Redefinir la corrupción

Por: Ernesto López Portillo Vargas (@ErnestoLPV)

La corrupción en México, entendida como el uso de recursos públicos para beneficios privados, es epidémica. Es aceptado el principio según el cual no se puede transformar aquello que no se logra entender. Estoy convencido de que las definiciones generalmente aceptadas sobre la corrupción, al menos en México, están muy lejos del fenómeno que pretenden caracterizar. Propongo en consecuencia trabajar en interpretaciones que, en la medida que logran aproximaciones profundas a la realidad, funcionan como palancas útiles para transformarla.

En la década de los noventa conocí a Antanas Mockus, entonces Alcalde de Bogotá, Colombia. Así me enteré del paradigma de la cultura ciudadana y su articulación en un programa de gobierno local. Desde entonces pensé que se trataba de la más sólida y ambiciosa propuesta democrática de gobierno que yo había visto en América Latina. Uno de los soportes teóricos más agudos de la cultura ciudadana es la interpretación de los vasos comunicantes de la triada normativa de la moral, la cultura y la ley. La moral es la regulación informal interna de cada quien, la cultura es la regulación colectiva informal y la ley es la regulación colectiva formal. Mi tesis en torno a la corrupción es que en México las esferas normativas informales y la formal están profundamente disociadas. Mientras aquéllas la autorizan, ésta la censura.

Los fenómenos sociales no pueden ser entendidos a partir de lo que se quiere que sean, sino a partir de lo que son. Es cierto, puede haber múltiples ángulos para explicar lo que un hecho es, pero hay instrumentos que permiten distinguir regularidades en las relaciones sociales y éstas, a su vez, pueden representar lo que denomino preferencias hegemónicas. Hay evidencias suficientes para afirmar que la corrupción es un recurso empleado de manera masiva y con ese supuesto se debe trabajar para caracterizar el fenómeno; en otras palabras, si en verdad queremos entender de qué se trata, de nada vale trabajar desde el supuesto de los discursos formales -político y legal- donde la corrupción está censurada, sino desde su dimensión generalizada. El punto de partida sería entonces que la corrupción es parte de la manera como convivimos. La tolerancia a la misma es regular, mientras que la censura –en la práctica–es excepcional. Si volvemos a la triada mencionada tenemos que la corrupción es moral y culturalmente aceptada y sólo formalmente censurada. Se trata de un desdoblamiento esquizofrénico. En todo foro público se condena la corrupción, mientras que el aprovechamiento de recursos públicos para beneficios privados es parte de las reglas del juego.

Trato entonces de entender el asunto desde otro lugar. Los estudios de opinión han encontrado por décadas que el valor social otorgado a la ley es débil o incluso negativo. La percepción mayoritaria es que la ley no beneficia al ciudadano común en la vida diaria o incluso favorece a los menos y coloca en desventaja a los más. Creo que lo anterior es a su vez consecuencia de una impronta cultural histórica que desacredita toda narrativa que nos coloca en posición de iguales, justamente como lo hace la ley. La igualdad formal ante la ley es desacreditada desde la experiencia y la percepción de la desigualdad, precisamente ante ella misma. Lo anoto de otra manera: desde la cultura política no nos aceptamos como una comunidad de iguales y eso provoca, por un lado, el descrédito de la ley en la práctica –justo porque nos iguala– y, por el otro, el uso de la corrupción como palanca de movilidad social que profundiza las diferencias. Así entendida, la corrupción, lejos de ser censurada, es percibida como una oportunidad disponible que puede y debe ser utilizada. Ensayemos entonces otro significado de la corrupción, entendiéndola como una herramienta de diferenciación y hasta de movilidad social. Estamos entonces ante la censura formal de un fenómeno que más bien es en los hechos significado como una ventaja. Tal vez así podemos explicarnos mejor la esquizofrenia.

* Ernesto López Portillo Vargas es Director Ejecutivo de Insyde.