Construir bienestar: reducir la pobreza y consolidar la seguridad social

La más reciente medición de pobreza multidimensional del INEGI indica que, entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza se redujo en 6.8 puntos porcentuales, lo que equivale a 8.3 millones de personas que dejaron de estar en esa situación. Este resultado muestra que se están mejorando las condiciones de vida, pero también convive con desigualdades estructurales persistentes, especialmente en dos de las carencias que integran la pobreza multidimensional: seguridad social y acceso a la salud.

Este año, por primera vez, el INEGI asumió directamente la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional en México. Se trata de un ejercicio que otorga objetividad y rigor técnico a la manera en que observamos la realidad social del país. La medición no solo ofrece cifras, sino que permite dimensionar con claridad los retos que siguen abiertos para garantizar derechos fundamentales, entre ellos la salud y la seguridad social.

Los resultados de 2024 dibujan un panorama dual: alentador en ciertos frentes, pero también desafiante en otros. La reducción de la pobreza —de 36.3 % en 2022 a 29.6 % en 2024— confirma un avance que merece reconocimiento. Pero, al mismo tiempo, la persistencia de brechas de acceso a la seguridad social y a la salud evidencia que aún hay millones de personas excluidas de la protección que el Estado debería garantizar de manera universal.

En ese contraste entre logros y carencias se encuentra la clave del debate: cómo transformar los avances en un piso firme de derechos sociales que no dependa de condiciones de ingreso, ocupación o transferencias asistenciales.

Seguridad social: avances graduales, retos estructurales

Según los datos del INEGI, la carencia por acceso a la seguridad social ha mostrado una disminución progresiva en los últimos años, aunque todavía de manera limitada. Entre 2018 y 2022, bajó de 53.5 % a 50.2 %, y para 2024 se redujo a 48.2 %. Es decir, solo una de cada dos personas en México tiene acceso efectivo a prestaciones como pensiones, licencias por maternidad o enfermedad, seguro de riesgos de trabajo o servicios médicos vinculados a la afiliación.

Los datos desagregados por decil de ingreso son reveladores: la carencia está profundamente ligada a la estructura socioeconómica del país. Mientras que casi 9 de cada 10 personas en el decil más bajo de ingresos carecen de seguridad social (89.7 %), en el decil más alto solo 1 de cada 5 enfrenta esta situación (19.7 %). En otras palabras, los avances logrados en la cobertura no se distribuyen de manera uniforme, sino que benefician principalmente a los sectores con mayores ingresos.

La ocupación tampoco garantiza automáticamente acceso a la seguridad social. En 2024, 33.2 millones de personas trabajadoras ocupadas contaban con afiliación, pero 30.6 millones no la tenían. Aún más grave: 21.9 millones de personas ocupadas carecen tanto de seguridad social como de servicios de salud, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad total frente a cualquier contingencia.

En el caso de las personas mayores de 60 años, la situación muestra otro matiz: aunque 3.3 millones reciben transferencias de programas sociales, alrededor de 5.4 millones permanecen sin seguridad social. Es un dato que subraya tanto el alcance como las limitaciones de los apoyos no contributivos, que son importantes para paliar carencias inmediatas, pero insuficientes para garantizar una protección integral y sostenida.

Este panorama evidencia la urgencia de construir un sistema de seguridad social más incluyente y con bases financieras sólidas. Ello implica, entre otros aspectos, fortalecer la cotización tripartita, incentivar la afiliación individual y asegurar una mejor articulación entre esquemas contributivos y apoyos no contributivos. Las transferencias sociales cumplen un papel relevante para millones de personas, pero su eficacia será mayor en la medida en que se complementen con mecanismos de aseguramiento que fortalezcan al sistema en el largo plazo.

Salud: una reducción después del pico

Entre 2018 y 2022, la carencia por acceso a los servicios de salud prácticamente se duplicó, al pasar de 16.2 % a 39.1 % de la población. Fue un incremento abrupto que dejó en evidencia las debilidades estructurales. Para 2024, la cifra descendió a 34.2 %, lo que equivale a 44.5 millones de personas. Este retroceso respecto al pico anterior indica que la cobertura se está recuperando progresivamente, aunque aún no alcanza los niveles que se tenían hace siete años.

La disminución reciente es un signo positivo, pero no suficiente. El desafío sigue siendo avanzar hacia la cobertura universal en salud y seguridad social, de manera que ninguna persona quede desprotegida frente a contingencias previsibles. En este sentido, las nueve ramas de aseguramiento de la seguridad social —enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez, estancias infantiles, prestaciones sociales, entre otras— constituyen la red de protección más robusta y probada para hacer frente a los riesgos de embarazo, enfermedad, accidentes o muerte.

A pesar de los avances, la cifra de 21.9 millones de personas ocupadas sin seguridad social ni servicios de salud es una llamada de atención contundente. No se trata solo de estadísticas: son millones de familias que enfrentan enfermedades o emergencias sin respaldo institucional, lo que debilita tanto su bienestar como la capacidad del sistema en su conjunto. Fortalecer el sistema de protección social mexicano no es, por tanto, una opción: es una necesidad inaplazable para consolidar derechos y garantizar justicia social.

Un sistema de protección social más inclusivo

La medición de pobreza multidimensional no solo cuantifica a la población en rezago: también muestra quiénes son y en qué dimensiones enfrentan las mayores carencias. Esto la convierte en una herramienta valiosa para orientar la política pública.

México cuenta con capacidades institucionales y experiencias que pueden escalarse. La tarea es cerrar brechas, ampliar el alcance de la seguridad social y consolidar sistemas de salud más incluyentes. Las nueve ramas de aseguramiento de la seguridad social siguen siendo, hasta ahora, la mejor protección comprobada ante riesgos de embarazo, enfermedad, accidentes o muerte.

Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), este tipo de información es clave para impulsar la cooperación técnica entre países de la región y avanzar hacia la cobertura universal.

La reducción de la pobreza en México representa un avance en las condiciones de vida de las personas. Al mismo tiempo, la consolidación de la seguridad social y la salud como derechos efectivos y universales abre la posibilidad de construir un país distinto: uno que no solo atiende carencias, sino que asegura bienestar con justicia social. Ese es el horizonte que inspira y orienta la acción colectiva.

* Luis Alejandro Estrada (@je_nesaispas) es candidato a doctor en Políticas Públicas por el CIDE; actualmente se desempeña como especialista de la Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos en la CISS.