blogeditor · 14 de julio de 2015
[contextly_sidebar id=”fHVvdlwKp147DMwwq4BUfHeAPVtXkIx8″]Haga usted de cuenta que tiene una empresa dedicada a la administración de cárceles. Usted recibe un presupuesto fijo basado en la cantidad y tipo de reclusos que administra. También influyen el tipo de penal y la logística operativa involucrada: ¿Alta seguridad? Recibe más dinero. ¿Pabellón psiquiátrico? Recibe más dinero. ¿Apto para mujeres? Recibe más dinero. Y así, váyale sumando opciones (módulos) y tiene usted un negocio sumamente lucrativo.
Desde un punto de vista empresarial, tiene mucho sentido su negocio: recibe justas contraprestaciones a cambio de proporcionar sus servicios. El modelo de negocios es fácilmente aplicable en distintos contextos; competencia hay, pero es poca y manejable, y su ruta de crecimiento es muy clara y fácil de alcanzar.
El problema viene cuando nos damos cuenta de que su negocio se ha vuelto una parte clave de un sistema con repercusiones sociales muy amplias: la readaptación social. Los incentivos para que usted y su empresa trabajen en pro de la readaptación social, en muchos casos, no son nada significativos en comparación de lo que significa, monetariamente hablando, buscar la “optimización” y la administración “efectiva” de su presupuesto.
Lograr la optimización y la efectividad administrativa, muchas veces, será a costa de las condiciones de operación, de las condiciones laborales de sus empleados o de los derechos humanos de los reclusos.
Usted tiene un grandioso incentivo monetario para, por ejemplo, aumentar la cantidad de personas que comparten cada celda, bajar la calidad o disponibilidad de los alimentos y medicamentos, ahorrar en mantenimiento de las instalaciones o, simplemente, de exigir a sus guardias cumplir con jornadas laborales que se acerquen a los límites de lo ilegal.
Súmele a su empresa un equipo de lobbying poderoso y es muy probable que hasta logre endurecer la vigilancia y las penas para delitos comunes y tendrá un flujo continuo y permanente de “habitantes”, con sus respectivas ganancias. En pocas palabras: su principal incentivo es ir en contra de la readaptación social.
El Estado, en cambio, sí tiene los incentivos para invertir en la (re)adaptación social y en promover perspectivas distintas a la seguridad pública en temas que son, realmente, de otros ámbitos: salud y drogas, desarrollo social y delitos de bajo impacto, etc.
El Estado, entre más le invierta a estas nuevas formas de analizar y atacar ciertos problemas, menos tendrá que invertir en seguridad pública, lo cual rompe con el círculo vicioso que significa querer mantener un nivel de seguridad en la sociedad a cambio de recluir a los “no adaptados” (en lugar de (re)adaptarlos).
Desafortunadamente, en México el sistema de readaptación social no goza de una buena reputación y, en cambio, es visto como una universidad del delito, nodo de corrupción, opacidad y poco o nulo acceso a la justicia.
El espectacular escape de “El Chapo” Guzmán sólo abona a esa pésima imagen y sirve como pretexto perfecto para abogar por una reforma completa del sistema penitenciario.
Es muy probable que, para muchos, esta reforma tenga más sentido si se plantea para reforzar la perspectiva de seguridad incluyendo la privatización de las cárceles, más vigilancia, penas más duras y, en muchos casos, sacrificando esfuerzos en desarrollo social, libertades y derechos fundamentales.
La reforma penitenciaria no debe de hacerse desde la perspectiva de la seguridad pública y sí desde el desarrollo social.
*Paola Villarreal (@paw) se dedica al desarrollo de sistemas desde 1999. Ha trabajado en diversas entidades gubernamentales, ONGs y empresas siempre promoviendo la apertura como forma de hacer las cosas. Actualmente colabora con la American Civil Liberties Union de Massachusetts como parte del Ford-Mozilla Open Web Fellowship en temas relacionados a derechos y tecnología.