La deuda pendiente de la Reforma al Poder Judicial (Parte 2)

Cuando se percibe que la justicia depende de cuánto estés dispuesto a pagar, a quién conoces o cuánto ruido logras hacer, el sistema político e institucional pierde legitimidad. Sin embargo, cuando se hacen adecuaciones legislativas que en lugar de mejorar, adaptan reglas y procesos a modo que responden más a necesidades internas del propio aparato de poder que a las demandas de una población cansada de la incertidumbre y de los obstáculos interminables en el acceso a una justicia real, nos habla de la institucionalización de la corrupción.

En este escenario social y cultural, la reforma al Poder Judicial está procurando plantearse como una oportunidad de transformar el sistema, haciéndolo más transparente y eficiente. No es el objeto de este texto ahondar en su justificación social, institucional ni mucho menos jurídica o desde diversos grupos de interés, sino traer al centro de la discusión cómo es que la está concibiendo la población mexicana, y qué posibles implicaciones puede tener esto en el entendimiento y ejercicio de la vida cívica en nuestro país. De entrada, las expectativas están encontradas entre sí: por una parte, se esperaría que la reforma logre mejorar el acceso a la justicia en general y servir como punto de inflexión en el combate a la corrupción, pero al mismo tiempo persiste la preocupación de que simplemente no será suficiente para cambiar el estado actual de las cosas de manera importante.

En este último punto, coincidimos parcialmente: no es suficiente el decreto y puesta en marcha de una reforma, incluso de fondo… en la sociedad mexicana permanece como asignatura pendiente, tanto estimular como brindar mejor cauce al involucramiento y estilos de participación informada y activa por parte de la ciudadanía. Se sabe que esto es fundamental para la gobernanza; se conoce que las y los ciudadanos debemos procurar estar bien informados sobre nuestros derechos, responsabilidades y aquellas herramientas a nuestra disposición para hacer valer la justicia a la que tenemos derecho pleno; se afirma en diferentes espacios –como éste- que es indispensable fortalecer los mecanismos de vigilancia y control ciudadano sobre los Poderes (en este caso el Judicial), por ejemplo mediante la creación de observatorios y consejos ciudadanos que favorezcan la transparencia en los procesos judiciales así como en el actuar de los agentes relacionados a todos los niveles.

No obstante, y aunque sí se reconozca como requisito para ello, establecer una relación de corresponsabilidad entre instituciones, actores públicos, organizaciones y ciudadanía, se sigue señalando en el círculo verde (que además es la mayoría de la población en México) una desconexión y apatía con respecto a cuestiones como éstas. ¿Será que los códigos, narrativas y estilos de comunicar la trascendencia de una reforma de esta envergadura no se corresponden con aquellos con los que la ciudadanía se representa a sí misma la justicia, sus condiciones, sus prioridades, sus actores y en síntesis su relevancia para la vida en común?

Recordemos: cuando se priorizan las propias bases políticas o se habla de soluciones rápidas y eficaces en el combate a la corrupción, la justicia no es ciega, solo mira a donde le conviene.

La deuda pendiente de la reforma judicial

Esa desconexión está en gran parte relacionada con la desvinculación entre la abogacía y la ciudadanía, que ha relegado la función social de la primera respecto a la segunda. Esta lejanía ha sido originada por varios aspectos inherentes a la profesión: la creación de un lenguaje altamente especializado, la complejidad técnica de cómo se resuelven los casos ante los tribunales y la distancia entre las instituciones de procuración e impartición de justicia y la ciudadanía. Estas circunstancias nos han llevado a un escenario en el que se vuelve extremadamente complejo conocer y explicar la labor de las y los jueces, visualizar la estructura, funciones e integrantes del Poder Judicial, así como la forma en la que se nombra a las personas juzgadoras o las razones por las que esto se ha llevado a cabo de manera tradicional. En este contexto fue aprobada la Reforma Judicial, uno de cuyos principales componentes es eliminar el sistema de carrera judicial sustituyendo los mecanismos de nombramiento por un método de elección de personas juzgadoras mediante voto directo.

Dicha reforma se vale de esa lejanía y desconocimiento de gran parte de la ciudadanía acerca de la labor y competencia de las distintas autoridades y niveles de gobierno involucrados en la administración y procuración de justicia. Al Poder Judicial Federal, por ejemplo, se le ha atribuido en el discurso público responsabilidades de poderes judiciales locales o incluso de fiscalías. Aún peor, la reforma no atiende ninguna de las necesidades urgentes por parte de la población, como lo es la pronta impartición de justicia, la vigilancia y disminución de corrupción por parte de fiscalías, poderes judiciales locales, quienes ejercen la función de la abogacía, autoridades de primer contacto y demás involucrados en el sistema. Tampoco genera mecanismos efectivos para que la ciudadanía pueda exigir sus derechos y protegerse de abusos de autoridad. Por el contrario, a través de esta Reforma Judicial se perderá la experticia de personas juzgadoras con características que son importantes para la ciudadanía, incluyendo la experiencia de décadas de estudio, especialidad certificada y capacitación constante.

Adicionalmente, la premura con la que se aprobó la reforma, aunado a los masivo de las elecciones (más de 800 cargos federales por los que competirán de 10 a 6 personas por cargo), dificultan las condiciones para que la ciudadanía tenga información suficiente para poder votar por las personas juzgadoras. Tampoco habrá mecanismos para asegurarnos de que los perfiles y la capacitación de quienes desempeñarán el cargo sean óptimas, ya que no hay alguna metodología homologada para corroborar los conocimientos o experiencia de las y los candidatos. El promedio de universidad, un ensayo genérico y las cartas de recomendación no son suficientes.

Por lo tanto, esta reforma no atiende las principales expectativas de la ciudadanía respecto a la justicia, los problemas de fondo de la procuración e impartición de la misma ni las áreas de oportunidad para mejorar los poderes judiciales. En cambio, se convierte en otra deuda pendiente que con el paso del tiempo se agravará. Desde la sociedad civil, habrá que aprovechar esta reforma para dar seguimiento de cerca al nuevo poder judicial y exigir las instituciones que nos merecemos y cuyo buen funcionamiento, de un modo u otro, nos interesa a todas y a todos.

* Altazor Intelligence (@Altazor_Intell) transformamos datos en entendimiento profundo: somos expertos en investigación de mercados y opinión pública, descifrando la sociedad actual y sus complejidades para conectar con consumidores, audiencias y ciudadanos. Di-sentir A. C. (@Di_sentir) somos una organización dedicada a promover el cambio social mediante la defensa de derechos humanos, con especial atención en la exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales a través del uso creativo del derecho.

 

La deuda pendiente de la Reforma al Poder Judicial (Parte 1)