Con peras y manzanas, ¿de qué va la reforma electoral?

En las últimas semanas nos hemos enfrentado a una enorme cantidad de argumentos a favor y en contra de la reforma electoral. Desde quienes afirman que la democracia mexicana está al borde de la muerte, hasta quienes intentan convencernos de que la reforma electoral propuesta por el presidente fortalecerá nuestra democracia como nunca. Ante este contexto polarizado y frente a una reforma que aborda temas y conceptos altamente especializados, quisiera realizar un ejercicio democrático para intentar explicar -en términos sencillos- los aspectos más relevantes de la reforma, incluyendo cómo está hoy, qué proponen cambiar y qué consideraciones relevantes habría que tomar en cuenta. El objetivo es comunicar a las personas no especializadas cuáles son las implicaciones de esta reforma y por qué importa.

Empiezo aclarando que si bien la reforma abarca una gran cantidad de cambios que conllevan una aún mayor cantidad de consideraciones, me concentraré en aquellos que me parecen más relevantes y donde encuentro una mayor desinformación y/o polarización. Para mí, los siguientes cambios propuestos sí son preocupantes.

Elección de Consejo General y Tribunal Electoral

Quizá uno de los cambios más polémicos propuestos en la reforma electoral es el cambio en el proceso de selección de las personas que conforman el Consejo General del INE y el Tribunal Electoral (TEPJF). A continuación, expongo lo que propone la reforma y sus implicaciones.

Selección del Consejo General del INE 

Actualmente, cualquier persona puede postularse para integrar el Consejo General del INE, ¹ pero la reforma propone que las personas sean ahora postuladas por los tres poderes de la Unión. ² Es decir, el proceso favorece, de entrada, a quienes tienen contacto con quien está en el poder.

Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados, la CNDH y el INAI proponen a las personas que formarán parte de un Comité Técnico ³ que a su vez propone una metodología para evaluar el perfil de las personas aspirantes y preseleccionar a los mejores. ⁴ Tras un proceso largo que incluye escribir ensayos, responder exámenes y presentar entrevistas ante el Comité, éste selecciona a cinco perfiles por cada vacante. Por último, la JUCOPO ⁵ elige a una persona de cada lista que debe ser votada por ⅔ de las y los diputados presentes en el Pleno. La reforma, en cambio, propone que las personas postuladas por los poderes de la Unión se sometan a votación popular. ⁶

Hoy la participación de órganos autónomos dedicados a la defensa de los derechos humanos y la transparencia, y de la JUCOPO (donde debe haber consenso político), para elegir a las personas que conforman el Comité Técnico, permite que la preselección de las y los consejeros contemple criterios de respeto a los derechos humanos y transparencia, sin dejar de lado el consenso político. En contraste, el someter esta selección a la votación popular pone en riesgo los derechos de las minorías. Asimismo, la mayoría calificada exige que haya consenso político, mientras que con la votación abierta puede haber procesos reñidos que generen mayores conflictos y polarización.

Hoy se establece que las personas elegidas durarán nueve años en el cargo, pero que lo ocuparán de manera escalonada para garantizar que no todas dependan del mismo gobierno en turno. La reforma, en contraste, propone que las personas deberán elegirse cada 6 años, lo cual implica que las y los consejeros siempre coincidirán con el partido en el poder.

Selección del Tribunal Electoral

Actualmente, al igual que en el caso del Consejo General, todas las personas que así lo deseen pueden participar en el proceso para ser seleccionadas como magistradas del Tribunal Electoral. La propuesta de reforma propone que éstas sean postuladas por los poderes de la Unión, ⁷ una vez más favoreciendo a quienes tienen ya contacto con quienes detentan el poder.

Hoy, la SCJN define criterios de selección para llevar a cabo dos filtros para preseleccionar aspirantes. Las y los ministros entrevistan a las y los aspirantes seleccionados tras los filtros previos. Tras este proceso, la SCJN envía una terna al Senado por cada vacante. Las y los magistrados deben ser votados por ⅔ de las y los senadores presentes en el Pleno. La reforma propone, al igual que en el caso del Consejo General del INE, que las personas postuladas por los poderes de la Unión para formar parte del Tribunal Electoral se sometan a votación popular. Asimismo, se propone un periodo de seis años para renovar a la totalidad del Tribunal, coincidiendo con el ciclo electoral.

