Jardiel Palomec · 27 de julio de 2016
Por: Fernanda Gómez Abán
Discusiones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) han ido y venido. Sin duda es perfectible, pero no deja de ser el primer esfuerzo integral para hacer frente coordinadamente a uno de los problemas más grandes que enfrenta el país: la corrupción. El SNA es un gran logro de la sociedad civil organizada que está harta de las prácticas corruptas que permean todos los niveles de gobierno y distintos aspectos de la gestión de recursos públicos. Por ello, el SNA, en su calidad de primera iniciativa ciudadana, fue creado para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, y para controlar y fiscalizar mejor el gasto público.
Las aportaciones del SNA en materia anticorrupción van mucho más allá de la Ley 3 de 3 y de las declaraciones patrimoniales, eso es sólo un engrane, importante, pero sólo un engrane. Para dar seguimiento puntual a la información que generen los servidores públicos, los organismos gubernamentales y los sistemas de fiscalización a nivel local y federal se creó la Plataforma Digital Nacional (PDN). Son al menos seis sistemas de información que forman la PDN y que deberían convertirse en las herramientas de consulta básica en la lucha anticorrupción.
Los sistemas de información que conforman la PDN permitirán consultar e intercambiar información de la gestión gubernamental de manera sencilla y rápida. La importancia de la PND no sólo radica en el sinfín de datos que contendrá sino en la facilidad con la que estos sistemas se comuniquen entre sí y permitan tener mejor control sobre el desempeño de los servidores públicos y de los particulares que brindan algún servicio al Estado. Por ello, es de suma importancia mencionar que el SNA y el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) permitirán homologar y simplificar diferentes procesos, criterios y funciones para transparentar las decisiones de gasto público y reducir la discrecionalidad con la que hoy se conducen los servidores públicos.
Hasta ahora sólo se ha hecho mención del primer sistema de la PDN, el sistema de registro de evolución patrimonial y declaración de intereses. Este sistema será un acervo de información sobre el patrimonio de los servidores públicos que permitirá identificar si existe enriquecimiento ilícito o algún conflicto de interés al desempeñar un cargo público. Contendrá versiones públicas de las declaraciones patrimoniales para que estén disponibles a la ciudadanía, pero el total de la información recopilada estará a disposición de las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes en caso necesario.
También existirá un sistema de comunicación del SNA y el SNF que permita coordinar los esfuerzos entre todos los órdenes de gobierno y darle seguimiento puntual a las reformas anticorrupción. Así podremos medir y evaluar los avances de la lucha anticorrupción y proponer mejoras a las políticas que desarrolle el Comité Coordinador del SNA.
El tercer sistema será un catálogo de servidores públicos que participen en procesos de contratación. Así, los ciudadanos podremos conocer quiénes son los servidores públicos que toman decisiones para otorgar obra pública y contratos de servicios que representan millones de pesos del erario. Tanto las autoridades como la sociedad civil podremos estar particularmente vigilantes de su desempeño.
Ligado al sistema anterior, habrá un sistema de información pública de contrataciones por medio del cual todos podremos estar enterados de las condiciones de contratación, las contraprestaciones y los beneficiarios de contratos públicos.
Finalmente habrá dos sistemas que facilitarán el proceso de denuncia y de sanción de servidores públicos y particulares que participen en actos de corrupción. Se creará un sistema de denuncia anónima. Una vez que existan sanciones por faltas administrativas graves o por delitos habrá un registro de servidores públicos y particulares sancionados.
Para el correcto funcionamiento de la PDN se necesita que todas las dependencias sean capaces de recopilar la información necesaria y actualizarla constantemente por ello se tienen que reformar las leyes locales para que puedan crear sistemas anticorrupción locales y homologuen los criterios y procesos para realizar auditorías al gasto gubernamental. Todas estas reformas deberán estar listas el próximo año, con la normatividad relativa a las instituciones del SNA y la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el SNA empezará a funcionar a mediados de 2017.
La información es poder y por ello la Plataforma Digital Nacional, bien implementada y con las características técnicas de seguridad y funcionalidad, fortalecerá las capacidades institucionales en la lucha anticorrupción y empoderará a la ciudadanía para denunciar actos de corrupción y verificar que la gestión de servidores públicos esté alineada con la legalidad y la transparencia. Desde su trinchera, la sociedad civil deberá ser un fiel vigilante y proactivo colaborador del Comité de Participación Ciudadana para proponer, oportunamente, mecanismos de mejora de la Plataforma.
* Fernanda Gómez Abán es integrante de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (@MXvsCORRUPCION).