Las 318 recomendaciones de la ONU a México en derechos humanos

Redacción Animal Político · 31 de enero de 2024

El pasado 26 de enero se distribuyó el documento con las 318 recomendaciones dirigidas a México en el marco del Examen periódico universal 2024 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estas recomendaciones constituyen un parámetro de referencia para valorar si nuestro país avanza o no en la promoción y protección de los derechos humanos. En junio próximo el estado mexicano comparecerá para responder si acepta o no esas recomendaciones.

La lectura de las recomendaciones da cuenta de la noticia que el entorno internacional tiene sobre el conflicto masivo, sistémico y estructural que padece México en materia de derechos humanos.

Enlisto a continuación las 318 recomendaciones (traducción propia):

Ratificar el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (Chile) (Paraguay);
Ratificar el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (Chipre);
Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (Madagascar);
Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y la Convención para reducir los casos de apátrida de 1961 (Panamá);
Ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos y los protocolos facultativos que no había ratificado (Ucrania);
Considerar la posibilidad de ratificar los tratados internacionales de derechos humanos que aún no ha ratificado (Estado de Palestina);
Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Madagascar);
Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Níger);
Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Portugal);
Considerar la posibilidad de adherirse a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (Armenia);
Ratificar la Convención contra la Discriminación en la Educación (Chipre);
Llevar a cabo investigaciones eficaces y oportunas sobre las violaciones de los derechos humanos de los migrantes (Bangladesh);
Llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de las violaciones de los derechos humanos de los migrantes, mediante el establecimiento de una oficina de protección pública y de tribunales de distrito especializados en cuestiones de movilidad humana que supervisen la detención de los migrantes (Kirguistán);
Considerar la posibilidad de revisar la Ley de migración, especialmente la detención administrativa de migrantes, garantizando su aplicación como último recurso, durante el menor tiempo posible, respetando los derechos humanos y cumpliendo plenamente las normas internacionales (Brasil);
Modificar la Ley de migración para eliminar las disposiciones que permiten la detención administrativa automática de todas las personas en situación de migración ilegal (Kirguistán);
Aplicar las recomendaciones del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de 2022 y la ley general sobre desapariciones forzadas, en particular a nivel de los estados federales (Francia);
Reforzar los marcos institucionales y aumentar los recursos destinados a prevenir y resolver las desapariciones forzadas (Samoa);
Seguir cooperando con el Comité contra la Desaparición Forzada para aplicar sus recomendaciones, incluida la adopción de una política nacional integral para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas (Rumania);
Trabajar para aplicar las recomendaciones de los órganos de tratados en los que México es parte, en particular el Comité de los Derechos del Niño (Arabia Saudita);
Aplicar plenamente la Ley sobre desapariciones forzadas, en particular reforzando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, garantizando la participación de los familiares de las víctimas (Alemania);
Seguir adoptando medidas para otorgar un trato adecuado y humano a todos los viajeros a México, incluidos los migrantes (India);
Continuar los esfuerzos para defender el principio de no devolución de los migrantes y respetar el pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular (Iraq);
Adoptar nuevas medidas para garantizar la aplicación de las políticas de promoción y protección de los derechos de las mujeres y las niñas, los migrantes y los niños refugiados (Japón);
Adoptar medidas para garantizar y proteger los derechos de las personas en situación de movilidad, en particular los migrantes, los refugiados y las víctimas de delitos (Perú);
Establecer mecanismos nacionales y transnacionales para garantizar el acceso a la justicia, la localización y el intercambio de información forense en beneficio de los migrantes (Kirguistán);
Revisar los marcos legislativos sobre migración y sus mecanismos de aplicación para colmar las lagunas y garantizar su plena conformidad con el derecho internacional (República Árabe Siria);
Trabajar constructivamente con los países en la acción multilateral para alcanzar las mejores prácticas internacionales en el ámbito de los derechos humanos y respetar las especificidades culturales y religiosas de todos los países (Arabia Saudí);
Adoptar y aplicar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas (Croacia);
Mantener los valiosos esfuerzos de la comisión ejecutiva encargada de apoyar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (Líbano);
Proporcionar herramientas y formación integral a los funcionarios públicos en el ámbito de los derechos humanos (Eslovaquia);
Aumentar los recursos, incluidos los financieros, de las fiscalías a nivel federal y estatal de la federación y reforzar la coordinación interinstitucional para combatir la impunidad (Suiza);
Fortalecer, desde una perspectiva interseccional y de género, el Mecanismo federal de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, específicamente en las áreas de prevención, protección, investigación y reparación (Canadá);
Fortalecer el sistema nacional de seguimiento e implementación de las recomendaciones en materia de derechos humanos, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno (República Dominicana);
Seguir reforzando los mecanismos nacionales para garantizar la igualdad para todos y eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, especialmente en el espacio político (Uganda);
Continuar sus buenos esfuerzos para luchar contra la discriminación, el racismo y la incitación al odio (Argelia);
Redoblar sus esfuerzos para combatir la discriminación, en particular contra los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, los niños y los adultos mayores, así como las mujeres, especialmente las que se han enfrentado a una discriminación múltiple e interseccional (Azerbaiyán);
Reforzar la legislación nacional para combatir mejor la discriminación racial (Burkina Faso);
Seguir abordando las desigualdades sociales y garantizar una protección integral contra la discriminación que sufren las mujeres, las comunidades afromexicanas, los pueblos indígenas y las personas que viven en zonas rurales (Burundi);
Intensificar los esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de discriminación, en particular contra las mujeres, los niños y las poblaciones indígenas (Camerún);
Garantizar una protección completa para erradicar todo tipo de violencia contra las comunidades afromexicanas, las comunidades indígenas y las que viven en zonas remotas y rurales (Congo);
Proporcionar recursos suficientes al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de avanzar hacia la igualdad y dar una respuesta eficaz a las denuncias de discriminación racial (Costa Rica);
