¿Es esta reforma al Poder Judicial el fin de la corrupción?

La corrupción es un mal que socava los cimientos de cualquier sociedad, y mina la confianza en las instituciones. Pero el mal resulta aún más corrosivo cuando se hacen acusaciones de corrupción, sin evidencia y sin claridad, sobre los actores y las circunstancias. Los Poderes Judiciales son la columna vertebral de un Estado de Derecho, y su integridad es crucial para mantener la confianza pública en las instituciones. Ahora bien, el Poder Judicial no actúa en solitario: requiere de la colaboración de otras instituciones. El sistema de justicia es un trinomio compuesto por las partes y las cortes. En materia penal, se trata de fiscales, defensores y jueces; en otras materias, de litigantes, defensores y jueces.

Al acusar de corrupción al sistema de justicia, es fundamental identificar dónde, cómo y por qué se están dando las condiciones para que esta corrupción florezca. Los problemas en el funcionamiento del sistema, que es evidente que los hay en cuanto acceso y calidad, no se limitan a las personas juzgadoras, sino que involucran a todas las partes que lo componen. Las soluciones deben ser integrales, garantizando el profesionalismo y la probidad de todos los actores involucrados.

Es cierto que, en general, en México no se distingue con claridad a estos actores del sistema; tampoco cuáles son las diversas competencias entre los jueces locales y federales. De ahí que sea alarmante la percepción de que los jueces, y el sistema judicial en su conjunto, están sumidos en la corrupción. De acuerdo con la ENVIPE 2022 del INEGI, dos terceras partes de los ciudadanos creen que los jueces son corruptos. Este dato refleja una crisis de confianza que no puede ser ignorada. Sin embargo, es aún peor la percepción que se tiene de las fiscalías y de las policías.

Por ello es importante cuestionar si estos problemas se resuelven con una reforma constitucional; más aún, si la iniciativa del presidente de la República de reforma judicial les dará solución o si, en realidad, estamos ante la necesidad de pensar en una política pública integral que contemple el sistema de justicia completo, en sus diferentes niveles de gobierno, que identifique con claridad los problemas que estos enfrentan, los actores involucrados, las cargas de trabajo y los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para resolverlos. Por ejemplo, en México tenemos una de las tasas más bajas de jueces por habitantes, con un promedio de 3.3 jueces por cada 100 mil personas.

Uno de los aspectos más preocupantes de la reciente propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es su enfoque unilateral en los jueces, sin distinción entre la justicia local y la federal. Al señalar a los jueces como los únicos responsables de la corrupción en el sistema, se omiten otros problemas y actores como los fiscales, lo precario de las defensorías de oficio o la falta de ética y calidad de litigantes que terminan creando enormes barreras de acceso a la justicia y cargas administrativas excesivas, también presentes en la percepción de corrupción. Ninguno de esos elementos se toma en cuenta en la iniciativa de reforma constitucional.

La propuesta tampoco se hace cargo de la disparidad entre los poderes judiciales de las diversas entidades federativas en cuanto al alcance en el acceso a la justicia, la calidad institucional ni los procesos de carrera judicial, los cuales son muy asimétricos y, en muchos casos, precarios. La falta de garantías y la influencia política en los nombramientos y ratificaciones de juzgadores son factores que aumentan el riesgo de corrupción al mellar su independencia, cuestión que la elección por voto popular de la iniciativa agravaría.

Si en realidad deseamos atajar los riesgos de corrupción en el sistema de justicia, es importante reconocer los esfuerzos que se han venido realizando. Por ejemplo, a nivel federal es cierto que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha tomado medidas importantes en la lucha contra la corrupción, como la implementación del “Programa de Verificación de Situación Patrimonial” y la imposición de sanciones a personas servidoras públicas que han incurrido en conductas irregulares. En 2023, por ejemplo, se iniciaron 119 investigaciones por nepotismo y 31 por actos de corrupción en el Poder Judicial Federal. La Comisión de Vigilancia, en conjunto con otras áreas del Consejo, requirió información estadística, identificó sentencias relacionadas con los delitos de corrupción y con la adopción de buenas prácticas internacionales para atender solicitudes en seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la Implementación de la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. ¹

En la propuesta de reforma no queda claro qué órgano llevaría a cabo estas importantes labores de prevención y sustanciación de las posibles faltas administrativas ni cuáles serían los procedimientos. Tampoco se prevé quién sería responsable de la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, ni quiénes llevarían las denuncias penales a la fiscalía correspondiente. por lo que la iniciativa de reforma parecería ser un retroceso en estos aspectos.

