Rainbow‑washing, afirmación de género y derechos reproductivos

Junio se pinta de colores: marcas con logotipos arcoíris y campañas que llaman a “celebrar la diversidad y la inclusión”. Sin embargo, bajo ese estallido de colores late una realidad incómoda. El rainbow‑washing —la apropiación del discurso LGBTQ+ sin compromisos reales— convive con la necesidad de combatir la marginación y la discriminación que siguen excluyendo a las personas trans masculinas y no binaries con capacidad de gestar, especialmente cuando se trata de derechos reproductivos.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia especializada en salud sexual y reproductiva, publicó este año el artículo Cinco lecciones de 2024 para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en 2025. En el punto 3, “Quedarse atrás también significa ser empujado atrás”, subraya que, aunque en las últimas tres décadas se han registrado avances notables, estos han beneficiado de forma desproporcionada a los sectores más privilegiados.

El artículo advierte: “El Estado de la Población Mundial 2024 reveló las múltiples formas de marginación y discriminación que siguen excluyendo a millones de personas del progreso. Estas desigualdades están arraigadas en los sistemas de salud y en las instituciones económicas, sociales y políticas, privando a demasiadas personas de su salud y de sus derechos sexuales y reproductivos fundamentales”.

Para los hombres trans y las personas no binaries con capacidad de gestar, todo esto se traduce en barreras concretas: clínicas de aborto sin protocolos inclusivos, personal de salud que cuestiona su identidad de género y precariedad laboral más aguda para quienes no encajan en los estereotipos de “hombre” o “mujer”. El propio UNFPA marca la ruta: la necesidad de voltear a mirar la marginación y discriminación de estas disidencias del sexo-género y crear narrativas que les incluyan de forma prioritaria en los esfuerzos por garantizar derechos reprodutivos. Menos rainbow‑washing y más compromisos reales.

Un informe de 2025 del Carnegie Endowment for International Peace, The New Global Struggle Over Gender Rights, subraya que grupos conservadores y actores religiosos articulan un “backlash anti‑género” para reforzar la “familia natural” y frenar los avances en igualdad y salud sexual. Esta ofensiva global comparte un guión: redefinir quién “merece” derechos, penalizar a quienes prestan servicios y asfixiar financieramente la atención reproductiva y de afirmación de género.

En el Cono Sur lo vemos, por ejemplo, en Argentina, donde el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la modificación del artículo 11 de la Ley 26.743 para prohibir la hormonización y las cirugías en menores de 18 años; las hormonas para adultos siguen dentro del Programa Médico Obligatorio, pero organizaciones LGBTQ+ denuncian desabasto y retrasos. En Chile, sectores conservadores buscan acotar el debate parlamentario sobre el proyecto que legalizaría el aborto hasta las 14 semanas de gestación, intentando frenar su avance. Y en Uruguay, una bancada propone derogar parcialmente la Ley Integral para Personas Trans, lo que recortaría el acceso a terapias hormonales y programas de inclusión laboral. Estos casos muestran que el ataque a la autonomía corporal se extiende por la región y no es una excepción aislada.

Dialogando con amigues trans masculinos observamos un patrón de transfobia: se les acusa de “traicionar” a las mujeres, a la feminidad, al elegir la masculinidad. Pero muchas de estas personas no pretenden ser “hombres de facto”; están cuestionando y reinventando lo que significa la masculinidad.

Este discurso de odio también lo sostienen algunos sectores feministas que excluyen de la lucha por los derechos reproductivos a los hombres trans y las personas no binaries.

Se trata de una ofensiva coordinada, regional y global, que busca recuperar el control estatal, religioso y cultural sobre los cuerpos. Mientras la afirmación de género se enfrenta a prohibiciones directas, en materia de aborto aún hay retrocesos, estigmas, criminalización y barreras en el acceso. El objetivo es idéntico: limitar quién puede decidir sobre su cuerpo. Al imponer la noción de cuerpos “correctos”, estas políticas desplazan y castigan a quienes se salen de la norma.

El UNFPA insiste: si queremos que los próximos 30 años de progreso incluyan a todas las personas, debemos diseñar programas de salud específicos que desmantelen la discriminación sistémica. Las clínicas que prestan servicios de aborto necesitan protocolos de atención para personas trans masculinas y no binaries que respeten su identidad.

Defendamos estos derechos todo el año: los derechos reproductivos de los hombres trans y las personas no binaries no son un eslogan de temporada, son derechos humanos.

* Diana Estefania Velázquez Millán es Oficial de Comunicación Digital en @GIRE_mx.