Adoptar nuevas medidas para reducir los estereotipos de género y las desigualdades entre hombres y mujeres, en particular mediante la realización de campañas integradoras de sensibilización sobre la no discriminación y la igualdad de género (Estonia);
Proporcionar al Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para cumplir su mandato con eficacia (Grecia);
Eliminar los estereotipos de género (Islandia);
Investigar a fondo todos los casos de violencia de género y garantizar la reparación, incluida una indemnización adecuada, a las supervivientes de la violencia de género (Islandia);
Proseguir sus esfuerzos para combatir la discriminación que sufren las mujeres, los indígenas y otros sectores vulnerables (India);
Incrementar los esfuerzos para hacer frente a la discriminación contra la mujer (Kuwait);
Intensificar los esfuerzos para eliminar la violencia contra la mujer y promover la igualdad de género (República Democrática Popular Lao)
Reforzar las políticas públicas y las campañas de sensibilización destinadas a luchar contra la discriminación y el racismo (Marruecos);
Intensificar los esfuerzos para combatir el racismo y la discriminación en todas sus formas (Nigeria);
Proseguir los esfuerzos para garantizar una protección integral contra la discriminación, especialmente hacia las personas vulnerables (Timor-Leste);
Garantizar una protección integral contra la discriminación de las mujeres, las comunidades afromexicanas, los pueblos indígenas y las personas que viven en zonas rurales (Togo);
Adoptar medidas para garantizar la plena aplicación de la legislación y las políticas relativas a la desaparición forzada, especialmente proporcionando recursos financieros suficientes y estableciendo instituciones específicas para esta cuestión (Túnez);
Seguir los esfuerzos para realizar investigaciones exhaustivas e independientes de todas las denuncias de desapariciones forzadas, llevar a los autores ante la justicia y garantizar la reparación a las víctimas, en particular a las familias de las personas desaparecidas (Uruguay);
Fortalecer las capacidades necesarias para emprender investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado (República Bolivariana de Venezuela);
Fortalecer las instituciones y las políticas sobre desapariciones forzadas de personas, con el debido seguimiento a las acciones de búsqueda de los desaparecidos, y el apoyo y protección integral a las víctimas (República Bolivariana de Venezuela);
Proseguir los esfuerzos encaminados a investigar y castigar los casos de desapariciones forzadas (Argentina); Adoptar nuevas medidas para prevenir, investigar y castigar eficazmente los actos de desaparición forzada (Ucrania);
Aplicar las recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y seguir reforzando el acceso de las víctimas y sus familias a la verdad y la justicia (Austria);
Aplicar eficazmente la política nacional de erradicación y prevención de las desapariciones forzadas para demostrar resultados concretos en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas y la condena de los autores (República Checa);
Adoptar las medidas jurídicas y administrativas necesarias para hacer frente a la crisis de las desapariciones forzadas, incluida la asignación de recursos suficientes y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas (Ecuador);
Seguir investigando los incidentes de desapariciones forzadas y llevar a los autores ante la justicia (Ghana);
Poner en marcha todas las medidas e instrumentos previstos por la ley general relativa a las desapariciones forzadas y dotar a las instituciones responsables de la cuestión de los recursos necesarios (Luxemburgo);
Redoblar los esfuerzos para investigar los casos de personas desaparecidas (Perú);
Velar por la plena aplicación de la Ley general de prevención de la tortura y dotar al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de recursos financieros y humanos suficientes para desempeñar su función (Túnez);
Adoptar las medidas necesarias para reforzar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, investigar y enjuiciar, y reforzar con recursos la independencia de la Fiscalía para acusar a los autores (Kenia);
Adoptar políticas eficaces para reducir los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales (Bahréin); Seguir adoptando medidas para frenar los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales (India);
Redoblar los esfuerzos para reducir la tasa de homicidios a un nivel deseable, reforzando al mismo tiempo los mecanismos de protección y seguridad de las personas (Cabo Verde);
Garantizar políticas eficaces para prevenir las ejecuciones extrajudiciales y garantizar la seguridad civil (Indonesia);
Garantizar que los delitos violentos se investigan de forma rápida, exhaustiva e imparcial para procesar a los autores y garantizar la justicia a las víctimas (Irlanda);
Adoptar políticas eficaces para reducir los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales (Malawi);
Adoptar medidas eficaces para reforzar la seguridad pública y prevenir los homicidios, en particular los feminicidios y las ejecuciones extrajudiciales (Polonia);
Reforzar las medidas para prevenir y combatir el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden contra los ciudadanos (Cabo Verde);
Adoptar medidas para prevenir, investigar y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza y abordar los casos de vigilancia de la población civil por medios digitales por parte de las fuerzas del orden (Costa Rica);
Revisar los marcos jurídicos e institucionales para impedir el uso de fuerza excesiva o letal por parte de las fuerzas del orden contra civiles (Egipto);
Adoptar nuevas medidas para prevenir y eliminar eficazmente todas las formas de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, especialmente revisando la Ley nacional sobre el uso de la fuerza, sobre la base del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Grecia);
Velar por que se investiguen con prontitud e imparcialidad todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, especialmente de la fuerza letal, por parte de las fuerzas del orden y el personal militar (Malawi);
Investigar los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden (Federación de Rusia);
Derogar las figuras jurídicas de prisión preventiva sin cargos (arraigo) y prisión preventiva oficiosa, cumpliendo con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Chile);
Completar el proceso para eliminar la práctica del arraigo y la detención preventiva obligatoria (Israel);
Reforzar las medidas para abordar la cuestión de las detenciones prolongadas y arbitrarias y velar por que prevalezcan las debidas garantías procesales para las personas ya detenidas (Lesoto);
Adoptar medidas para garantizar que la detención preventiva se lleve a cabo de manera acorde con las normas internacionales de derechos humanos (República de Corea);
Adoptar medidas concretas para prevenir y reducir la comisión de desapariciones forzadas, asesinatos en masa y ejecuciones arbitrarias, llevar a los autores ante la justicia y eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las familias de las víctimas para denunciar los casos y obtener reparación (Israel);
Retirar progresivamente las fuerzas militares de la policía pública y del control migratorio mediante una transición dirigida por civiles (Nueva Zelanda);
