La reforma al Poder Judicial que necesitamos

El Poder Judicial Federal necesita una reforma estructural, sobre todo por las condiciones de opacidad, inaccesibilidad y corrupción que persisten en la institución. Este 5 de febrero, el Presidente de la República presentó una iniciativa para reformar al Poder Judicial, principalmente para que personas juezas, magistradas y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electas mediante el voto popular.

El 12 de febrero, en conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, justificó esta reforma al asegurar que responde al reclamo la ciudadanía “de contar con un poder judicial que imparta justicia, legitimado, resuelva sus problemáticas con independencia ajeno a intereses privados, abone a combatir la impunidad y que pueda ser vigilado de que no se actúe al margen de la ley”. Pero, ¿realmente esta reforma será adecuada para cumplir con el reclamo legítimo de las personas de tener mayor acceso a la justicia y una institución eficaz que la imparta? Analicemos de cerca:

El mayor cambio propuesto en la iniciativa es la elección por voto ciudadano para la mayoría de los cargos públicos del Poder Judicial, pero también propone la disminución de 11 ministras y ministros a sólo 9 en la Corte, la creación de un órgano de administración judicial, así como un Tribunal de Disciplina Judicial. Estos dos últimos órganos sustituirán las funciones del Consejo de la Judicatura Federal.

Esta iniciativa pretende dar una naturaleza política a funcionarios cuya labor está dedicada a la impartición de justicia, tales como jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Este trabajo requiere de conocimientos técnicos, experiencia teórica y práctica, especialización en cada una de las ramas del derecho, así como actualización y evaluación constante. Es decir, un adecuado desarrollo de su carrera judicial requiere de imparcialidad, y esta cualidad puede verse comprometida si ahora estas personas juzgadoras se dedicaran a buscar la simpatía del electorado y respondieran a intereses políticos o incluso partidistas.

¿Cuántas decisiones protectoras de derechos se habrían caído si las personas juzgadoras hubiesen temido por sus puestos o si su popularidad hubiese estado en juego? ¿Los esposos de las trabajadoras tendrían acceso a pensión por viudez? ¿Tendríamos aborto legal? ¿Existirían las familias homoparentales? ¿El consumo personal y adulto de cannabis seguiría siendo completamente ilegal? Todos estos casos, cuando se presentaron ante los tribunales, trajeron consigo muchas críticas de algunos sectores. Sin embargo, la protección de derechos y la imparcialidad prevalecieron: estos derechos sólo pudieron ser reconocidos y protegidos a través del Poder Judicial aunque no contaron con el apoyo popular suficiente en su momento.

Por otro lado, la iniciativa propone la creación de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, que ya realiza estas funciones. Ambas, la administración y la disciplina, son esenciales para el correcto desempeño del Poder Judicial, por lo que deberían ser ejercidas por personas altamente capacitadas y que no respondan a ningún interés político. Sin embargo, la propuesta plantea que también sus integrantes sean elegidos mediante el voto popular. Además, de que esto compromete su independencia, preocupa que el Tribunal de Disciplina Judicial pueda investigar y sancionar a las personas juzgadoras porque sus resoluciones falten al “profesionalismo” o la “excelencia”, pues se trata de términos subjetivos, por lo que podría existir el riesgo de que las personas juzgadoras sean sujetas a investigación y sanción cuando sus resoluciones sean impopulares o contrarias a los intereses de grupos de poder o del Presidente en turno. Por supuesto que las personas juzgadoras deben ser investigadas y sancionadas cuando existan casos de corrupción o favorezcan indebidamente a intereses particulares, sin embargo, tienen que existir criterios objetivos y debido proceso.

A pesar de que a nivel federal es necesario un cambio que tenga un impacto estructural, la iniciativa de reforma del Ejecutivo puede traer más problemas que soluciones. Es verdad que necesitamos un vínculo más cercano entre quienes imparten justicia a nivel federal y la sociedad en general, pero un proceso electoral no necesariamente cumple con este propósito: ¿cuántos políticos aspirantes a cargos de elección popular realmente tienen una cercanía con la población?

Una reforma que permita, por ejemplo, que la justicia pueda llegar de manera rápida y accesible a cualquier persona, sin importar si tiene recursos para pagar a un abogado, podría generar mayor confianza y cercanía de la gente con el Poder Judicial. El juicio de amparo también podría ampliarse y desformalizarse para poder beneficiar a más personas, sobre todo, a quienes no tienen los recursos para pagar a personas abogadas especializadas.

Para tener más y mejor justicia también es necesaria una reforma que promueva una mayor rendición de cuentas del Poder Judicial, que existan concursos de oposición abiertos que garanticen el acceso paritario a todos los cargos. Los Tribunales locales se tienen que modernizar, pues no sólo el Poder Judicial Federal es el encargado de impartir justicia.

Fuera de las reformas legales, es también importante que se investiguen seriamente los casos de nepotismo y corrupción que ocurren dentro del Poder Judicial, que se fiscalicen los recursos ejercidos y que sean invertidos de manera efectiva en beneficio de las personas usuarias. En conclusión, no debemos oponernos a los cambios en el Poder Judicial, siempre y cuando resulten en un beneficio tangible para el acceso a la justicia. En contraste, los ataques a la independencia judicial tienen que ser rechazados tajantemente. Sin un Poder Judicial independiente, no existirán contrapesos a decisiones autoritarias o leyes que beneficien sólo a unos cuantos.

* Cristina Reyes es directora de Litigio estratégico en México Unido Contra la Delincuencia A.C. (@MUCDOficial). Licenciada en Derecho por el CIDE y especialista en Sistema Acusatorio en México  por la Escuela Libre de Derecho. Defensora de los derechos de la infancia y las mujeres. Trabajó en la implementación del sistema penal acusatorio en México. En MUCD ha litigado casos contra la militarización y la criminalización de personas usuarias de cannabis. Noemí Núñez es abogada en el área de Litigio estratégico en México Unido Contra la Delincuencia A.C. (@MUCDOficial). Abogada por la FES Acatlán-UNAM. Actualmente se enfoca en la construcción de estrategias jurídicas en materia de seguridad y política de drogas. Colaboró en el área jurídica de ASILEGAL A.C., en el tema de personas privadas de libertad y ejecución penal. Le encantan los mapaches y los lugares con árboles.