algunas cifras apuntan que se elegirán 6,500 responsabilidades judiciales tanto a nivel federal como en el ámbito estatal. Esto sin considerar los sesgos que se han perfilado para las boletas: sin fotos, con la etiqueta de qué poder es quien hace las propuestas y realizando las elecciones en la misma jornada en la cual se decidirán los demás cargos de elección popular.

Estamos a días de que se apruebe una de las reformas más trascendentales para el país. Sin embargo, esta reforma no busca resolver el problema de fondo para que la impunidad no sea el pan de cada día y la demanda de una justicia pareja de la sociedad sea una realidad. En su lugar, plantea salidas como la tómbola, como si los perfiles que deciden sobre nuestros derechos pudieran dejarse al azar, a la suerte.

#SinCuotasNiCuates 

* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora el Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El Observatorio tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles, como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de derechos.