Adoptar medidas eficaces, incluso a nivel legislativo, para combatir la delincuencia relacionada con las drogas (Federación de Rusia);
Mejorar las condiciones de detención de los presos en el sistema penitenciario (Federación Rusa);
Establecer y aplicar una política global de enjuiciamiento, investigación y prevención de la tortura (Sierra Leona);
Mejorar el marco institucional para proseguir la lucha contra el narcotráfico (Grecia);
Garantizar el respeto de los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada (España);
Seguir poniendo de relieve los efectos del tráfico ilícito de armas de fuego en el disfrute de los derechos humanos (Jordania);
Intensificar los esfuerzos en materia de lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego (Kuwait);
Proseguir los esfuerzos para garantizar la seguridad pública y erradicar los problemas de seguridad interna, en particular la delincuencia organizada (Turquía);
Seguir reforzando la gobernanza pública para seguir promoviendo el ejercicio y la realización de los derechos humanos (Vietnam);
Seguir adoptando medidas para combatir la corrupción y la impunidad (Honduras);
Publicar un plan global para desmilitarizar la Guardia Nacional que incluya la transferencia de su control a una autoridad civil (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
Reforzar la responsabilidad de las instituciones militares ante las instituciones civiles (Islas Marshall);
Garantizar que las denuncias de uso excesivo de la fuerza por las fuerzas del orden y el personal militar se investiguen de forma exhaustiva e imparcial (Montenegro);
Reforzar la capacidad de la fiscalía especializada en casos de personas desaparecidas y redoblar los esfuerzos para investigar todos los casos de presuntas desapariciones forzadas (Montenegro); reforzar la capacidad y los recursos de las autoridades competentes para investigar los casos de desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad (Portugal)
Garantizar la transparencia de las tareas civiles emprendidas por el ejército estableciendo mecanismos de auditoría y rendición de cuentas acordes con los principios del Estado de derecho (Suiza);
Reforzar las políticas de prevención de la impunidad penal (Turquía);
Reforzar la capacidad y los recursos de los fiscales, incluidos los de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para investigar los delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
Aplicar el Protocolo de Investigación policial a nivel estatal en todo el país para abordar los preocupantes índices de impunidad (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Reforzar la protección de los periodistas mejorando la respuesta de emergencia, estableciendo canales seguros para denunciar las amenazas y un grupo de trabajo estatal independiente para investigar y perseguir los delitos contra periodistas, apoyando al Mecanismo Nacional de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y exigiendo responsabilidades a los autores (Estados Unidos de América);
Establecer mecanismos externos, independientes y civiles para garantizar la rendición de cuentas de las fuerzas armadas (Austria);
Garantizar investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales e independientes de todos los casos de desapariciones forzadas y enjuiciar a los responsables de acuerdo con las normas internacionales de justicia (Bahréin); Garantizar investigaciones rápidas, independientes e imparciales de todos los casos de desapariciones forzadas y enjuiciar a los responsables (Bélgica);
Garantizar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas sea exacto, preciso y transparente, para hacer frente a las desapariciones forzadas y a la crisis forense (Canadá);
Adoptar las medidas necesarias y eficaces para eliminar todas las causas estructurales de impunidad relacionadas con los delitos, entre otros, los homicidios, las desapariciones forzadas y la violencia contra las mujeres y las niñas (Cabo Verde);
Redoblar los esfuerzos contra la impunidad, mediante la investigación pronta, independiente e imparcial de los crímenes y delitos violentos, así como garantizando una reparación integral a las víctimas (Costa Rica);
Adoptar todas las medidas útiles para garantizar la independencia de la justicia, luchar contra la corrupción y contra la impunidad de los autores de detenciones y ejecuciones extrajudiciales (Francia);
Proseguir las reformas de su sistema judicial para aumentar su eficacia e independencia y garantizar juicios justos y el Estado de derecho en todo el país (Gambia);
Mejorar la capacidad del Estado para investigar y sancionar eficazmente las violaciones de los derechos humanos, incluida la creación de capacidad y la cooperación con la comunidad internacional en materia de estado de derecho (Alemania);
Desarrollar una política global, junto con los defensores de los derechos humanos y los periodistas, para prevenir la violencia contra ellos y protegerlos, que incluya una estrategia para reducir la impunidad (Alemania);
Seguir aplicando eficazmente las leyes para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas en el país (Ghana);
Llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre el acoso, la persecución y todos los atentados contra la vida de los periodistas (Grecia);
Definir las competencias respectivas de la Fiscalía General, las Fiscalías Especializadas Federal y Estatales y la Comisión de Búsqueda en lo que respecta a la investigación de las desapariciones forzadas y la coordinación para la resolución de los casos (Irlanda);
Considerar la posibilidad de mejorar las investigaciones de los delitos, incluidos los actos de violencia, cometidos contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, y garantizar que se haga justicia a los responsables (Lituania);
Reforzar la independencia de las fiscalías para erradicar la impunidad, en particular en los casos de desaparición, tortura y violaciones contra periodistas y defensores de los derechos humanos (Nueva Zelanda);
Combatir las desapariciones forzadas, en particular coordinándose con la Fiscalía General, para asegurar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, y mejorar la identificación humana mediante el cotejo de huellas dactilares con el Instituto Nacional Electoral (Noruega);
Garantizar los recursos presupuestarios y técnicos para que la Ley General de Desapariciones Forzadas sea efectiva sobre el terreno (Paraguay);
Emprender acciones para reforzar la aplicación plena y efectiva de la Ley General de Víctimas y continuar desarrollando una Ley General de la Memoria (Perú);
Adoptar medidas eficaces para investigar los asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos y los casos de desapariciones forzadas (Federación de Rusia);
Mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y de sus familias, reforzando la autonomía y los recursos de las fiscalías generales federales y locales (Suecia);
Aumentar los esfuerzos para garantizar que los defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas y otros actores de la sociedad civil puedan llevar a cabo sus actividades en un entorno seguro y libre (Uruguay);
Armonizar su legislación con el marco jurídico internacional de derechos humanos para modificar las posibles restricciones a las libertades fundamentales y salvaguardar el trabajo de los periodistas en el país (República Bolivariana de Venezuela);
