Reforma judicial: vorágine de incertidumbres
Redacción Animal Político · 5 de noviembre de 2024
La anunciada reforma judicial y la elección que de ella se desprende nos coloca en escenarios inéditos en México y en una realidad de incertidumbres que solo Gramsci ha descrito adecuadamente: “cuando el pasado aún no muere, y el futuro tarda en aparecer, es el claroscuro donde surgen los monstruos”. Los monstruos en este caso son muchos.
El primero es la incertidumbre jurídica. La integridad electoral se sustenta en diversos pilares, siendo uno de ellos el de la certeza jurídica, esa que permite a todos los actores que participan en una elección conocer de antemano las reglas, los requisitos y el marco bajo el cual se desarrollará. En este caso la reforma constitucional no vino acompañada por una ley secundaria para el proceso extraordinario 2024-2025, dejando la responsabilidad al INE de emitir la reglamentación de este proceso.
Tras la publicación de la reforma constitucional que posibilitó la elección de personas juzgadoras, se dio inicio al proceso electoral. A raíz de eso, el Consejo General del INE mandató, hace ya un mes, que se elaborara una agenda de actividades que guiara el actuar profesional de las personas que participan en el proceso electoral, sin que a la fecha se haya establecido ese calendario.
En este inédito proceso se ha dado el banderazo de salida, se ha animado a las y los competidores a participar de la contienda, y apenas se dieron a conocer las vacantes a elegir y el presupuesto que se necesitaría para la organización de la elección. Los procesos para definir ambos puntos han estado, sin embargo, llenos de irregularidades también; el segundo monstruo.
La reforma constitucional publicada estableció que en el proceso de selección de los cargos a renovarse en el proceso electoral extraordinario debían elegirse la mitad de las personas juzgadoras y magistraturas de cada circuito judicial -una circunscripción geográfica que equivale normalmente a una entidad federativa-, considerando de inicio las vacantes por renuncia, jubilación o retiro, insaculando el resto hasta llegar a la cantidad pretendida. Para ello se requirió que el Consejo de la Judicatura Federal emitiera un listado de todas las plazas, ocupadas o no, para proceder a la insaculación en cada estado de la mitad de los cargos.
Sin embargo, y a pesar del transitorio en la reforma que solo permite su interpretación literal, en la sesión del Senado el procedimiento fue diferente: del universo total de cargos se realizaron dos listados -uno para juzgadoras y otro para magistradas- señalando materias especializadas (Administrativa, Penal, Civil, Laboral o Mixta) y se definieron a quienes se elegirían en el proceso extraordinario de 2025 y a quienes hasta las elecciones ordinarias de 2027 a través de un rústico sistema de esferas en una tómbola.
Otro gran monstruo es el presupuesto. Es conocido que el presupuesto de las autoridades electorales se solicita cada año y se encuentra detalladamente catalogado. Es por ello que el INE tuvo que solicitar un presupuesto diferenciado para la organización del proceso. El proceso costaría alrededor de 13 mil millones de pesos, cuya principal inversión iría en la impresión de boletas y otra documentación, y la producción de materiales electorales. Lo anterior teniendo en cuenta que la autoridad electoral ha recibido fuertes y graves recortes presupuestales en los últimos años, especialmente en áreas logísticas y administrativas internas.
Y, por ahora, el riesgo más difícil es el de las tensiones entre los poderes de la Unión. Ha habido diferentes intentos por parte de integrantes del Poder Judicial por detener la implementación de la reforma por diferentes razones, especialmente por violaciones a la Constitución, sin ningún éxito. Aunque estas tensiones no parecen tener un desenlace positivo en los próximos días, la Suprema Corte entrará el fondo del asunto. Sobre todos estos dimes y diretes hablaremos en una próxima entrega.