De la reforma constitucional al derecho a la igualdad: 25 años de construcción institucional

Por Geraldina González de la Vega H.*

Hace 25 años, el Estado mexicano dio un paso que transformó de manera profunda nuestro marco constitucional y la manera en que entendemos la igualdad. El 14 de agosto de 2001 se publicó una reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que incorporó, por primera vez, una cláusula expresa de prohibición de la discriminación.

Puede parecer un cambio sencillo: unas cuantas líneas añadidas al texto constitucional. Sin embargo, sus efectos han sido profundos. Antes de esa reforma, la igualdad era entendida principalmente desde una perspectiva formal: todas las personas eran iguales ante la ley. A partir de 2001, la Constitución reconoció que existen prácticas, estructuras y decisiones que excluyen, limitan o niegan derechos a determinadas personas por motivos como su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias o cualquier otra condición.

La reforma significó el reconocimiento constitucional de una realidad que millones de personas habían experimentado durante décadas, más bien siglos: que la discriminación no era un fenómeno aislado ni un asunto de cortesía o buenas maneras, sino una violación a derechos fundamentales que debía ser atendida por el Estado.

Esta reforma impulsó una renovada interpretación constitucional que hizo posible el reconocimiento de la discriminación a nivel legal, su prohibición y, poco a poco, la necesidad de implementar medidas positivas para prevenirla y eliminarla. Su importancia se refleja además en los cambios institucionales que detonó. Apenas dos años después, en 2003, se publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, primer ordenamiento especializado en la materia en nuestro país. Esta ley permitió crear al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), una institución pionera en América Latina dedicada a promover la igualdad, atender casos de discriminación y desarrollar políticas públicas para combatirla.

La reforma de 2001 abrió también la puerta para que las entidades federativas construyeran sus propios mecanismos de protección. En la Ciudad de México, ello derivó hace 15 años ya, en la expedición de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, posteriormente, en la creación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), una institución que durante más de una década ha contribuido a colocar la igualdad y la no discriminación en el centro de las políticas públicas de la capital.

La relevancia de los alcances logrados

Los avances logrados desde entonces son significativos. Hoy contamos con legislación especializada, instituciones dedicadas al tema, mecanismos de atención, programas de política pública, acciones afirmativas y una creciente cultura de derechos. Conceptos que hace 25 años eran prácticamente desconocidos en el debate público —como discriminación indirecta, ajustes razonables, accesibilidad, perfilamiento racial o igualdad sustantiva— forman parte del lenguaje jurídico y de las discusiones públicas contemporáneas.

Sin embargo, el camino no terminó en 2001. Diez años después, la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 transformó nuevamente el artículo 1°. Ya no se trató únicamente de prohibir la discriminación, sino de replantear la relación entre las personas y el Estado. 

El antiguo capítulo de “Garantías Individuales” se convirtió en el capítulo de los “Derechos Humanos y sus Garantías”, incorporando el principio propersona, el deber de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la obligación de interpretar la Constitución de conformidad con los tratados internacionales.

La cláusula antidiscriminatoria introducida en 2001 encontró así un nuevo contexto constitucional que fortaleció su alcance y eficacia. La igualdad y la no discriminación dejaron de ser principios aislados para convertirse en ejes transversales de todo el sistema jurídico mexicano. La evolución jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia durante la novena y décima épocas ha sido reflejo de esto.

A 25 años de aquella reforma, vale la pena recordar que su legado no se encuentra únicamente en los textos legales o en las instituciones que ayudó a crear. Su mayor aportación ha sido establecer un consenso democrático fundamental: ninguna persona debe ver limitados sus derechos, oportunidades o posibilidades de desarrollo por una condición de identidad, origen o circunstancia personal.

La discriminación es un problema público que limita el ejercicio de derechos

Vista en retrospectiva, la relevancia histórica de la reforma de 2001 puede apreciarse también en las instituciones que hizo posibles. Sin el reconocimiento constitucional de la no discriminación como una preocupación legítima del Estado mexicano difícilmente se habría desarrollado el andamiaje normativo e institucional que hoy existe en la materia. Tanto

 el Conapred a nivel federal como, años después, organismos especializados como el Copred en la Ciudad de México, son expresión de una convicción constitucional novedosa para su tiempo: que la discriminación no es únicamente una experiencia individual o un conflicto entre particulares, sino un problema público que limita el ejercicio de derechos, reproduce desigualdades y exige respuestas institucionales permanentes. La reforma de 2001 marcó el tránsito de la invisibilidad del fenómeno hacia su reconocimiento como un asunto de interés público y de responsabilidad estatal.

La experiencia de estos 25 años también ha permitido comprender que la discriminación no se elimina exclusivamente mediante mecanismos de denuncia o reparación. Si bien la existencia de procedimientos de atención y defensa de derechos es indispensable, la desigualdad y la exclusión tienen raíces estructurales que exigen respuestas más amplias. Combatir la discriminación implica transformar normas, prácticas institucionales, políticas públicas y patrones culturales que durante décadas han limitado el acceso efectivo a derechos de millones de personas.

Por ello, uno de los principales aprendizajes de este cuarto de siglo es que la política antidiscriminatoria debe concebirse como una política de Estado. La creación de instituciones especializadas como el Conapred y los organismos locales representó un avance fundamental; sin embargo, persiste el desafío de consolidar una estrategia nacional articulada que fortalezca las capacidades de prevención, atención y garantía del derecho a la igualdad en todo el país. La discriminación adopta formas distintas en cada contexto, pero el compromiso constitucional de combatirla debe ser compartido por todas las autoridades y niveles de gobierno.

Este 14 de agosto, el mejor homenaje no consiste únicamente en recordar una fecha o una modificación constitucional. Consiste en reconocer que la igualdad y la no discriminación requieren instituciones, políticas públicas y personas comprometidas con hacer efectivos esos principios todos los días. La reforma de 2001 nos legó una convicción democrática fundamental: que ninguna persona debe quedar al margen de sus derechos por razón de su origen, identidad, condición o circunstancias. También nos legó una responsabilidad, la de seguir construyendo un país en el que la igualdad deje de ser una promesa constitucional para convertirse, cada vez más, en una experiencia cotidiana. ♦

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*Geraldina González de la Vega Hernández es presidenta del Copred.