Seguir reforzando las medidas destinadas a prevenir, investigar y enjuiciar los ataques y otras formas de abuso contra periodistas y defensores de los derechos humanos, especialmente contra las defensoras de los derechos humanos (Argentina);
Aplicar las recomendaciones del diagnóstico del Mecanismo Federal de Protección de México realizado por el ACNUDH y velar por que el Mecanismo cuente con los recursos adecuados (Australia);
Garantizar el funcionamiento efectivo del Mecanismo Federal de Protección para periodistas y defensores de los derechos humanos, en particular aplicando las recomendaciones del ACNUDH y elaborando una estrategia nacional para que todos los niveles de gobierno prevengan eficazmente las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos y garanticen investigaciones independientes (Austria);
Seguir con la aplicación de políticas públicas que creen un entorno seguro y respetuoso para el trabajo de los periodistas y los defensores de los derechos humanos (Bélgica);
Asegurar plenamente el derecho a la libertad de opinión y de expresión reforzando los mecanismos de protección de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos (República Checa)
Garantizar la investigación y la rendición de cuentas por los asesinatos de periodistas y el enjuiciamiento de los autores (Egipto);
Desarrollar políticas públicas eficaces para garantizar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo y sus actividades libremente (Estonia);
Aplicar plenamente la Ley de 2012 para la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas, y poner en práctica las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México relativas al fortalecimiento del mecanismo nacional de protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas (Finlandia);
Garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad del derecho a la libertad de religión o de creencias de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo (Gambia);
Garantizar la investigación imparcial de los ataques violentos contra líderes religiosos y lugares de culto, y asegurar la rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas (República Islámica de Irán);
Adoptar las medidas legislativas necesarias para respetar el derecho a la libertad de opinión y de expresión sin temor a represalias (República Islámica de Irán);
Garantizar la protección efectiva de los periodistas y los defensores de los derechos humanos (Italia);
Proporcionar mecanismos para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas (Islas Marshall);
Adoptar medidas eficaces para garantizar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan llevar a cabo su labor libremente y sin temor a represalias o ataques (Montenegro);
Adoptar las medidas necesarias para seguir reforzando las libertades fundamentales de los defensores de los derechos humanos y los periodistas (Marruecos);
Investigar y sancionar a los responsables de actos de vigilancia ilegal contra defensores de los derechos humanos y periodistas, incluso mediante el uso de tecnologías de vigilancia digital, de manera independiente, diligente y exhaustiva y en pleno cumplimiento de las normas internacionales (Reino de los Países Bajos);
Garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos y los periodistas luchando contra la impunidad de los delitos cometidos contra estos colectivos y desarrollando políticas públicas eficaces de prevención y protección (Noruega);
Asegurar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo y sus actividades libremente, sin temor a represalias ni ataques (Polonia);
Reforzar las medidas de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos (Portugal);
Redoblar sus esfuerzos para proteger a los periodistas, políticos y funcionarios públicos de los homicidios y otros delitos (República de Corea);
Seguir desarrollando los centros nacionales y regionales de identificación humana, incluido el aumento de la dotación de personal y de las capacidades operativas, para garantizar la identificación y documentación efectivas de las personas desaparecidas (Estados Unidos de América);
Velar por que el Mecanismo Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y los Periodistas disponga de recursos suficientes para desempeñar eficazmente su mandato (Dinamarca); reforzar el Mecanismo de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y los Periodistas garantizando una asignación suficiente de recursos financieros y humanos (Rumania); apoyar y reforzar el Mecanismo Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y los Periodistas, incluido su marco jurídico y financiero (Eslovaquia); reforzar el Mecanismo de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y los Periodistas asignando recursos suficientes, coordinando y auditando su aplicación a nivel de los Estados de la Federación (Suiza);
Fortalecer el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, mediante la implementación efectiva del Sistema Nacional de Prevención y Protección (España);
Proteger a los líderes religiosos y a las comunidades de las bandas criminales violentas y de los cárteles de la droga (Paquistán);
Redoblar los esfuerzos para eliminar los estereotipos de género relacionados con las responsabilidades de hombres y mujeres en las tareas de cuidado, la familia y la sociedad (Colombia);
Mantener los esfuerzos para proteger a la familia por ser el principal pilar de la sociedad (Iraq);
Velar por que las leyes y políticas pertinentes respeten los derechos y deberes de los padres o tutores legales de los niños, de conformidad con el derecho internacional (Nigeria);
Apoyar y proteger a la familia como unidad fundamental de la sociedad y promover la preservación de los valores familiares (Paquistán);
Adoptar medidas para abordar las causas estructurales de los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados mediante políticas públicas que cuenten con la participación de los niños, los adolescentes, los jóvenes y las comunidades indígenas en su diseño, aplicación y evaluación (Kazajstán);
Abordar los factores estructurales de los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados a través de políticas públicas en cuyo diseño, implementación y evaluación participen niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidades indígenas (Panamá);
Continuar los esfuerzos para hacer frente a los matrimonios infantiles, precoces y forzados (Lesoto);
Proseguir los esfuerzos para prevenir y combatir la trata de seres humanos, especialmente mediante la aplicación efectiva de la Ley general sobre la prevención, el castigo y la eliminación de los delitos de trata de seres humanos (Túnez);
Seguir intensificando los esfuerzos para combatir la trata de seres humanos entre la comunidad de migrantes y solicitantes de asilo (Camboya);
Elaborar un marco jurídico específico para luchar eficazmente contra la trata de seres humanos y todas las formas de esclavitud (Camerún);
Reforzar la construcción de infraestructuras médicas y sanitarias para salvaguardar el derecho de las personas a la vida y a la salud (China);
Proseguir los esfuerzos emprendidos y velar por la aplicación efectiva de las medidas adoptadas para luchar contra la trata de seres humanos de conformidad con el Programa nacional de prevención, represión y eliminación de la trata de seres humanos y de protección de las víctimas de la trata (2022-2024) (Yibuti); adoptar nuevas medidas para mejorar la coordinación en la aplicación de una política nacional de prevención, erradicación y penalización de la trata de seres humanos (Malasia);
