¿Radio para quién?
blogeditor · 21 de septiembre de 2016
Por: Julio César Colín Paredes (@jucecopa)
El pasado 15 de junio de 2016, hace ya 3 meses, La Calentana Luvimex A. C. recibió la concesión para operar una radio de uso social comunitaria en el municipio de Luvianos, Estado de México. Lo que a simple vista podría percibirse como un triunfo de la libertad de expresión y las instituciones encargadas de velar por ella, es mucho más complejo de lo esperado.
El 15 de octubre de 2015, Radio Calentana, un proyecto de comunicación comunitario dirigido y gestionado por Indalecio Benítez, sufrió la confiscación del equipo de transmisión con el que ejercían su derecho a difundir información. En un operativo conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, elementos de la Marina y Policía Federal sitiaron la zona donde la radio transmitía y se llevaron la consola, la antena, un transmisor de 20 watts y una laptop utilizada para transmitir a través de internet.
A pesar de tratarse de un acto recurrente de violencia institucional hacia proyectos como el de Indalecio, el escenario se torna aún más indignante cuando nos enteramos que un año antes, en 2014, había comenzado el proceso de formalización de este proyecto radiofónico.
¿Qué sentido tiene poner en la mesa lo sucedido con La Calentana Luvimex ?
Es necesario porque a 3 años de la aprobación de la reforma de Telecomunicaciones continuamos observando un esquema de asignación de concesiones que concentra su atención en el sector de uso comercial mientras que los proyectos de corte comunitario se enfrentan a operativos, detenciones y requisas. Los más recientes, el de Radio Zapote en la Ciudad de México, con la incautación de su equipo que llevaba un par de meses almacenado (por estar descompuesto) y el de Digital 106.3 en Chilpancingo, Guerrero, donde a pesar de haber iniciado con un proceso de formalización ante el IFT, oficiales de la Agencia de Investigación Criminal sitiaron las inmediaciones de la estación en Chilpancingo y entraron con armas largas al lugar exigiendo la entrega de los equipos de transmisión y la detención del locutor, Gamaliel García. Fue gracias a la solidaridad de vecinos, radioescuchas y compañeros periodistas que la detención no se concretó.
Parece que estamos ante un doble discurso donde se presume en todos los espacios posibles el éxito de la Reforma de Telecomunicaciones (basta echarle una mirada al sitio web del IFT) desde una perspectiva de crecimiento económico del sector comercial, mientras se obstaculizan los proyectos de comunicación comunitarios.
El abuso del control del Estado sobre las radios de uso social conduce irremediablemente a estos espacios a reproducir la desigualdad presente en otros aspectos de la sociedad. Así, mientras un sector entero lucha por mantenerse a flote, el sector comercial se expande cuanto puede con la connivencia del IFT y la presión de quienes se interesan por ocupar nuevos espacios en el espectro. Sin la debida independencia y autonomía del órgano de regulación de la actividad radiofónica, esta situación no hará más que perpetuarse.