La reforma al Poder Judicial en las políticas locales de drogas

El pasado domingo 01 de junio, por primera vez en México, se realizó una votación popular de jueces locales para representar al Poder Judicial. Barreras técnicas, logísticas y resistencias políticas desmotivaron que las personas salieran a votar, resultando en una tasa de participación de solo el 13 % de la población.

El proceso electoral tuvo múltiples áreas de oportunidad. Prevalecieron la falta de información y mecanismos para diferenciar entre los distintos perfiles de aspirantes, y esto alimentó el desinterés. Mientras, muchas otras deudas de la impartición de justicia, originadas en las fiscalías y ministerios públicos, permanecen pendientes.

La reforma al Poder Judicial dejó intactos problemas estructurales, como los protocolos ministeriales que normalizan la discriminación y una visión punitivista que confunde la administración de justicia con la creación infinita de nuevos delitos.

Particularmente para las organizaciones y actores que participamos en la defensa de ámbitos emergentes, como aquellos relacionados al género, la salud sexual y reproductiva, o la atención oportuna del consumo de sustancias psicoactivas, observar y seguir de cerca el trabajo de las y los nuevos jueces electos debe ser una tarea prioritaria.

Caben muchas especulaciones del tipo de cambios que traerá esta reforma. Desde nuestro ámbito, preocupa su aplicación de las políticas de drogas. Interesa si se aplicarán medidas más restrictivas en entidades conservadoras, donde persisten estigmas contra grupos históricamente discriminados; cómo se tratará la reciente prohibición constitucional de los productos de vapeo y el fentanilo; si se dará continuidad al entendimiento punitivista del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), por desconocimiento o apoyo electoral; el uso de la prisión preventiva oficiosa, y cómo se aplicará la medida de “jueces sin rostro”.

Nos encontramos ante un cambio estructural que podría requerir de estrategias de incidencia y organización colectiva. Importa seguir cómo evoluciona, pues en un país con tanta desigualdad es muy posible que la capacitación en derechos humanos a quienes imparten la justicia continúe como una de sus necesidades latentes.

Es un hecho que la manera de impartir la ley en México cambiará, y muchas personas deseamos que sea para bien, aunque aún estamos a la espera de mecanismos para materializar el propósito que planteó la reforma: facilitar el acceso a la justicia, acercando el Poder Judicial a la sociedad a la que sirve.

Depende de la administración en turno transformar la incertidumbre en mecanismos reales y terminar de atender las reformas que requiere el Poder Judicial. Desde nuestra labor, buscaremos apoyar en la defensa de los avances logrados.

* Julia Anguiano Rosas es investigadora y analista de políticas públicas. Es licenciada en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y responsable de investigación en el Instituto RIA. Lidera proyectos de investigación sobre usos de sustancias psicoactivas y políticas de drogas. Está interesada en impulsar políticas públicas sobre drogas centradas en la salud pública y en la producción de información local sobre su consumo.