Es común creer que en democracia siempre es mejor someter las cosas a votación popular. Sin embargo, esto es falso. ¿Por qué? Por la misma razón por la que suele decirse que “los derechos no se votan”. Si bien es cierto que para la toma de muchas decisiones es preferible hacer uso de mecanismos de consulta directa, hay excepciones. Cuando se trata de proteger derechos de minorías, someterlos a votación popular implicaría poner en riesgo a estas minorías pues, por definición, no cuentan con la mayoría necesaria para protegerse. La democracia, en este sentido, no debe ser entendida como “la dictadura de las mayorías” como algunas personas sugieren. Por el contrario, una de las características fundamentales de la democracia es que habilita espacios para que las minorías cuenten con reconocimiento, espacios de participación, y protección a sus derechos. Por ello es necesario generar mecanismos que permitan esta protección. Tanto el Consejo General del INE como el Tribunal Electoral deben ser entendidos como árbitros y una de sus misiones es, precisamente, proteger los derechos de las minorías. Por esta razón, es muy mala idea elegirles por votación popular.

Las consideraciones sobre este punto, sin embargo, no terminan ahí. La razón por la cual tanto consejeras y consejeros, como magistradas y magistrados tienen un encargo de nueve años y se eligen de manera escalonada es precisamente evitar que todo el órgano esté influenciado por los mismos intereses en el poder. Pensemos en el contexto actual. La iniciativa propone que se destituya a todo el Consejo General y todo el Tribunal Electoral para elegir unos nuevos que durarán seis años en el cargo. Actualmente, el partido en el gobierno ha mostrado tener influencia en los tres poderes. Esto querría decir que tendría una enorme influencia en la totalidad de las postulaciones para la integración de ambos órganos. Asimismo, los intereses políticos y electorales estarían alineados con la duración de los cargos en ambos órganos. En seis años nos encontraríamos en la misma situación. Así, cada ciclo electoral corre el riesgo de contar con órganos electorales a modo de quien ostente el poder en ese momento.

Hoy todas las personas que así lo deseen son libres de participar en los procesos de selección, tanto del Consejo General del INE como del Tribunal Electoral. De aprobarse esta reforma, la única manera de participar sería ser postulada por alguno de los tres poderes. Esto limita nuestro derecho de participar en los procesos democráticos de nuestro país si nuestro interés es formar parte de los órganos electorales. Como referencia, en el último proceso de selección de consejeras y consejeros del INE participaron voluntariamente casi 400 personas. Asimismo, aun siendo postulada por parte de alguno de los poderes de la Unión, ante un escenario de votación popular, y dado el alto nivel de especialización requerido para ocupar estos cargos, las “campañas” no consistirán en un debate profundo sobre las necesidades de nuestro sistema electoral. Más bien se esperaría que se conviertan en una emulación de un concurso de popularidad, lo cual generaría incentivos para que el acceso a redes clientelares y recursos económicos jueguen un papel fundamental en la definición de quienes integrarán los órganos electorales más importantes de nuestro país sexenio tras sexenio.

Cambio de sistema electoral

¿Cómo funciona actualmente nuestro sistema electoral?

Hoy, la elección del poder legislativo federal se rige bajo las reglas de un sistema electoral mixto. Es decir, utilizamos dos principios (reglas) distintos para elegir a las personas que conforman el Congreso de la Unión. Elegimos a algunas de estas personas bajo el principio de mayoría y a otras bajo el principio de representación proporcional. A las y los legisladores electos bajo el principio de representación proporcional se les conoce, coloquialmente, como “pluris”.

