Por favor, dialoguemos. La reforma judicial que necesitamos

El tema más comentado en México, en estos días, es la reforma a los poderes judiciales que el presidente propuso el 5 de febrero de este año,  y que se está discutiendo en el Congreso de la Unión y posteriormente pasará a las legislaturas locales. Esta reforma busca renovar prácticamente a todas las personas juzgadoras a nivel federal  y local a través del voto popular. La discusión se intensificó, aún más, después de la gran victoria electoral del partido en el poder. Han sido días de foros y consultas organizadas por la Cámara de Diputados, la SCJN, la Escuela Judicial, diversas universidades y colegios de abogados, donde se han expuesto los posicionamientos tanto de los legisladores como de integrantes de los poderes judiciales. Sin embargo, tristemente parece no haber existido un verdadero diálogo donde, con empatía, pudieran escucharse las propuestas de las personas participantes.

Hoy por hoy, nadie pone en tela de juicio que el sistema de justicia en México enfrenta importantes retos de impunidad y de acceso a la justicia. Lo que hace falta es que, realmente, dialoguemos entre todas las instituciones involucradas en la administración e impartición de justicia sobre qué es lo que necesitamos y cómo lograrlo. En estas líneas propongo varios caminos para que conversemos y colaboremos en conformar un sistema de justicia que, con estricto apego al debido proceso y pleno respeto a los derechos humanos, garantice el acceso a todas las personas y el desahogo y resolución de nuestros conflictos sociales. Comenzaré centrándome en la necesaria profesionalización de las instituciones del sistema de justicia.

Para fortalecer el Estado de Derecho en México, el servicio civil de carrera en el sistema de justicia es clave. No basta con tener jueces bien capacitados y profesionales. Fiscales y defensores también necesitan un sistema que garantice su independencia y profesionalización, asegurando que las decisiones judiciales no estén sujetas a influencias externas.

Hoy el sistema de justicia enfrenta dos realidades. Por un lado, el Poder Judicial de la Federación ha avanzado con una carrera judicial que busca asegurar jueces seleccionados por mérito, y no por influencias políticas. Por el otro, las fiscalías y defensorías, tanto a nivel federal como local, sufren de una carencia de servicios civiles de carrera robustos, lo que afecta la calidad de la procuración de justicia y fomenta la desconfianza pública.

El camino hacia la profesionalización pasa por crear academias y sistemas de formación que no solo seleccionen al personal con base en sus competencias, sino que también lo capaciten continuamente y lo protejan de la inestabilidad laboral derivada de los ciclos políticos. Sin embargo, es alarmante que, en muchas entidades del país, los nombramientos en estas instituciones siguen siendo designaciones políticas, lo que pone en riesgo la imparcialidad y profesionalismo que requieren estas funciones y perpetúa la impunidad.

Para resolver estos problemas, es imperativo que, tanto a nivel federal como local, los tribunales, las fiscalías y las defensorías cuenten con un servicio civil de carrera formalizado. Este sistema debe basarse en méritos, garantizar igualdad de oportunidades y ofrecer estabilidad laboral. Solo así los funcionarios podrán actuar con imparcialidad y responder a las necesidades de la ciudadanía, sin temer represalias ni depender de intereses externos.

Un diálogo sobre la profesionalización del sistema de justicia podría tomar como punto de partida la Carta Iberoamericana de la Función Pública CIFP y tener en cuenta, como puntos principales, elementos como:

1. Financiamiento adecuado. Hay que asegurar que las fiscalías, defensorías y poderes judiciales cuenten con los recursos suficientes para operar de manera eficiente. Esto incluye infraestructura moderna y una compensación justa para el personal, con un presupuesto que garantice el crecimiento continuo y se adapte a las necesidades del país.

2. Ingreso basado en mérito y equidad de género. El acceso a puestos en el sistema de justicia debe ser igual para todos, basado en méritos y sin discriminación. Se debe garantizar la paridad de género, desde los niveles operativos hasta las posiciones de liderazgo, fomentando la igualdad en la selección y promoción del personal.

3. Estándar nacional de formación en justicia. Se propone la creación de un modelo de formación en materia de justicia uniforme en todo el país para asegurar que jueces, fiscales y defensores reciban una capacitación de calidad y se mantengan actualizados en normativas y cambios sociales.

4. Fortalecimiento de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ampliar los programas de formación de esta escuela para que jueces, fiscales y defensores puedan especializarse y mantenerse actualizados en áreas clave, como derechos humanos, ambiental y tecnología aplicada al derecho.

5. Servicio civil de carrera en fiscalías y defensorías. Crear un servicio civil que asegure que los servidores públicos sean seleccionados por sus habilidades y se les garantice estabilidad laboral, formación continua y protección de sus derechos, para que puedan actuar sin presiones políticas. Este sistema tendría que considerar los siguientes procesos:

• Planificación de recursos humanos. Analizar las necesidades de personal y asegurarse de que los perfiles sean los adecuados para cada tarea.
• Organización del trabajo. Definir claramente las funciones y competencias de cada puesto para mejorar la eficiencia.
• Gestión del empleo. Garantizar procesos de selección y promoción basados en méritos, evitando favoritismos.
• Evaluación del desempeño. Implementar evaluaciones regulares para asegurar el cumplimiento de responsabilidades y mejorar el rendimiento.
• Compensación justa. Ofrecer salarios competitivos y recompensas por buen desempeño para atraer y retener talento.
• Desarrollo profesional. Facilitar la capacitación continua del personal en áreas clave para fomentar su crecimiento profesional.
• Disciplina y responsabilidad. Aplicar procedimientos justos para sancionar conductas inapropiadas, manteniendo la integridad del servicio.
• Protección de derechos laborales. Proteger la estabilidad laboral y la independencia de los servidores públicos.

Fortalecer estos pilares del sistema de justicia debe ser una prioridad nacional. Es urgente un verdadero diálogo entre los poderes y la sociedad civil para consolidar todas las instituciones del sistema. Sin una reforma integral que abarque todas sus partes, no lograremos el nivel de profesionalización e independencia que requiere nuestra sociedad. En tiempos de creciente desconfianza pública, un sistema de justicia que funcione correctamente es esencial para restaurar la confianza en nuestras instituciones. Por favor, dialoguemos.

* Ana Elena Fierro (@anelfierro) es doctora en Derecho, maestra en Filosofía y profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tec de Monterrey. Membresía Aúna capítulo CDMX.