¿Reconstrucción policial en Estados Unidos?

El homicidio de George Floyd en Estados Unidos parece estar provocando un “efecto bola de nieve” que quizá rebasa cualquier escenario en cuanto a la profundidad y amplitud de los cambios que serán propuestos y experimentados, en la arquitectura de la policía y su relación con las comunidades. El problema de discriminación y brutalidad policial que allá tienen es sistémico y hay quien está pensando ciertamente en soluciones igualmente sistémicas.

Once días después del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, y en medio de una ola de protestas a nivel internacional, el pasado 6 de junio fue presentado en Estados Unidos el proyecto legislativo demócrata de reforma policial conocido como “Justice in Policing Act of 2020”.

La propuesta legislativa fue presentada por Karen Bass, y  firmada (sponsored) por otros 164 congresistas demócratas; hasta el momento se han sumado 48 nuevas firmas (todos demócratas). En el senado fue presentada el mismo día por Cory Booker, y copatrocinada por 35 demócratas; a la fecha se ha sumado el senador Bernie Sanders (independiente).

Debido a los recientes y desafortunados eventos de brutalidad policial, tanto en Estados Unidos como en México, merece la pena exponer –así sea de manera general- la propuesta de los congresistas estadounidenses, ante una problemática históricamente irresuelta.

Esta iniciativa pone al centro la responsabilización y rendición de cuentas policial, con el objetivo de prevenir y evitar el uso excesivo de la fuerza y las malas conductas derivadas de la discriminación racial y religiosa, principalmente, a través de: a) la responsabilización policial y homologación de estándares para el cumplimiento de la ley, b) la investigación de patrones y prácticas de abusos y mala conducta, c) la creación mecanismos de transparencia y recopilación de datos, d) la capacitación de las fuerzas que hacen cumplir la ley y e) la promoción de la supervisión y participación comunitaria.

a) Responsabilización policial y homologación de estándares para el cumplimiento de la ley

La iniciativa pretende enmendar la sección 242 del Estatuto Penal Federal sobre las Malas Conductas de los Policías, para eliminar la inmunidad calificada en caso de que los agentes violen los derechos constitucionales, es decir, cambiar el estándar de responsabilidad criminal “intencional”, por el de “indiferencia negligente”. Además, solicita convertir el linchamiento en delito federal. También solicita al fiscal general la creación de una acreditación para la aplicación de la ley con base en las recomendaciones del “Grupo de Trabajo del Presidente Obama sobre la Vigilancia Policial del Siglo XXI”, con el acompañamiento de los organismos de supervisión civil.

Dicha acreditación debe incluir estos estándares: prohibir los arrestos sin aviso o sin orden previa (No-knock); prohibir los estrangulamientos; cambiar el estándar de uso de la fuerza para que la fuerza letal sea utilizada como último recurso, después de las técnicas de des escalamiento; limitar la transferencia de equipamiento militar a las fuerzas locales; requerir a los policías federales el uso de cámaras corporales y el uso de cámaras del tablero de los vehículos, y en el caso de los agentes locales, propiciar el uso de estas cámaras haciendo uso de los fondos federales.

b) Investigación de patrones y prácticas de abusos y mala conducta

El documento propone que la División de Derechos Civiles del Departamento de Estado, tenga la facultad de citar a los agentes que hayan cometido abusos policiales por motivos de discriminación, así como la creación de un programa de subvenciones estatales para el desarrollo de investigaciones independientes.
Plantea solicitar al fiscal general la recopilación de datos sobre investigaciones y detenciones, que incluyan información sobre la distribución racial en el uso de la fuerza por y contra agentes del orden, y sobre las detenciones y revisiones en la vía pública. De igual forma, incorpora el establecimiento de un grupo de trabajo del Departamento de Justicia para coordinar las investigaciones, el proceso de enjuiciamiento y aplicación de la ley.

c) Creación de mecanismos de transparencia y recopilación de datos

Establecer el Registro Nacional de Mal Comportamiento Policial, con la finalidad de tener información precisa sobre las quejas de abuso policial y evitar que policías que tengan antecedentes puedan trabajar en otro departamento sin haber sido sujetos de responsabilidad. Por su parte, las agencias estatales podrán verificar si los agentes están certificados.
Además, los estados deberán reportar información desagregada (sexo, edad, origen étnico, discapacidades, estado de la vivienda, fluidez para hablar inglés) al Departamento de Justicia sobre los incidentes del uso de la fuerza.

d) Capacitación de las fuerzas que hacen cumplir la ley

La propuesta incluye, como mandato federal, la capacitación obligatoria de los agentes en materia de prejuicios raciales y el “deber de intervenir”. Condiciona los fondos federales a la adopción de políticas estatales y locales que erradiquen la selectividad de víctimas de abusos, e incentiven las buenas prácticas. Por su parte, expone la necesidad de que el fiscal general genere informes sobre la situación actual y los avances.

e) Promoción de la supervisión y participación comunitaria

En contraparte de la brutalidad policial discrecional, la iniciativa demócrata apuesta por los programas de policía basados en la comunidad; para ello, reconoce la experiencia de las organizaciones de acreditación y aplicación de la ley, las organizaciones laborales, las organizaciones comunitarias y las organizaciones profesionales de supervisión civil para el desarrollo de estándares.

También incentiva el financiamiento de proyectos acompañado por comisiones locales y grupos de trabajo, de manera similar a la propuesta del Grupo de Trabajo del Presidente Obama, mencionado anteriormente.

La sola lectura de esta amplísima propuesta enseña un enfoque de cambio sistémico precisamente ante un problema de discriminación y abuso policial sistémico. El proyecto tiene más aspectos de la mayor importancia que comentaremos en otra colaboración; entre ellos la sección 365 que regula limitaciones al acceso de armamento y equipo militar por parte de las instituciones policiales.

La iniciativa aquí descrita debe ser estudiada a fondo, más a allá de qué futuro tenga en Estados Unidos. Bien analizada, implica un montón de lecciones aprendidas o posibles lecciones aprendidas pertinentes y oportunas en cualquier parte donde existan los liderazgos políticos, institucionales y sociales a favor de la reforma democrática de la seguridad y la rendición de cuentas policial.

@ErnestoLPV

Colaboró Arisbeth Hernández Tapia.