Cámara de Diputadas y Diputados

• 300 curules de mayoría y 200 de representación proporcional (500 en total).
• Mayoría: el país se divide en 300 distritos electorales federales y los partidos postulan a una persona en cada distrito. Gana el o la candidata con el mayor número de votos en su distrito.
• Representación proporcional: el país se divide en 5 circunscripciones plurinominales (de ahí el nombre de “pluris”) según población. En cada circunscripción se eligen 40 personas según este principio (200 en total). Cada partido postula una lista ordenada de 40 personas para cada circunscripción. Las 200 personas que se eligen bajo este principio se designan de acuerdo con la votación obtenida por los partidos en cada circunscripción. Por ejemplo, si un partido pequeño obtuvo 10% de la votación dentro de una circunscripción (y conservó su registro), a pesar de no haber ganado ningún distrito, le corresponderían, aproximadamente, 4 curules bajo este principio. Estos 4 lugares corresponden a las primeras 4 personas de la lista postulada a la circunscripción correspondiente. ⁸

Senado

• 96 escaños de mayoría y 32 escaños de representación proporcional (128 en total).
• Mayoría: cada estado cuenta con 3 escaños de mayoría. 2 los ocupa la fórmula que haya recibido el mayor número de votos en su estado y 1 lo ocupa la persona que encabeza la fórmula de la primera minoría (el segundo lugar).
• Representación proporcional: cada partido postula una lista de 32 personas. Estas 32 personas se eligen de acuerdo con los porcentajes de votación obtenidos por cada partido a nivel nacional, siguiendo el orden de las listas.

¿Qué propone la reforma?

A pesar de que dicen que “se están eliminando a los pluris”, en realidad, están eliminando el principio de mayoría para quedarnos únicamente con el principio de representación proporcional (el principio bajo el cual hoy elegimos a los pluris, precisamente). En otras palabras, proponen que pasemos de un sistema mixto a un sistema de representación proporcional.

Cámara de Diputadas y Diputados

• Se propone reducir el número de diputadas y diputados de 500 a 300 personas.
• Se propone otorgar a cada estado un número distinto de legisladoras y legisladores, según la población. El Estado de México, por ejemplo, sería el que contaría con una mayor cantidad de curules (40), mientras que Baja California Sur, Colima y Campeche sólo tendrían 2 curules cada uno.
• Cada partido postularía una lista para cada entidad con el número de personas correspondiente a los espacios asignados a dicha entidad (en el Estado de México, cada partido enviaría una lista de 40 personas y en Colima, la lista sería de 2, por ejemplo).
• La asignación de estas curules se realizaría de acuerdo con la votación obtenida por cada partido en su respectivo estado. En otras palabras, en Baja California Sur, Colima y Campeche, máximo 2 partidos alcanzarán representación en la Cámara de Diputadas y Diputados, aun cuando un tercer partido pudiera obtener una votación relativamente alta en estas entidades.

Senado

• Se propone reducir el número de senadoras y senadores de 128 a 96.
• Se propone que cada estado cuente con 3 escaños dentro del Senado.
• Cada partido enviará una lista de 3 personas para cada estado.
• La asignación de estos lugares dependerá de la votación obtenida en dicho estado.
• En este caso, de no contar con 33% de la votación en el estado, el partido no podría garantizar ⁹ su representación en esa entidad, independientemente del tamaño de la población.

¿Por qué es problemática?

La primera consideración es que, abiertamente, se está intentando engañar a la gente. En la exposición de motivos, la propia iniciativa menciona que “desde hace décadas se cuestiona la legitimidad de las personas legisladoras en general, pero marcadamente de las plurinominales”. Cito al presidente para explicar por qué los “pluris” han recibido tantas críticas:  las personas legisladoras son “siempre los dirigentes o achichincles de los dirigentes, y que no tienen ninguna recomendación, ni los conoce la gente, pero como tienen influencias, se cuelan”. Esto se debe a que son los partidos quienes eligen las listas y el orden de las personas en las mismas. ¿Quiénes encabezan las listas?, en palabras del presidente, “los dirigentes o achichincles de los dirigentes”. A diferencia del principio de mayoría, donde votamos por una persona para que nos represente, bajo el principio de representación proporcional votaríamos por un partido. Es decir, cedemos el control a los partidos para decidir quiénes son las personas que nos representarían en el Congreso. Esto implica que las y los legisladores tendrían que rendirle cuentas a su partido antes que a la ciudadanía. Si de por sí es difícil pedirle a quienes nos representan que rindan cuentas, con estos cambios ni siquiera tendrían que preocuparse por hacerlo.