Continuar los esfuerzos para prevenir y combatir la trata de personas y adoptar mecanismos eficaces de identificación y remisión de las víctimas de la trata (Indonesia);
Redoblar los esfuerzos para prevenir, combatir y castigar la trata de personas y atender a las víctimas (Iraq);
Proseguir sus esfuerzos para prevenir y combatir la trata de seres humanos (Mongolia);
Redoblar los esfuerzos para combatir la trata de personas y los delitos contra los niños (Nepal);
Intensificar las campañas de sensibilización dirigidas a las comunidades rurales, migrantes e indígenas sobre los medios de prevención, protección y asistencia relacionados con los delitos de trata de seres humanos (República Árabe Siria);
Intensificar sus esfuerzos para prevenir y combatir la trata de personas velando por la aplicación efectiva de las leyes y políticas conexas, en particular el programa nacional de 2022 a 2024, y proporcionando asistencia y protección adecuadas a las víctimas (Tailandia);
Proseguir los esfuerzos para eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres (Burkina Faso);
Seguir los esfuerzos para eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres (Burundi);
Adoptar las medidas necesarias para remediar la inaceptable diferencia de retribución del 16,7% entre hombres y mujeres (Bahréin); eliminar la diferencia de retribución entre hombres y mujeres (Nigeria); intensificar los esfuerzos para eliminar la diferencia de retribución entre hombres y mujeres en el mercado laboral (Malasia); redoblar sus esfuerzos para reducir la diferencia de retribución entre hombres y mujeres (Estado de Palestina);
Garantizar la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor (Islandia);
Continuar con la aplicación de la política de salario mínimo, incluidos los esfuerzos para seguir reduciendo las diferencias salariales entre hombres y mujeres a nivel local (Serbia);
Aplicar plenamente la Ley general sobre la desaparición forzada de personas proporcionando recursos suficientes a la Comisión Nacional de Búsqueda y dando prioridad a la lucha contra la impunidad (Italia);
Aplicar plenamente la ley general sobre desapariciones forzadas cometidas por particulares (Jordania);
Modificar las políticas relacionadas con la lucha contra el problema internacional de los estupefacientes para alcanzar una sociedad libre de drogas y mejorar la salud general (Egipto);
Apoyar los servicios sociales y proporcionar una atención sanitaria integral, especialmente a las personas más vulnerables de la sociedad, en el marco de los planes estratégicos nacionales (Libia);
Coordinar estrategias eficaces para implementar un sistema de protección social con un enfoque sistémico que aborde las causas profundas de la pobreza y la exclusión social (Paraguay);
Proseguir sus esfuerzos para lograr el desarrollo social y económico, erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible integral para todos (Argelia);
Seguir reforzando las medidas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de su población, incluso en las zonas rurales (Estado Plurinacional de Bolivia);
Seguir mejorando la calidad y el nivel de vida de la población, reducir la pobreza y continuar aplicando los programas gubernamentales de política salarial y sanitaria (Cuba);
Continuar con la implementación de programas sociales y otras medidas para reducir la pobreza y la marginación (Honduras);
Proseguir los esfuerzos encaminados a reducir la pobreza multidimensional y mejorar todos los derechos económicos y sociales, especialmente los derechos a la educación y a un trabajo digno (Líbano);
Proseguir la labor relativa a los programas sociales que forman parte de la política pública para salvaguardar el derecho a la alimentación y la erradicación del hambre (Sri Lanka);
Garantizar el acceso a los servicios sanitarios y al agua potable a las personas que viven en la extrema pobreza (Togo);
Adoptar todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la sanidad pública y aumentar el gasto sanitario y el acceso a la atención sanitaria (Bangladesh);
Armonizar todos los códigos penales del país con la sentencia AI 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y asegurar que los servicios de salud reproductiva en el sistema nacional se presten de manera congruente con los Lineamientos Técnicos para la Atención del Aborto sin Riesgos de México y las recomendaciones de la OMS (Canadá);
Proseguir los esfuerzos para promover el acceso inclusivo a la sanidad y la educación (India);
Redoblar los esfuerzos para mejorar el acceso de las mujeres y las niñas a los servicios de atención de la salud, especialmente a los servicios reproductivos (Lesoto);
Promover un enfoque basado en la salud pública y los derechos humanos al participar en foros internacionales para abordar los problemas mundiales de las drogas (Maldivas);
Acelerar la armonización completa de los marcos jurídicos nacional y federal con las decisiones del Tribunal Supremo sobre el aborto, incluso despenalizando el aborto voluntario en los 20 estados restantes (Bélgica);
Armonizar la legislación a nivel federal y estatal para despenalizar totalmente el aborto hasta las 12 semanas (Luxemburgo); Armonizar la legislación y las políticas a nivel nacional y estatal para garantizar el acceso al aborto seguro y legal (Estonia); Armonizar la legislación en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo en todos los Estados para garantizar que todas las personas puedan acceder al aborto seguro y legal, independientemente de su lugar de residencia (Dinamarca);
Apoyar a los estados federales para garantizar el acceso efectivo al aborto (Francia);
Seguir garantizando el acceso al aborto seguro para todas las mujeres, eliminando el delito de aborto de los códigos penales federales y estatales, en línea con la decisión del Tribunal Supremo (Noruega);
Adoptar medidas eficaces para garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad y reducir las tasas de abandono escolar, especialmente en las comunidades desfavorecidas (Bahamas);
Desarrollar políticas integrales de apoyo que garanticen que los niños y adolescentes permanezcan en la escuela y tengan acceso a servicios sanitarios integrales (Botsuana);
Adoptar nuevas medidas para que regresen los alumnos que han abandonado el sistema educativo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 (Bulgaria);
Proseguir los esfuerzos para mejorar tanto la calidad como la accesibilidad de la educación de los niños y adolescentes en situación de migración (Camboya);
Continuar consolidando los resultados positivos alcanzados en la promoción del derecho a una educación equitativa, inclusiva e integral (Cuba);
Garantizar el acceso sin trabas de los adolescentes y los jóvenes a la información, el asesoramiento, la educación y los servicios en materia de salud sexual y reproductiva (Estonia);
Mejorar el acceso a una educación inclusiva y de alta calidad, en particular centrándose en las niñas, las minorías y las familias que viven en la extrema pobreza (Indonesia);
Defender los derechos del niño proporcionando el apoyo necesario para que los niños permanezcan en la escuela y tengan acceso a los servicios sanitarios (Japón);
