Reflexiones sobre un Estado que se desmorona…

Pasamos de Tlatlaya a Ayotzinapa en unas cuantas semanas. En este país los escándalos se van acumulando como un largo rosario de atrocidades. En las últimas semanas presenciamos el reportaje sobre la masacre de Tlatlaya, el secuestro y asesinato del diputado de Jalisco a plena luz del día, el asesinato del secretario general del PAN en Acapulco en un concurrido restaurante, y casi al mismo tiempo la desaparición y probable asesinato de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero.

Lo ocurrido en Ayotzinapa no tiene nombre. No hay palabras para describir esta barbarie. No es tolerable que este tipo de eventos sigan ocurriendo sin consecuencias para los responsables. Sin embargo, el presidente municipal está prófugo, al igual que el secretario de Seguridad Pública del municipio. Es increíble. Lo más probable es que nunca volvamos a escuchar de ellos. Si se detiene a alguien, será a un par de policías municipales acusados de jalar el gatillo. De Acteal –allá por el año de 1997– al día de hoy este país repite los mismos dramas sin que pueda percibirse un ligero avance en la construcción de un Estado de Derecho en un régimen democrático. Con Reforma Penal o sin ella estamos prácticamente igual que cuando sucedió aquella otra matanza de Aguas Blancas. En Guerrero, también.

Habrá quien diga que la Normal de Ayotzinapa es un semillero de grupos antisistémicos. Se trata de una escuela peculiar, con un pasado beligerante, por la que pasó alguna vez Lucio Cabañas y que en varios momentos ha coqueteado con algunos grupos guerrilleros de esa región. No obstante, ninguno de estos hechos les quita a estos estudiantes su condición de ciudadanos mexicanos, el respeto a sus garantías individuales, de sus derechos humanos y a la libre manifestación de ideas. No hay razón evidente alguna que justifique ni siquiera la detención de estos jóvenes.

Mientras esto ocurre, los desaparecidos se acumulan por millares en el país. Las regiones en las que no se puede circular con tranquilidad se van expandiendo; una sombra de zonas de alta peligrosidad va creciendo como epidemia. Bandas de criminales controlan municipios y regiones. La violencia también es contagiosa. Cualquier grupo de personas pueden desaparecer sin que se castigue al responsable de estas atrocidades. Cualquier manifestación puede ser considerada una amenaza para el Estado y terminar en una masacre. Sé que en este caso tampoco habrá justicia para los muertos, los padres, las madres, los hijos y hermanos que dejan estos jóvenes. Sé que, una vez más, nadie pagará por estos crímenes. Y sé que, en un par de semanas, una nueva masacre sepultará ésta y todas las que le precedieron. En mi caso, la impotencia acumulada desde hace varios años ya se llama desesperanza.

Me parece que el país no ha avanzado un milímetro en el establecimiento del Estado de Derecho, en respeto a los derechos humanos, en eso que los abogados llaman el debido proceso (vaya usted a saber qué significa eso en términos reales). No hay avance en libertades políticas, tampoco en libertades de expresión (lo dice Freedom House, no yo). Es un hecho que hoy sigue siendo peligroso manifestarse en algunas zonas del país, puede uno fácilmente terminar en una fosa clandestina. La probabilidad aumenta si vives en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Morelos o el Estado de México.

Sin duda, las últimas semanas no han sido las más optimistas en temas de seguridad. Percibo un cierto grado de descuido por parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal. A pesar de las declaraciones triunfalistas, los focos rojos se multiplican por el territorio nacional y todo indica que a la Gendarmería Nacional se le acabarán muy pronto los efectivos para atender las emergencias de toda índole.

Por su parte, el gobierno del estado es incapaz, como muchos otros, de tomar las riendas de sus problemas de seguridad. La desidia de algunos estados es pavorosa. Acapulco es nada menos que la ciudad con la tasa de homicidios dolosos más alta del país, con 109 por cada 100 mil habitantes. Le sigue Chilpancingo con 63 por cada 100 mil. Muchos gobiernos municipales como en el caso de Iguala están cooptados por el crimen organizado. Seguramente no es el único. ¿Cuántos municipios más habrá como Iguala en todo el país? ¿Dónde está la lista completa de los municipios en manos del crimen organizado? ¿Dónde está la relación de los candidatos que tuvieron apoyo del crimen organizado durante sus campañas? Preguntas que no encontrarán respuesta.

Hoy, al igual que hace 17 años nos duele la impunidad de estos hechos, la facilidad con la que ocurren estos eventos sin consecuencias para los responsables y sin cambios institucionales profundos. La sangre sigue corriendo en este país sin que tengamos claridad de cuándo parará esta larga guerra. Si la muerte de 43 jóvenes estudiantes no es suficiente para traer a la justicia a los responsables, estamos una vez más ante la más grave de las omisiones de un Estado democrático: la imposibilidad de proteger a los ciudadanos. Este es el verdadero Estado fallido. Un Estado que se desmorona poco a poco…

@rodaxiando