Redes sociales: proteger para garantizar el derecho a aprender

Por Maura Rubio Almonacid* 

La publicación del Decreto para Garantizar Entornos Digitales Seguros para Niñas, Niños y Adolescentes abre una discusión necesaria, quizá poco atendida en México. Las redes sociales se han convertido en uno de los espacios donde niñas, niños y adolescentes construyen relaciones, exploran intereses, acceden a información y participan activamente en la vida social y cultural, pero también están expuestos a riesgos que no pueden ignorarse. ¿Cómo proteger a estas generaciones sin privarlas de las oportunidades educativas que ofrecen estos entornos?

El debate público se ha concentrado en los riesgos que las redes sociales representan para el bienestar y el desarrollo de las infancias. Organismos internacionales como la OMS, UNICEF y UNESCO advierten sobre los efectos del uso intensivo de pantallas en la salud física y emocional, los riesgos asociados al ciberacoso y la exposición a contenidos nocivos, así como las afectaciones que pueden generar en los procesos de aprendizaje. Al mismo tiempo, coinciden en que la respuesta no debe limitarse a restringir el acceso, sino combinar protección, acompañamiento y formación para un uso seguro y responsable de las tecnologías.

La evidencia derivada de la investigación muestra que las redes sociales y los entornos digitales pueden aportar oportunidades valiosas para el aprendizaje, la participación y el desarrollo de competencias indispensables para la vida en el mundo digital.

Desde una perspectiva educativa, las tecnologías digitales amplían las oportunidades para aprender. Permiten acceder a información, compartir conocimientos, participar en comunidades de interés y desarrollar habilidades de comunicación, colaboración y creación de contenidos. Para muchos estudiantes, especialmente en contextos con acceso limitado a bienes culturales, constituyen una ventana hacia nuevas experiencias educativas y espacios de participación social y comunitaria.

Distintas experiencias educativas muestran las posibilidades educativas de las plataformas. Durante la pandemia, WhatsApp fue una herramienta fundamental para mantener la comunicación entre docentes, estudiantes y familias. Asimismo, YouTube y TikTok han permitido acercar recursos audiovisuales, desarrollar proyectos y fortalecer habilidades de comunicación, colaboración y creatividad. Utilizadas con intencionalidad pedagógica puede generar oportunidades de aprendizaje significativo.

Es la era de la la alfabetización digital

A su vez, la alfabetización digital se ha convertido en uno de los aprendizajes indispensables de la educación básica. Comprender cómo circula la información, identificar contenidos engañosos, proteger la privacidad, reconocer las dinámicas de funcionamiento de los algoritmos y participar de manera ética en espacios virtuales son capacidades tan relevantes para la ciudadanía como la comprensión lectora o la resolución de problemas.

Precisamente porque las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de millones de estudiantes, es necesario reconocer las condiciones bajo las cuales sus beneficios pueden verse limitados o incluso revertirse. La exposición a contenidos violentos, discursos de odio o dinámicas de acoso exige mecanismos de protección. Además, el diseño de muchas plataformas favorece patrones de uso intensivo que pueden desplazar actividades fundamentales para el desarrollo integral, como el sueño, la actividad física, la convivencia presencial y el estudio.

En este contexto, el decreto presidencial exige a las grandes empresas tecnológicas una mayor responsabilidad en la protección de niñas, niños y adolescentes. La eliminación de contenidos dañinos, la activación de configuraciones de privacidad por defecto y la obligación de colaborar ante amenazas graves forman parte de una tendencia internacional que busca trasladar parte de la responsabilidad hacia las plataformas que diseñan y administran estos entornos digitales.

Con el decreto, México se suma a más de 60 países que han impulsado regulaciones, restricciones o iniciativas legislativas para proteger a niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales; además, la UNESCO reporta que 114 naciones aplican medidas para regular el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas. La creciente preocupación internacional refleja que, además de la regulación, se requiere de un equilibrio adecuado entre protección, aprendizaje y ejercicio de derechos.

No obstante, la regulación por sí sola difícilmente resolverá los desafíos que enfrenta la educación en la era digital. La experiencia internacional muestra que las prohibiciones absolutas o las restricciones indiscriminadas no siempre producen los resultados esperados. Limitar el acceso sin desarrollar capacidades puede generar efectos contraproducentes, fomentar estrategias de evasión o simplemente trasladar los problemas a otros espacios menos regulados. La protección es necesaria, pero no puede sustituir a la formación.

La cultura digital es responsabilidad de todos

Por ello, la discusión pública tendría que avanzar hacia una política integral de cultura digital desde la educación básica. Si los entornos digitales marcan nuestra era, la escuela tiene la responsabilidad de prepararlos para desenvolverse en ellos de manera segura, crítica, ética y responsable. Esto implica incorporar de forma sistemática contenidos relacionados con ciudadanía digital, pensamiento crítico frente a la información, protección de datos personales, convivencia en línea y comprensión de los algoritmos que moldean la experiencia digital.

La construcción de una cultura digital exige una corresponsabilidad clara entre escuela, familias, Estado y plataformas tecnológicas. Mientras las escuelas forman competencias para la vida digital, las familias acompañan y orientan, el Estado regula e implementa políticas públicas pertinentes, y las empresas asumen la responsabilidad de diseñar entornos más seguros para las y los usuarios más jóvenes.

Está, además, el desafío de  la equidad. La protección de las y los estudiantes puede implicar nuevas formas de exclusión digital. En un país marcado por profundas desigualdades, hablar de ciudadanía digital sin garantizar conectividad, infraestructura y acceso a recursos educativos adecuados puede ampliar las brechas existentes.

El alcance del decreto dependerá de que se acompañe de una agenda educativa capaz de formar usuarios críticos, autónomos y responsables. Regular a las empresas es necesario. Educar para el mundo digital es indispensable. Ambas estrategias permitirán que docentes y estudiantes aprovechen las oportunidades de las redes sociales y eviten sus riesgos. De esa manera, la política pública podría contribuir no solo a proteger a niñas, niños y adolescentes, sino también a formar ciudadanos digitales y garantizar el derecho de todas y todos a aprender en la sociedad digital.♦ 

*Maura Rubio Almonacid es directora de Investigación en Mexicanos Primero.

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