Proseguir los esfuerzos de reforma y desarrollo del sector educativo para incluir a todos los segmentos de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad (Libia);
Continuar los esfuerzos para reducir el abandono escolar prematuro de niños y adolescentes (Malasia);
Considerar la posibilidad de ratificar la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (Mauricio);
Intensificar los esfuerzos para desarrollar políticas de apoyo integrales que garanticen que los niños y adolescentes permanezcan en la escuela y tengan acceso a servicios de salud integrales (Catar);
Organizar campañas y programas educativos, para concienciar sobre la importancia del patrimonio cultural en toda su diversidad (Chipre);
Garantizar que el uso de las fuerzas armadas para la seguridad interna no impida la rendición de cuentas, la transparencia y los derechos humanos (Turquía);
Adoptar medidas más eficaces para cerrar todas las brechas digitales, incluidas medidas para que el acceso a Internet sea más asequible y accesible para los pueblos indígenas (República de Corea);
Aumentar la participación significativa de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental antes de la toma de decisiones (Timor Oriental);
Adoptar nuevas medidas para hacer frente a la violencia contra los defensores del medio ambiente (Paquistán);
Prevenir la degradación de la selva tropical, la pérdida de biodiversidad y la expropiación de tierras de propiedad social (Bangladesh);
Seguir impulsando el desarrollo socioeconómico con un enfoque integrado para el desarrollo rural y urbano y reducir los índices de pobreza (China);
Acelerar el proceso de adopción de su política sobre empresas y derechos humanos (Mongolia);
Adoptar medidas eficaces para combatir la trata de seres humanos y los delitos relacionados con las drogas y participar activamente en la cooperación internacional pertinente (China);
Proseguir sus esfuerzos para promover los derechos de la mujer y la igualdad de género y combatir la violencia contra la mujer (Vietnam);
Seguir promoviendo los derechos de la mujer, centrándose en la lucha contra la violencia de género, el feminicidio y la igualdad de género en todos los sectores de la sociedad (Gambia);
Seguir aplicando activamente políticas e iniciativas encaminadas a la protección integral de las mujeres, los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos frente a la discriminación (Trinidad y Tobago);
Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la mujer y la igualdad de participación de la mujer en los puestos de adopción de decisiones en las esferas política, social y privada, de conformidad con su Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2020-2024) (Azerbaiyán);
Proseguir los esfuerzos para empoderar a las mujeres y las niñas en su mayor participación en la vida política y social (Bulgaria);
Intensificar los esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular en lo relativo a las desapariciones forzadas, los femicidios y la violencia sexual (Chile);
Garantizar que se investiguen a fondo todos los casos de violencia de género, incluidos los casos de tortura sexual, asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas, y que las víctimas reciban reparación (Croacia);
Mejorar la aplicación de medidas eficaces destinadas a promover los derechos de las mujeres y las niñas y a protegerlas contra todas las formas de violencia, en particular en las zonas rurales e indígenas (República Islámica de Irán);
Integrar enfoques con perspectiva de género en la lucha contra la delincuencia organizada para proteger a las mujeres y las niñas de todos los actos de explotación, abuso y violencia de género, especialmente el delito de feminicidio (Filipinas);
Seguir reforzando los marcos jurídicos y las políticas para garantizar los derechos de la mujer (Timor-Leste);
Proseguir sus esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas (Argelia);
Seguir combatiendo la violencia contra las mujeres y las niñas e intensificar los esfuerzos para reducir los índices de violencia de género contra las mujeres (Estado Plurinacional de Bolivia);
Seguir combatiendo la violencia contra la mujer e intensificar los esfuerzos para reducir los niveles de violencia de género contra la mujer (República Dominicana);
Seguir combatiendo la violencia contra la mujer e intensificar los esfuerzos para reducir los niveles de violencia de género contra la mujer (Maldivas);
Seguir adoptando las medidas necesarias para abordar y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas (Mongolia);
Adoptar las medidas necesarias para eliminar la violencia contra las mujeres y suprimir las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el mercado laboral (Nepal);
Combatir la violencia contra las mujeres y garantizar medidas de protección adecuadas (Noruega);
Proseguir sus esfuerzos para combatir la violencia sexual y de género (República de Corea);
Promulgar y hacer cumplir leyes para reducir la incidencia de la violencia contra las mujeres y las niñas (Sierra Leona);
Redoblar los esfuerzos para prevenir la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas (Argentina);
Llevar a cabo programas de formación y campañas de sensibilización destinados a eliminar la violencia de género contra las mujeres (Azerbaiyán);
Adoptar medidas concretas para mejorar la aplicación de las medidas existentes destinadas a proteger a las mujeres de cualquier forma de violencia de género y a condenar a los autores (República Checa);
Adoptar todas las medidas necesarias para combatir eficazmente la violencia contra las mujeres y las niñas, haciendo especial hincapié en el enjuiciamiento de los autores de torturas sexuales, asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas (Yibuti);
Continuar implementando acciones y políticas públicas para prevenir y combatir la violencia de género, particularmente la que enfrentan los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados (Ecuador);
Adoptar medidas eficaces para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, el feminicidio y las desapariciones, así como para poner fin a la impunidad y garantizar la plena aplicación de los derechos de la mujer (Finlandia); aunar esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas, en particular el feminicidio, y asegurar su adecuada investigación y sanción para evitar la impunidad (Paraguay);
Seguir adoptando medidas decisivas para poner fin a todas las formas de violencia contra la mujer y garantizar una reparación efectiva a las víctimas de la violencia de género (Italia);
Garantizar que todos los Estados adopten protocolos de investigación para los feminicidios y todos los casos de violencia de género (Irlanda);
Proseguir los esfuerzos contra todas las formas de violencia contra las mujeres (Líbano);
Adoptar una política nacional para prevenir la violencia contra las mujeres y formas de erradicarla y castigarla (Arabia Saudita);
Aumentar la sensibilización sobre la violencia sexual y de género y proporcionar apoyo y protección a las víctimas (Eslovaquia);
Establecer mecanismos eficaces para luchar contra la impunidad, especialmente con respecto a las desapariciones forzadas, la tortura y la violencia contra las mujeres, promoviendo una investigación adecuada, el castigo de los autores y la reparación a las víctimas (España);
