Redacción Animal Político · 10 de marzo de 2026
Ante la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Aúna advertimos que el debate no puede limitarse a la reorganización del sistema electoral ni a consideraciones presupuestales.
México ha construido, durante décadas, uno de los marcos más avanzados del mundo en materia de paridad y representación política de las mujeres. Cualquier reforma electoral debe partir de ese piso democrático y fortalecerlo, no ponerlo en riesgo. Por ello, hacemos un llamado a que la discusión legislativa incorpore de manera clara el principio de paridad sustantiva, mecanismos eficaces de acciones afirmativas y condiciones reales para garantizar una democracia incluyente y representativa.
Convencidas de que la democracia es un ecosistema que debe garantizar condiciones de igualdad, identificamos los siguientes elementos necesarios que deben ser considerados en el debate público y legislativo.
La paridad no se decreta, se construye. En la iniciativa no hay una mención explícita sobre la representación democrática bajo este principio. En cambio, su referencia aparece diluida en una redacción poco clara acerca de las circunscripciones.
Es necesario modificar dicho apartado para establecer de manera expresa que el principio de paridad debe regir en la asignación de las listas definitivas. Esto incluye tanto la lista A, de primeras minorías o “mejores perdedores”, como la lista B, conformada mediante listas abiertas, las cuales deberán estar encabezadas por mujeres.
En las legislaciones secundarias será fundamental asegurar la inclusión de mecanismos como los bloques de competitividad y otras innovaciones normativas que han consolidado a nuestro país como referencia internacional en materia de representación igualitaria.
La incorporación de acciones afirmativas para comunidades indígenas, afromexicanas y otros grupos subrepresentados en el artículo 41 constitucional es un paso relevante. No obstante, este principio debe contar con mecanismos claros para hacerse realidad.
Al modificar las reglas de representación proporcional en ambas Cámaras del Congreso, se pierde la certeza que actualmente ofrecen las listas cerradas para garantizar espacios seguros a estas poblaciones, así como el control que ejercen las autoridades electorales al revisar el cumplimiento de las candidaturas.
Sin una ruta clara en las leyes secundarias que asegure que estas candidaturas no solo se postulen sino que efectivamente resulten electas, la reforma podría terminar cerrando en la práctica las puertas que el texto afirma abrir.
La formación de liderazgos de mujeres ha sido una herramienta clave para avanzar hacia la paridad sustantiva. En ese contexto, cualquier ajuste al financiamiento público de los partidos debe considerar mecanismos que aseguren la continuidad y fortalecimiento de estos procesos.
Actualmente, los partidos políticos están obligados a destinar el 3 % de su financiamiento ordinario a la formación y capacitación de liderazgos de mujeres. Con la reducción de la base con la que se calcula el financiamiento público propuesta en la iniciativa, este recurso disminuiría un 25 %.
En un país donde las mujeres aún enfrentamos techos de cristal y suelos pegajosos, recortar el presupuesto destinado a su capacitación constituye un retroceso que afecta directamente la calidad de la representación democrática.
Desde Aúna hemos propuesto avanzar hacia la creación de un Sistema nacional de formación de liderazgos de mujeres, que articule a partidos políticos, universidades y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer y certificar las capacidades de mujeres que participan en la vida pública.
En la Cámara de Diputados, la iniciativa mantiene el principio mixto de representación democrática: 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Sin embargo, propone modificar las reglas para estas últimas mediante la creación de dos listas: “A” y “B”.
La lista “A” se integraría con 100 personas correspondientes a las primeras minorías en los distritos, es decir, aquellas candidaturas que obtengan el segundo lugar con mayor número de votos.
Las otras 100 diputaciones conformarán la lista “B”, que se integraría mediante el sistema tradicional de las listas partidistas, aunque ahora bajo un esquema de listas abiertas.
En teoría, permitir que la ciudadanía elija directamente a las personas —y no únicamente el orden previamente definido por las dirigencias partidistas— puede parecer un mecanismo más democrático. Sin embargo, este modelo presenta riesgos importantes, entre los que destacan:
Además, la reforma omite abordar temas importantes acerca de la sobrerrepresentación y el “chapulineo” parlamentario, es decir, el cambio de partido o grupo parlamentario una vez obtenida la curul. Estos vacíos suelen afectar de manera particular la consolidación de agendas de igualdad y derechos.
Si bien la regulación operativa de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) reside en las leyes secundarias, resulta paradójico que, aunque la exposición de motivos reconoce la gravedad de esta modalidad de violencia, el cuerpo de la reforma no presenta una sola medida robusta para combatirla.
No podemos hablar de ampliar la participación ciudadana si ignoramos que las mujeres participan bajo amenazas y obstáculos. Esta reforma es una oportunidad desaprovechada para fortalecer el marco constitucional de protección y acceso a la justicia. Una democracia que invita a las mujeres a participar, pero no las protege de las violencias que esa participación genera, es una democracia incompleta. Estaremos poniendo especial atención a las reformas de las leyes secundarias sobre estos temas.
Valoramos positivamente que la iniciativa no haya eliminado a los OPLEs y que incluso se les reconozcan facultades para organizar mecanismos de democracia directa. Pese a ello, preocupa la eliminación del deber de imparcialidad de las autoridades electorales ante estos procesos. La imparcialidad no es una recomendación política, es una condición mínima para que las consultas y plebiscitos no se conviertan en herramientas de manipulación política desde el poder.
Finalmente, sabemos que muchos de los elementos contenidos en la iniciativa requieren una revisión más profunda respecto de su implementación, por lo que será necesario esperar las propuestas de modificación a las leyes secundarias y la definición de la arquitectura institucional del nuevo sistema que se plantea.
Desde Aúna hacemos un llamado a las y los legisladores para que este debate no se reduzca al ahorro de recursos ni al control político del sistema electoral, ni tampoco se lleve a cabo de manera apresurada, hermética y sin participación ciudadana.
La democracia mexicana no puede retroceder en uno de sus avances más importantes: la presencia de las mujeres y de grupos históricamente excluidos en los espacios de decisión. Las reglas electorales no son un asunto técnico menor; son el diseño institucional que determina quién puede competir y quién puede gobernar.
La discusión de esta reforma debe colocar en el centro la igualdad sustantiva. No basta con mencionar la paridad en el texto constitucional si las reglas del sistema terminan debilitando sus efectos en la práctica.
Las mujeres no queremos una democracia que nos mencione en la Constitución, pero nos excluya en los resultados. Queremos reglas que aseguren algo mucho más simple y mucho más profundo: que la igualdad política sea una realidad y no solo una promesa normativa.