¿Reciclar políticos o empoderar ciudadanos?

Por Mariana García

Investigadora de México Evalúa

Las listas de los partidos políticos para las candidaturas a puestos de elección popular por la vía plurinominal en el Congreso de la Unión, están plagadas de personajes cuyas carreras políticas tienen en su haber acusaciones de corrupción o gozan, al menos, de dudosa reputación. Algunos nombres que se hicieron públicos desde la semana pasada incluyen por igual a ex gobernadores, líderes sindicales, funcionarios públicos en activo, ex alcaldes, antiguos miembros del legislativo, entre otros personajes con historias debatibles. Ningún partido político se salva de haber nombrado candidatos que fueran cuestionados por la ciudadanía, la oposición o incluso por miembros de la misma fuerza política.

El hartazgo de los mexicanos hacia los políticos y, por contagio, hacia las instituciones en las que estos participan, debería alentar a las fuerzas políticas del país a nominar candidaturas para puestos de elección popular que presenten caras nuevas y frescas que  logren atraer al electorado joven e indeciso. No obstante, para los partidos es más sencillo reciclar viejos personajes, sobre todo en las candidaturas plurinominales, que renovar cuadros. Las razones son múltiples pero, a mi parecer, se pueden resumir esencialmente en tres puntos:

1. Los `pluris’ llegan al poder sin el voto directo del ciudadano. Postular candidatos de dudosa reputación en las listas plurinominales es poco costoso desde la lógica partidista. Los candidatos plurinominales no necesitan hacer campaña para obtener el puesto de representación popular, como corresponde hacerlo a los candidatos de mayoría relativa. Por el contrario, el porcentaje de votación del partido asegura a estos candidatos la curul sin pasar por el escrutinio público, sobre todo si tienen una posición privilegiada en las listas. Estas candidaturas podrán tener su lógica formal dentro del sistema electoral para asegurar representación política a partidos que no la obtuvieron por la vía de las urnas. No obstante, en los hechos, son espacios empleados para premiar políticamente la disciplina y la lealtad hacia el partido.

1. 2.      La ineficacia del sistema de procuración de justicia del país para procesar penalmente actos de corrupción en la esfera política. El sistema de procuración de justicia mexicano presenta debilidades significativas para investigar, procesar y castigar la corrupción entre políticos y funcionarios públicos. Las más de las veces, las investigaciones concluyen por falta de pruebas, lo que permite la absolución de los señalados como culpables. En el peor de los casos, los delitos prescriben pues las investigaciones superan el tiempo establecido para determinar una acción penal. En estos casos donde no es posible determinar la participación directa de políticos y funcionarios en actos de peculado, colusión con el crimen organizado, tráfico de influencias, entre otros delitos, es válido que se les permita permanecer en libertad y ejercer su derecho de contender por algún cargo de elección popular. Aunque muchas veces estos casos contradigan el sentido común, el Estado de derecho debe prevalecer por encima de las acusaciones sin prueba.

1. 3.      Las limitaciones a la participación electoral de los ciudadanos. La rigidez del sistema político mexicano impide abrir espacios de participación política a la ciudadanía y postular candidaturas independientes. El caso de Jorge Castañeda hace unos años y el de Manuel J. Clouthier para esta contienda son un claro ejemplo de ello. Un consejero del IFE declaró hace unos días que Clouthier tiene derecho a contender aunque no es posible otorgarle registro pues así lo estipula la ley. Aún más, otro consejero afirmó que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) “es muy claro respecto a que la única vía por la cual los ciudadanos podrán registrarse como candidatos a cargos de elección popular en el Congreso y en la Presidencia de la República, es a través de los partidos políticos”.

Liderazgos sociales existen en el país, y muchos. Gente que cuenta con el respeto y el reconocimiento de la sociedad por su defensa de causas nobles y por su trabajo con grupos vulnerables o afectados por una problemática social en particular, algunas veces víctimas ellos mismos de la violencia que aqueja al país. El caso de Isabel Miranda de Wallace es uno de los más emblemáticos, pues su candidatura al gobierno del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional le ha valido un sinnúmero de reproches y descalificaciones.

Una encuesta aplicada hace un par de meses por el Centro Mexicano  para la Filantropía reportó que el 47% de los usuarios de la plataforma electrónica de ese organismo percibían en la candidatura de Wallace la utilización de su capital social a favor de un partido político, mientras 19.7% consideraban que este asunto reabre el debate sobre las candidaturas ciudadanas.

La representatividad y la validez de la encuesta son cuestionables, pero el ejercicio deja claro que para algunos mexicanos la candidatura de Wallace representa el intercambio de su ascendiente social para favorecer a un partido político. Otra lectura de su decisión podría ser que la rigidez del sistema partidista no le dejó opción para que sus anhelos de cambiar al país prosperaran de manera independiente como candidata ciudadana. Sea cual fuere el caso, es una realidad que en nuestro país es casi imposible que una candidatura independiente pueda progresar sino trae consigo todo el aparato económico y político-electoral de un partido.

Como miembro de una organización de la sociedad civil, lamento que existan este tipo de obstáculos a la participación independiente de ciudadanos en la arena electoral. El monopolio del acceso a cargos públicos en México permanece en manos de los partidos políticos, los cuales tienen más incentivos para responder a su partido que a los ciudadanos. Aún más, la impunidad favorece, en muchos casos, la corrupción y el abuso del poder desde la función pública.  Mientras tanto, el costo lo pagamos los ciudadanos con el reciclaje de viejas caras y de propuestas de política pública.

Fuente: Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Encuesta aplicada a los usuarios de la página electrónica del Cemefi del 17-23 enero de 2012. No se especifica el número de encuestas respondidas durante este periodo.

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