La reforma de la Guardia Nacional: normalizando la excepción

Las discusiones sobre el afamado Plan C de AMLO han vuelto a la discusión pública. Entre las reformas propuestas, se retoma la que busca -una vez más- poner a la Guardia Nacional al mando de la Sedena, eliminando uno de los últimos límites existentes para revertir la militarización de este cuerpo de seguridad que, se supone, debería ser civil.

Cuando en 2019 se aprobó la reforma para crear a la Guardia Nacional, el gobierno incluyó un artículo transitorio que permitía al presidente disponer de las Fuerzas Armadas (FFAA) como apoyo en tareas de seguridad, siempre que su participación fuera regulada, fiscalizada, excepcional, subordinada y complementaria a autoridades de seguridad de carácter civil, inicialmente hasta marzo de 2024. El propósito de estos límites fue establecer controles civiles para evitar abusos de militares, asegurando que las autoridades civiles electas  democráticamente estuvieran al frente de las tareas de seguridad pública y desarrollaran políticas desde la perspectiva ciudadana para disminuir la violencia e inseguridad.

La Constitución también establece en el artículo 129º que: “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, lo que limita la participación militar en las tareas de seguridad pública o su participación en cualquier otra esfera de la vida pública del país. Sin embargo, la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero busca eliminar este candado democrático y abrir la posibilidad de que las FFAA hagan todo lo que la persona Titular del Poder Ejecutivo les ordene, independientemente de que sea ajeno a la disciplina militar.

Lamentablemente, desde que la Guardia Nacional comenzó a operar los controles civiles no se reflejaban en la práctica. A pesar de que constitucionalmente debía ser un cuerpo civil ésta acabó integrada casi totalmente por personal militar. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2024, actualmente el 88% de los 131,858 elementos activos son militares. Además, la mayoría de los criterios antes mencionados no se cumplieron. La regulación sobre la participación militar fue nula, no hubo fiscalización sobre sus acciones, con frecuencia los militares reemplazaron en vez de cooperar a autoridades civiles, el control civil se limitó a la “subordinación al presidente” y el plazo excepcional hasta 2024, probablemente el único límite que sí tenía un reflejo en la práctica, se extendió hasta 2028 con una reforma constitucional bajo el argumento que en ese tiempo serviría para fortalecer a las policías locales.

Como se mencionó, en febrero de este año, el presidente fue más allá con la propuesta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Esta tiene por objetivo de que la seguridad ya no sea algo a cargo de civiles y le entrega a los militares el control de esta materia. Entre otras cosas, esta reforma le entrega a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) el control sobre la Guardia Nacional junto con su presupuesto, reconoce a este cuerpo como parte de la Fuerza Armada Permanente, sujeta a todos sus miembros al fuero militar, expulsa a sus elementos civiles de la corporación y le concede la facultad de investigar delitos, a pesar de que con esta reforma pasaría a tener un carácter explícitamente militar. También permite que el presidente disponga de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército en tareas de seguridad pública de manera ordinaria. Todo esto complicaría mucho la rendición de cuentas, y entregaría la seguridad a manos militares de manera definitiva.

Aunque ya era cuestionable que la Guardia Nacional tuviera un carácter civil, de aprobarse esta reforma estaríamos frente a una situación aún más preocupante. Entregar a la Sedena el control sobre la Guardia Nacional implica romper con la ficción de que la militarización es una medida excepcional para atender una situación de crisis. Inicialmente, cuando el presidente Felipe Calderón declaró “la guerra contra el narcotráfico”, implícita o explícitamente se presentó a la militarización como una medida excepcional. Desde entonces, los siguientes gobiernos han recurrido a este mismo enmarcamiento, recurriendo a la idea de que la crisis había empeorado para justificar la continuación de esta estrategia, presentándola aún como algo necesario hasta que terminara.

Sin embargo, la idea de que esta crisis debía ser atendida por militares no se reflejó con la realidad. Fue a partir de la militarización que la violencia escaló en el país, y pasamos de un 2007 con 8,846 homicidios anuales a tener más de 30 mil homicidios anuales desde 2018.

Las violaciones a derechos humanos cometidas por corporaciones de seguridad también se dispararon, junto con los desplazamientos forzados y las desapariciones, sin que se atendieran problemas como la impunidad. Este resultado no es casualidad, el fracaso de la estrategia nace de utilizar a un cuerpo entrenado para recurrir a la fuerza letal para enfrentar a un enemigo de la nación, un enfoque que en el caso de México dió carta blanca para escalar la violencia, dar orígen a una mayor conflictividad en el país y someter a civiles a abusos de la fuerza por parte de militares.

Desde hace tiempo es claro que la idea de la militarización como algo excepcional o temporal es, por lo menos, cuestionable. Gobiernos anteriores también intentaron aprobar reformas que normalizaban la militarización del país, y limitaban los posibles controles civiles sobre las FFAA con el objetivo de que los militares pudieran operar con mayor impunidad, desde una reforma a la Ley de Seguridad Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón hasta la Ley de Seguridad Interior en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En su momento, la dificultad para alcanzar consensos y el involucramiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitaron que estas reformas se aprobaran1. Sin embargo, de cara al próximo inicio de sesiones de la nueva Legislatura, en la cual el partido del presidente y sus aliados sí tienen la mayoría (hasta el momento en la Cámara de Diputados) es probable que se militarice de forma permanente la seguridad pública.

Ante esta situación, hay un riesgo genuino de que esta reforma sea aprobada y modifique permanentemente la seguridad pública en el país para dejarla en manos de militares, con todos los riesgos que esto implica. Con este modelo, que parte de un discurso que celebra a militares como más capaces y honestos que sus contrapartes civiles, el gobierno cede la posibilidad de que los crímenes y abusos que ya han cometido militares contra la población civil no sean investigados y se garantice el debido proceso para acceder a la justicia. Los controles civiles y la rendición de cuentas de ciudadanos quedan limitados y, en cambio, se les da carta blanca para continuar operando con impunidad. Es peligroso que esta reforma fuera aprobada, y como ciudadanos tenemos la obligación de exigir a nuestros legisladores que no la aprueben. Es necesario construir nuevas alternativas de seguridad ciudadana, en lugar de seguir apostando a las medidas que no han dado ni darán resultados.

 

*Alejandro Ravelo Sierra (@MUCDOficial) es investigador en la dirección de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia A.C. Politólogo Internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha colaborado como asistente de investigación en proyectos de derecho internacional humanitario, protestas por megaproyectos y energías limpias. En MUCD investiga temas relacionados a la militarización y política de drogas en México.

 

 

1En 2018 la SCJN declaró la inconstitucionalidad la Ley de Seguridad Interior argumentando que militarizaba al país de manera indeterminada, mientras que en 2023 la Corte rechazó una reforma similar aprobada por este gobierno para darle a la SEDENA el control sobre la Guardia Nacional pero sin modificar la Constitución.