La reforma judicial: un ataque a la justicia

En las últimas semanas, hemos atestiguado un intenso debate sobre la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Presentada en febrero como un paso hacia la democratización del poder judicial en México, esta reforma está lejos de representar un verdadero avance para el sistema de justicia en nuestro país. Aunque el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se promueve como un esfuerzo participativo, con más de 100 modificaciones derivadas de los llamados Diálogos Nacionales, lo cierto es que estas enmiendas no abordan las preocupaciones más profundas sobre la independencia y profesionalización del Poder Judicial. En lugar de fortalecer los principios fundamentales que deben regir este poder del Estado, la reforma amenaza con desmantelarlos, poniendo en riesgo la capacidad de impartir justicia de manera imparcial y efectiva.

Se argumenta que las modificaciones introducidas en el dictamen reflejan un proceso inclusivo que consideró las voces de distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, es evidente que las preocupaciones más esenciales fueron, en gran medida, ignoradas o consideradas inalterables por tratarse de temas “no negociables”. Los cambios introducidos parecen más un ejercicio de maquillaje político que un intento genuino de mejorar el proyecto. La supuesta “participación ciudadana” ha servido, en el mejor de los casos, como una cortina de humo para disimular las deficiencias estructurales de la propuesta, tanto en su versión original como en la modificada.

Un aspecto particularmente polémico de la reforma es la propuesta de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular. Aunque esta medida podría parecer democratizadora, en realidad compromete uno de los pilares fundamentales de un sistema de justicia robusto: la independencia judicial. La elección popular de jueces y magistrados abre la puerta a la politización de la justicia, donde las decisiones podrían estar más influenciadas por la opinión pública y los intereses políticos que por la aplicación imparcial de la ley.

La justicia no es una cuestión de popularidad; es un ejercicio de equidad y legalidad. Los jueces deben ser seleccionados por su conocimiento, integridad y capacidad para aplicar la ley de manera imparcial, no por su habilidad para atraer votos. Convertir el proceso de selección en una contienda electoral no fortalece la independencia judicial, la debilita, haciendo al Poder Judicial vulnerable a las presiones políticas y electorales. La Relatora Especial de la ONU ha manifestado serias preocupaciones sobre esta propuesta, señalando que predominan consideraciones políticas que se superponen a los méritos de la carrera judicial. La justicia no puede ni debe estar sujeta a los vaivenes de la política o a los intereses electorales, ya que esto desvirtuaría su esencia y misión en la sociedad.

La reforma se presenta como una garantía de procesos de selección de jueces y magistrados que serán “universales, públicos, transparentes, inclusivos y accesibles”. Sin embargo, estas promesas no abordan los problemas más profundos que enfrenta el sistema judicial, como la falta de profesionalización y la persistencia de prácticas corruptas en las fiscalías, las policías o la justicia a nivel local. La ausencia de criterios claros y rigurosos para el nombramiento de jueces podría permitir la entrada de individuos insuficientemente preparados, comprometiendo la calidad y eficacia de la justicia en México. La profesionalización de la judicatura es esencial para garantizar decisiones judiciales justas y basadas en un conocimiento sólido de la ley. Sin un proceso de selección riguroso, el sistema judicial corre el riesgo de degradarse, con consecuencias devastadoras para la confianza pública en la justicia.

Uno de los cambios más criticables en el dictamen es la creación de un Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, que prevé la elección popular de un número significativo de cargos dentro del Poder Judicial, incluyendo no solo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también a la mitad de las personas juzgadoras federales. Aunque la renovación no incluye a la totalidad de los jueces y magistrados federales hasta 2027, esta medida no representa una gradualidad, sino más bien una demolición de la carrera judicial, además de que no resuelve los problemas estructurales del Poder Judicial.

El dictamen también introduce cambios significativos en los requisitos de elegibilidad para ocupar estos cargos. Se eliminan requisitos clave como la antigüedad en el ejercicio de la profesión, que se sustituyen por criterios académicos, como un promedio mínimo en licenciatura. Esto podría desestimar la experiencia práctica, fundamental para el ejercicio adecuado de la justicia, y abre la puerta a la nominación de individuos menos calificados, pero con mejor desempeño académico. La justicia no puede ni debe medirse únicamente en términos académicos, sino en la capacidad de interpretar y aplicar la ley con sabiduría y equidad.

