Algunas consideraciones sobre la reelección legislativa consecutiva

De entre los más de 21 mil cargos públicos que se elegirán el próximo año, la ciudadanía tendrá en sus manos la posibilidad de reelegir a las y los legisladores del Congreso de la Unión que deseen mantenerse en su curul por un periodo más. No obstante, la reelección legislativa consecutiva es una figura relativamente nueva que aún no ha sido bien reglamentada, motivo por el cual puede generar afectaciones a la equidad y competitividad de la contienda electoral.

Fue en la reforma político-electoral del 2014 que se aprobó la reelección legislativa consecutiva después de estar vedada por más de 80 años, a raíz de la mala experiencia que dejo la dictadura porfirista y la época de los caudillos. Esta reforma abrió la puerta para que las y los diputados federales puedan mantenerse en su cargo hasta por cuatro periodos consecutivos de tres años y a las senadurías por dos periodos consecutivos de seis años. Para las y los legisladores que deseen reelegirse se pusieron algunas reglas, entre las más importantes: solo podrán hacerlo por el mismo partido o coalición por el que se postularon; no están obligados a renunciar a su cargo siempre y cuando sus campañas no interfieran con su labor legislativa y no utilicen los recursos para fines proselitistas; su propaganda electoral debe de ser institucional, es decir, no debe de contener ninguna característica que implique la promoción personaliza, entre otros candados.

En teoría la reelección legislativa consecutiva busca profesionalizar y aumentar la rendición de cuentas de los órganos parlamentarios, además pretende acercar a la ciudadanía con sus representantes y premiarlos (o castigarlos) por su desempeño. Sin embargo, siempre existe una amplia brecha entre la teoría y los hechos. Al menos así lo constató la primera experiencia en las elecciones intermedias del 2021, en las cuales INCIDE Social realizó un proyecto de observación electoral para conocer los perfiles, trayectoria, experiencia y desempeño de las y los diputados federales que buscaron reelegirse, así como analizar los principales lineamientos que reglamentaron el proceso de reelección. Las conclusiones de este proyecto fueron:

• La decisión de participar por la reelección no depende de las y los legisladores, mucho menos de la voluntad ciudadana, sino de las cúpulas partidarias que tienen el control de decidir quien sí y quien no puede buscar la reelección.
• Los criterios para tomar dicha decisión no son claros ni transparentes. Las convocatorias de los partidos para postular sus candidaturas poco o nada dicen sobre la reelección legislativa. De modo que las candidaturas parecen estar supeditadas a favoritismos e intereses particulares.
• Las y los legisladores que obtienen la oportunidad de presentarse a la reelección no necesariamente son los más preparados, los que tienen mayor experiencia o los que tuvieron un mejor desempeño en términos de productividad y participación en las legislaturas.
• Existe el riesgo de que los recursos económicos, materiales y humanos destinados exclusivamente para labores parlamentarias, sean utilizados para actos de campaña debido a que no existen mecanismos que ayuden a diferenciar entre las actividades legislativas y las proselitistas; tampoco se cuenta con controles de transparencia y fiscalización que rindan cuentas de los gastos utilizados para un fin y para otro.
• La reelección legislativa consecutiva puede obstaculizar el acceso y la formación de nuevos cuadros parlamentarios, así como interferir o trastocar el cumplimiento de las cuotas de representación destinadas a grupos vulnerables, como mujeres y personas indígenas.
• Las y los legisladores terminan beneficiándose de la ausencia de una ley reglamentaria sobre la reelección consecutiva que ellos mismos han sido omisos en discutir. Además, esta omisión genera problemas adicionales que, en última instancia, tienen que ser solucionados por las autoridades administrativa (INE) y jurisdiccional (TEPJF) con los recursos a su alcance.
• Los resultados de la elección mostraron que no existe una relación directa entre las y los legisladores que resultaron reelectos y su desempeño, experiencia o trayectoria. Por lo que, su reelección estuvo influida por la inercia de la coyuntura política.

Al final los resultados de las votaciones arrojaron que 7 de cada 10 diputadas y diputados que participaron en la contienda lograron mantenerse en su cargo. Ahora, en el presente proceso electoral cerca del 90 % de la Cámara de diputados y el 70 % del Senado han manifestado su deseo de reelegirse.  Aunque falta ver quiénes estarán finalmente en la boleta, lo cierto es que su desempeño y comportamiento ha dejado mucho que desear, ya que ha estado caracterizado por la abyección, servilismo, conveniencia, omisión e ineficacia. Pero, sobre todo, por el abandono de fungir como contrapeso y la ausencia de diálogo, que es una de las características axiales de todo parlamento y de toda democracia.

De resultar reelectos, en la mayoría de los casos las legisladoras y legisladores obtendrían un premio inmerecido. En consecuencia, es necesario que se emita una ley reglamentaria en la materia que fomente y preserve la equidad en la contienda electoral, así como que la reelección dependa de voluntad de la ciudadanía y no de los partidos y sus dirigencias.  A fin de contar con mejores representantes comprometidos con las necesidades y problemas del país, así como con una democracia más fortalecida.