Garantizar la rendición de cuentas por la violencia contra la mujer, incluidas las desapariciones forzadas, la trata, la violencia sexual y los asesinatos, integrando una perspectiva de género en las investigaciones y las políticas públicas (Suecia);
Aumentar los presupuestos de las fiscalías especializadas en delitos de género y actualizar y normalizar los protocolos de investigación de los casos de violencia contra las mujeres (Australia);
Reforzar los recursos de los fiscales especializados en la violencia contra las mujeres (Francia);
Mejorar el funcionamiento y la capacidad de los Centros de Justicia de la Mujer y de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer (Nueva Zelanda);
Proseguir los esfuerzos para eliminar las incertidumbres jurídicas y de procedimiento en la aplicación del mecanismo de alerta contra la violencia de género, en particular hacia la armonización a nivel federal (Austria);
Garantizar que el Mecanismo de Alerta contra la Violencia de Género cuente con los recursos y el seguimiento adecuados para que sea eficaz en la consecución de sus objetivos (Bahamas);
Redoblar los esfuerzos para combatir todas las formas de violencia de género contra las mujeres, incluido el feminicidio (Chipre);
Intensificar los esfuerzos para prevenir el feminicidio mediante una armonización legislativa completa en todos los estados (Islandia);
Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular las desapariciones de mujeres y niñas, abordando sus causas profundas (Bangladesh);
Seguir reforzando las políticas y los programas nacionales destinados a combatir y prevenir la violencia contra la mujer (Georgia);
Adoptar un enfoque de seguridad ciudadana centrado en la prevención, la convivencia comunitaria y los derechos humanos, con especial atención a la protección de las mujeres, los grupos marginados y el interés superior del niño (Panamá);
Asignar recursos para garantizar que las mujeres víctimas de la violencia tengan acceso a asistencia y servicios especializados, en particular apoyo en materia de salud mental, vivienda asequible, guardería, asistencia jurídica y oportunidades de empleo (Sri Lanka);
Asignar recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación efectiva y coherente del Sistema Nacional de Prevención, Apoyo, Castigo y Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de apoyo a las víctimas (República Árabe Siria);
Aumentar la financiación de los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres y los niños (Burkina Faso);
Reforzar los mecanismos para proteger a los niños de todas las formas de discriminación y violencia, incluida la violencia armada (Lituania);
Reforzar las medidas para prevenir y combatir los delitos de venta de niños y su explotación sexual, especialmente en Internet y en el sector del turismo y los viajes (República Árabe Siria);
Adoptar políticas integrales para combatir la violencia contra los niños (Ghana);
Prevenir y castigar el reclutamiento de niños por parte de grupos criminales, protegerlos de la explotación sexual y aplicar el Protocolo Adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes (Italia);
Redoblar sus esfuerzos para avanzar en la prevención y el castigo de los delitos contra los niños y los adolescentes, como la explotación sexual en línea, los castigos corporales y el uso de tratos humillantes como castigo (Polonia);
Reforzar la lucha contra el reclutamiento y la utilización de niños y adolescentes por grupos delictivos (Filipinas);
Continuar impulsando medidas para asegurar la efectividad de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, así como la Estrategia de Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (2022-2024) (El Salvador);
Tipificar como delito el reclutamiento y la utilización de niños y adolescentes por grupos delictivos (Israel);
Mejorar la protección integral de los derechos del niño, incluso estudiando la posibilidad de superar el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicación (Tailandia);
Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad (Ucrania);
Adoptar una estrategia global para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y adoptar medidas rápidas para poner fin a la institucionalización de las personas con discapacidad (Croacia);
Proseguir los esfuerzos para reforzar las políticas destinadas a promover la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad, en particular las que viven en zonas rurales (Qatar);
Continuar con la aplicación de los programas para la eliminación de la discriminación y la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad (Serbia);
Formular una estrategia nacional que integre a las personas con discapacidad en la sociedad en general y que mejore su capacidad para vivir de forma independiente (Botsuana);
Reforzar las medidas para garantizar las necesidades de las personas con discapacidad, proporcionar una educación, una atención sanitaria, una vivienda, un empleo y una información accesibles e inclusivos (Lituania);
Armonizar el marco jurídico nacional con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a fin de implementar estrategias que favorezcan la no institucionalización y la plena autonomía de las personas con discapacidad (Costa Rica);
Seguir aplicando la política y los programas nacionales para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad (República Democrática Popular Lao);
Continuar los esfuerzos para mejorar los derechos de los grupos vulnerables, en particular las mujeres, los niños y las personas con discapacidad (Georgia);
Garantizar que los pueblos indígenas sean consultados de manera significativa en los procesos de toma de decisiones, de forma horizontal e intercultural, antes de adoptar y aplicar medidas que puedan afectarles (Canadá);
Fortalecer las medidas necesarias para garantizar que los defensores de los derechos humanos, incluidos los líderes y defensores de los pueblos indígenas, afromexicanos y migrantes, puedan realizar su trabajo sin temor a represalias o agresiones (Colombia);
Intensificar los esfuerzos para combatir la discriminación estructural contra los pueblos indígenas (Colombia); proseguir sus esfuerzos para combatir la discriminación contra los pueblos indígenas y velar por la aplicación del Programa Nacional para los Pueblos Indígenas y otras políticas con objetivos similares (Estado de Palestina);
Continuar fortaleciendo el marco legislativo e institucional para combatir la discriminación contra los pueblos indígenas y la población afrodescendiente (República Dominicana); Continuar fortaleciendo el marco legislativo e institucional para combatir la discriminación contra los pueblos indígenas y la población afrodescendiente (Estado Plurinacional de Bolivia);
Garantizar la plena participación de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el diseño e implementación de políticas públicas, e implementar acciones para evitar la discriminación institucional y estructural (Ecuador);
Fortalecer los mecanismos para garantizar que el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada sea respetado y aplicado en todos los niveles de los procesos gubernamentales de planificación y desarrollo (Kazajstán); Seguir celebrando consultas previas con las comunidades indígenas como herramienta fundamental para lograr el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos (Perú);