Otro aspecto crítico del dictamen es que no solo preserva la existencia del Tribunal de Disciplina Judicial, sino que lo reconfigura y le otorga amplias facultades para sancionar y evaluar el desempeño de las personas juzgadoras, de forma definitiva. La posibilidad de que este Tribunal atraiga casos relacionados con faltas graves o delitos tipificados por la ley es particularmente preocupante, ya que podría invadir competencias que corresponden al Ministerio Público y a los tribunales penales. Además, la falta de claridad sobre los tipos de delitos y procedimientos que este Tribunal podría asumir abre la puerta a posibles abusos de poder y arbitrariedades, lo cual es inaceptable en un Estado de derecho.

Un aspecto que merece especial atención es la paridad de género. Aunque el dictamen incluye disposiciones que enuncian el principio de paridad y la alternancia entre mujeres y hombres en la asignación de cargos judiciales, estos principios corren el riesgo de quedar en meras declaraciones sin efecto práctico, principalmente debido a la falta de mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento. Esto podría perpetuar la desigualdad en los altos cargos del Poder Judicial. La reforma no establece las disposiciones necesarias para que este principio sea realmente operativo, lo que podría perpetuar la ya existente subrepresentación de las mujeres en las posiciones de poder dentro del sistema judicial.

Otro aspecto crítico que ha sido pasado por alto en la defensa de la reforma es su impacto económico. La implementación de una reforma de esta magnitud requiere de una planificación minuciosa y recursos significativos. Sin embargo, parece que estos factores han sido subestimados, lo que podría llevar a consecuencias desastrosas. El costo económico de realizar elecciones populares para jueces y magistrados, junto con la reestructuración del sistema judicial, sería monumental. Esto no solo implicaría un aumento en los gastos públicos, sino que también podría desviar recursos de otras áreas críticas del sistema de justicia, debilitando aún más su funcionamiento. La falta de una preparación adecuada para estas elecciones podría llevar a una crisis institucional sin precedentes.

Un tema preocupante de la reforma es su impacto potencial en los derechos humanos y las obligaciones internacionales de México. Un Poder Judicial politizado y debilitado no solo pondría en riesgo la protección de los derechos de las minorías, sino que también podría comprometer la confianza en México como un entorno jurídico seguro para la inversión y el comercio. Las implicaciones de un sistema judicial ineficaz se extienden más allá de las fronteras nacionales, afectando la reputación internacional del país y su capacidad para cumplir con sus compromisos internacionales.

En este contexto, se ha producido el paro de labores del Poder Judicial, el cual ha sido criticado como una resistencia al cambio. Sin embargo, en realidad se trata de una legítima defensa ante una reforma que amenaza tanto la independencia judicial como los derechos laborales de jueces y magistrados. Este paro no busca preservar el status quo, sino que responde a una amenaza real para la estabilidad y el futuro democrático de México. La resistencia del Poder Judicial a esta reforma debe interpretarse como una señal de alerta sobre los peligros que representa. Lejos de ser un obstáculo para el progreso, esta protesta es un llamado urgente a reconsiderar los riesgos de una reforma que podría desmantelar los cimientos mismos de la justicia en el país.

Es fundamental subrayar que una reforma que se basa en la premisa de desmantelar el sistema judicial mediante la destitución de la totalidad de las personas juzgadoras del país, sin respetar sus derechos laborales, incluido el derecho a la permanencia, constituye en sí misma una propuesta de destrucción institucional. Una medida de este tipo no solo despoja a los jueces de su seguridad laboral, sino que también establece un peligroso precedente de inestabilidad para el país. La independencia judicial, la estabilidad laboral y la meritocracia son valores que deben ser defendidos y preservados, no sacrificados en nombre de una mal interpretada idea de cambio.

En conclusión, la reforma judicial propuesta, lejos de fortalecer la justicia en México, la pone en grave riesgo. Al comprometer la independencia judicial, la profesionalización y al subestimar los impactos económicos y sociales, esta reforma amenaza con desmantelar uno de los pilares fundamentales de la democracia. Es crucial reconsiderar estos aspectos antes de implementar una reforma que podría tener consecuencias devastadoras para el sistema de justicia y la estabilidad del país.

* Claudia Aguilar Barroso es abogada constitucionalista, socia directora y fundadora de Aguilar Barroso y Asociados, S. C., y cofundadora de Aúna México.