En cuanto a la justicia local, también ha habido avances. Según el informe del World Justice Project, destaca que los resultados de las auditorías se publican en gran parte del sistema, ofreciendo información valiosa que podría integrarse en las políticas nacionales y estatales de lucha contra la corrupción. También hay importantes áreas de oportunidad: la mayoría de las instituciones del sistema no cuenta con mecanismos claros para denunciar actos de corrupción, y los protocolos para proteger a quienes denuncian son prácticamente inexistentes. También es fundamental que las instituciones del sistema de justicia sigan fortaleciendo los mecanismos de atención a casos de violencia de género en sus propias estructuras. Por otro lado, no existen formas claras de evaluar el desempeño o las decisiones de los órganos internos de control, lo cual es crucial para entender cómo funciona el “sistema de alertas” y desarrollar políticas efectivas en este ámbito. Desgraciadamente, de nueva cuenta la iniciativa no prevé ningún mecanismo  para resolver estos problemas.

Lo que sí propone la iniciativa es la creación de tribunales de disciplina a nivel federal y local, pero no queda claro cuáles serían, exactamente, sus competencias. Aunque podría ser una buena idea, es fundamental que sean cuerpos técnicos e independientes, y que sus miembros cuenten con experiencia en el ámbito de la impartición de justicia. Estos tribunales deberían tener competencia sobre todo el sistema, incluyendo jueces, fiscales, defensores y litigantes. Además, deben guiarse por los principios del Derecho Administrativo Sancionador, lo que implica respetar los estándares del derecho penal en cuanto a taxatividad en la aplicación de la ley, debido proceso y defensa adecuada. Esto significa que el tribunal no puede ser, al mismo tiempo, la autoridad que investiga y la que sanciona. Sin embargo, la iniciativa de reforma no aborda este punto crucial, e incluso sugiere que el mismo tribunal reciba, procese y resuelva las denuncias sin ofrecer a las personas investigadas la posibilidad de apelar sus decisiones.

Para que un sistema disciplinario no vulnere la independencia judicial, elemento fundamental de un sistema democrático con frenos y contrapesos, es vital que las personas juzgadoras nunca sean sancionadas por el sentido de sus sentencias, ya que esto es esencial para garantizar su imparcialidad e independencia. En este sentido que la propuesta del presidente de la República es preocupante, puesto que establece como causa de sanción que las sentencias sean contrarias al bien común.

Es cierto que el sistema de justicia en México enfrenta retos importantes para lograr garantizar un pleno acceso a la justicia y una resolución de nuestros conflictos pronta, completa e imparcial, como dicta nuestra Constitución. Hay importantes áreas de mejora en el régimen disciplinario para garantizar su eficacia con pleno respeto de los derechos. Ello requiere no sólo cambios en la normatividad de los órganos competentes para imponer sanciones a los jueces, sino repensar una normatividad que incluya a todos los agentes involucrados, lo que pasa por una revisión de las leyes orgánicas de poderes judiciales, fiscalías y de la ley general de responsabilidades administrativas, así como su correlativo en los estados. Más aún, se requiere vislumbrar una política integral de combate a la corrupción en el sistema de justicia. Estos problemas no se resuelven con acusaciones infundadas de corrupción y cambios constitucionales al vapor, sin evidencia ni diagnósticos precisos. Ojalá la nuevas legislaturas federal y locales se tomen el tiempo para conocer, analizar y proponer una reforma integral que realmente resuelva los problemas de corrupción que aquejan a México.

* Ana Elena Fierro (@anelfierro) es doctora en Derecho, Maestra en Filosofía, Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

 

¹ Primer Informe de Labores (2023), ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.