Garantizar la protección integral de los pueblos indígenas y de las mujeres afromexicanas que viven en zonas rurales, mediante su integración en los programas nacionales (Kenia);
Fortalecer los marcos legislativos e institucionales para eliminar la discriminación contra los pueblos indígenas (Kuwait);
Reforzar los mecanismos de protección de los defensores de los derechos humanos y de los pueblos indígenas e investigar todos los atentados contra la vida, las persecuciones y las represalias contra ellos, en particular la desaparición forzada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia (Luxemburgo);
Crear una política clara que describa el proceso de consulta con las comunidades indígenas antes de iniciar proyectos extractivos perjudiciales para el medio ambiente (Islas Marshall);
Cumplir efectivamente los derechos de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (Nueva Zelanda);
Garantizar la aplicación efectiva del protocolo sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afromexicanos en la realización de proyectos de desarrollo (Filipinas);
Garantizar que las consultas y los procesos de toma de decisiones relativos al desarrollo de las tierras y territorios indígenas sean plenamente inclusivos y cuenten con la participación significativa de los pueblos indígenas (Samoa);
Desarrollar y reforzar programas para abordar las desigualdades en materia de derechos humanos a las que se enfrentan las comunidades indígenas y los afrodescendientes (Sierra Leona);
Velar por que el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación disponga de recursos suficientes para cumplir su mandato, con miras a hacer frente a la exclusión y la desigualdad social, en particular entre las comunidades indígenas y afromexicanas (Bahamas);
Fortalecer las leyes y políticas para combatir el estigma y la discriminación contra los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas, incluidas las medidas de sensibilización y participación en las políticas públicas, y los mecanismos de rendición de cuentas y reparación (Brasil);
Redoblar los esfuerzos para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos por los afrodescendientes (Nigeria);
Adoptar medidas eficaces para contrarrestar los incidentes de personas desaparecidas y desapariciones, incluidas las desapariciones forzadas, especialmente entre las mujeres y las niñas y las personas indígenas (Paquistán);
Proteger a las personas LGBTQI+ aplicando penas más estrictas para los delitos motivados por prejuicios, aprobando leyes contra las terapias de conversión y estableciendo sistemas de apoyo especializados, especialmente para la salud mental y la prevención del suicidio (Estados Unidos de América);
Garantizar que existan procedimientos expeditos para el reconocimiento de la identidad de género en todos los estados del país (Chile);
Incorporar los derechos de las personas con orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas transformando los protocolos de investigación y atención en leyes aplicables (Islandia);
Prohibir las terapias de conversión (Islandia);
Prohibir las cirugías médicamente innecesarias en niños intersexuales (Islandia);
Diseñar y poner en marcha campañas para concienciar a la comunidad educativa sobre la discriminación, el acoso y el ciberacoso LGBTI (Israel);
Poner en marcha una estrategia interinstitucional para aplicar todas las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas con una participación significativa de las víctimas, que incluya un seguimiento especial de las personas LGBTQI+ desaparecidas (Reino de los Países Bajos);
Investigar sistemáticamente los delitos y la discriminación perpetrados, debido a la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, para luchar contra la impunidad, así como enjuiciar y castigar adecuadamente a los autores de tales actos de violencia para proteger aún más a las personas LGBTIQ+ (Eslovenia);
Redoblar los esfuerzos y seguir aplicando medidas concretas para prevenir y combatir la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI (Tailandia);
Seguir esforzándose por aplicar políticas que garanticen efectivamente los derechos de los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados y los desplazados internos (Ucrania);
Continuar implementando acciones para la protección efectiva de los derechos de los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, en particular en relación con los menores de edad (Uruguay);
Fortalecer los esfuerzos nacionales en materia de seguridad pública, incluyendo planes de acción para la población migrante en tránsito (El Salvador);
Seguir mejorando los programas de regularización de migrantes y los esfuerzos nacionales para localizar a los migrantes desaparecidos (El Salvador);
Aspirar a una mayor coordinación de los esfuerzos en pro de una estrategia interinstitucional para mejorar la gestión de la movilidad humana y la migración (Kuwait);
Mejorar el sistema de asilo y apoyar el enfoque de derechos humanos en la gobernanza de la migración de acuerdo con las normas internacionales (Eslovaquia);
Abordar la denuncia de trato racialmente discriminatorio en los puestos de control de inmigración (Bangladesh);
Realizar investigaciones oportunas sobre las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y adoptar medidas para erradicar el racismo, la xenofobia, la discriminación y el clasismo contra los refugiados y los migrantes mediante la creación de programas específicos y a través de la inclusión social y actividades encaminadas a la coexistencia pacífica (Sri Lanka);
Seguir aplicando medidas y políticas para proteger los derechos de los solicitantes de asilo, especialmente los afrodescendientes (Uganda);
Adoptar las medidas necesarias para que todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo sean investigadas con prontitud e imparcialidad (Colombia);
Fortalecer las medidas destinadas a prevenir e investigar los casos de violencia contra las mujeres y niñas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y desplazadas internas (Honduras);
Poner en marcha programas de prevención, mitigación de riesgos y respuesta a la violencia de género a la que se enfrentan especialmente los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados y los desplazados internos (Rumania);
Adoptar y aplicar la Ley sobre Desplazamientos Internos Forzosos, junto con una estrategia de prevención eficaz (Alemania);
Seguir con los esfuerzos para lograr un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas eficaz, garantizando su aplicación mediante la coordinación de todas las instituciones competentes (España);
Adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, como recomendó el Comité contra la Desaparición Forzada (Suecia);
Intensificar los esfuerzos para combatir las desapariciones forzadas y la crisis forense fortaleciendo la coordinación con la Procuraduría General de la República, asegurando el buen funcionamiento del banco nacional de datos forenses y estableciendo protocolos armonizados para el intercambio de información, en particular sobre huellas dactilares, entre las instituciones a nivel federal y los Estados de la Federación (Suiza).

Todas las conclusiones y/o recomendaciones contenidas en el presente informe reflejan la posición del Estado o Estados que las presentaron y/o del Estado examinado. No deben interpretarse como respaldadas por el Grupo de Trabajo en su conjunto.

* Colaboró Karime Aguilera.