Lo anterior, aunado a la dificultad para los partidos pequeños de conseguir espacios en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados en algunos estados, reduciría aún más la posibilidad de que las disidencias o agendas que no se alineen perfectamente con la dirigencia de su partido pudieran tener un espacio en el Congreso de la Unión. La probabilidad de que los partidos pequeños dejen de tener espacios en ambas cámaras a pesar de conservar el registro es sumamente elevada. Para conservar el registro sólo se requiere 3 % de la votación total, pero para alcanzar un espacio en el Congreso muy probablemente esto no sea suficiente. Reducir el número de partidos bajo estas condiciones implica sepultar las agendas de las minorías que ya de por sí han tenido muy poca visibilidad en los últimos años. Las minorías no serían tomadas en cuenta dentro de los partidos grandes y no alcanzarían representación desde los partidos pequeños.

En la iniciativa se menciona que “México tiene una alta proporción de representantes populares” y que “este alto número de representantes existente en México no se ha traducido en una mejor democracia, en mayor cercanía de representantes con población representada, ni en una mayor cantidad de leyes que atiendan las necesidades más sentidas de la sociedad mexicana”. Todo esto es cierto, el problema es que la reforma que proponen no sólo no atiende estos problemas, sino que los empeora.

Eliminación de OPLES y tribunales electorales estatales

¿Cómo funciona actualmente?

Hoy las entidades federativas cuentan con Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES), encargados de recibir e investigar quejas locales, registrar candidaturas, computar y validar los votos. Asimismo, cada estado cuenta con tribunales electorales locales.

¿Qué propone la reforma?

Eliminar los OPLES, centralizando todas las tareas en el INE y eliminar los tribunales locales, centralizando todas las tareas en el Tribunal Electoral.

¿Por qué es problemática?

Por un lado, la centralización propuesta no corresponde con el federalismo en nuestro país, donde cada estado tiene libertades y autonomía. Por otro lado, con la propuesta de crear “órganos temporales y auxiliares durante los periodos electorales” se afectaría la alta especialización que existe actualmente dentro de los OPLES. Finalmente, si consideramos que el proceso de designación del Consejo General y el Tribunal Electoral estarían más vulnerables ante intereses partidistas particulares y la injerencia del partido en el poder, esta centralización se torna aún más preocupante.

Cambios en el financiamiento de los partidos

¿Cómo funciona actualmente?

Todo el financiamiento a partidos es público. Es decir, proviene de nuestros impuestos.

¿Qué cambio propone la reforma?

Que los partidos se financien mediante aportaciones de simpatizantes y militantes. Únicamente recibirán recursos públicos para cubrir sus gastos de campaña durante las contiendas electorales.

¿Por qué es problemática?

Ciertamente es necesario cuidar el gasto público y buscar maneras de utilizarlo de manera eficiente y en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, en donde hay cada vez más evidencia sobre la injerencia del narco en la política y ante la falta de modernización de los mecanismos de fiscalización, surgen dudas sobre la pertinencia de esta propuesta. Por otro lado, hemos escuchado una y otra vez que este gobierno busca separar al poder económico del poder político. Si la propuesta es que los partidos se dejen de financiar con dinero público, la separación buscada resultará imposible. El empresariado tendrá una injerencia más abierta y directa en el poder político, que era justamente lo que se buscaba cambiar en la reforma impulsada por López Obrador, desde la oposición tras las elecciones de 2006, al prohibir la compra de espacios en radio y televisión.

Si lo que se busca es fortalecer la democracia y reducir el gasto público (o implementar la “austeridad republicana” como le llama este gobierno), quizá valdría más la pena cuestionar el gasto que ejerce la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que este año le fue asignado un presupuesto más de seis veces mayor ¹⁰ y cuyo ejercicio es de los más opacos de la Administración Pública Federal.

Los quiénes y los cuándos importan

Antes concluir, quisiera mencionar que no es casualidad que todas las reformas electorales previas hayan contado con tres características en común: 1) fueron presentadas por la oposición, 2) fueron presentadas en la primera mitad del sexenio, y 3) gozaron de amplio consenso entre mayoría y oposición. Ninguna de estas características está presente en la reforma que hoy se discute, lo cual no es menor.

En democracia, una de las características más importantes es dar voz y espacios de participación a las minorías. Por tanto, los cambios en las reglas electorales suelen provenir de exigencias minoritarias, de quienes no se han visto beneficiadas con las reglas actuales. ¿Por qué el partido que goza de una apabullante mayoría querría cambiar las reglas que le permitieron acceder al poder? Por otro lado, este tipo de cambios suelen sugerirse con tiempo suficiente previo a la siguiente contienda electoral, pues es importante dar tiempo a que todas las partes se preparen ante los cambios en las reglas del juego. Proponer cambios radicales a unos meses de iniciar la contienda electoral resulta perjudicial si lo que se busca es mejorar las condiciones de la contienda. Por último y quizá más importante, si lo que se busca es cambiar las reglas que regulan el sistema electoral, es sumamente importante que todas las partes que conforman ese sistema alcancen un consenso. De lo contrario, se corre el riesgo inminente de que cualquier conflicto futuro escale de manera importante. De hecho, uno de los factores que empeoró el conflicto tras las elecciones de 2006 fue, precisamente, la falta de consensos previos. En aquel entonces, la discusión política sobre la conformación del Consejo General del IFE, previo a las elecciones, dejó fuera al PRD, quien postuló como candidato a López Obrador. Cuando se trata de reglas electorales, la falta de consensos no le conviene a nadie.

* Nuria Valenzuela Márquez (@nuriav) estudió Economía y Ciencia Política. Es cofundadora de Crucigrama.

 

¹ En el proceso de 2020, donde se eligieron 2 consejeras y 2 consejeros, participaron casi 400 personas.

² Cada poder postula a 20 personas. En total, 60 personas son postuladas.

³ La JUCOPO de la Cámara elige a 3, la CNDH a 2 y el INAI a 2.

⁴  El último proceso de selección, donde se eligieron 2 consejeras y 2 consejeras fue el siguiente:

• Se revisó que las personas aspirantes cumplieran con los requisitos constitucionales y legales
• Aquellas personas que cumplieron con los requisitos presentaron un examen diseñado por el Comité para evaluar sus aptitudes y conocimientos
• Se revisaron y evaluaron los ensayos y expedientes de las personas que pasaron el examen. Cada expediente fue revisado por al menos dos personas del Comité
• Se seleccionó a los perfiles más adecuados a partir de los criterios definidos por consenso en el Comité
• Se realizaron entrevistas con los perfiles seleccionados
• Después de las entrevistas, el Comité elaboró una lista de 5 personas por cada cargo vacante.
• La JUCOPO eligió, por consenso, a una persona de cada lista
• Se presentó la propuesta al Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se requiere el voto de ⅔ de las personas presentes al momento de la votación para designar a la(s) persona(s) integrante(s) del Consejo General del INE

⁵ Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es el órgano donde todas las fuerzas políticas están representadas y se trabajan los consensos legislativos.

⁶ La persona con el mayor número de votos ocuparía la presidencia del Consejo General.

⁷ Cada poder postula a 10 personas. En total, 30 personas son postuladas.

⁸ Existen algunos candados para evitar la sobrerrepresentación que no abordaré para no complicar innecesariamente la explicación.

⁹ Esto depende de los porcentajes de votación obtenidos por cada partido, por lo que es posible obtener un lugar con una votación menor; sin embargo, votaciones por debajo de aproximadamente 15% no alcanzarían un lugar en el Senado. Incluso en el Estado de México, por ejemplo, donde 15% de la votación representaría millones de votos.

¹⁰ A lo largo de la exposición de motivos de la reforma, se menciona la necesidad de reducir el gasto; sin embargo, el hablar de millones o miles de millones de pesos se lee escandaloso si no se comparan estos montos con el presupuesto de otras dependencias. Para este año, el presupuesto aprobado para SEDENA fue de 104,107.9 millones de pesos, el cual fue modificado para llegar a 124,924.2 millones de pesos. En contraste, el presupuesto aprobado sin modificaciones para el INE fue de 19,736.6 millones de pesos. En otras palabras, el presupuesto total del INE representa únicamente 15% del presupuesto de SEDENA. Como referencia adicional, todos los generales del Ejército reciben un sueldo mensual de entre 130,000 y 160,000 pesos, montos que, a diferencia de los de las 11 personas que integran el Consejo General del INE, no suelen cuestionarse.