Quisiera equivocar mi pronóstico

Estamos llegando al final de un año muy complicado en materia de violencia generada por el crimen organizado y muy crítico en lo que respecta a seguridad pública.
En contraste, vemos con claridad que la sociedad civil organizada llega mucho más consciente de su capacidad de gestión, de exigencia y de movilización.

Parece que los políticos en general no han querido percibir esta nueva realidad y se conducen como si los mexicanos estuviésemos resignados a vivir bajo un régimen autoritario. Otros se sienten incómodos con la nueva democracia y pretenden “administrarla”; quisieran una democracia sin ciudadanos participativos y organizados. Eso no es democracia.

En suma: Tenemos una sociedad activa, pujante, y una clase política que se resiste al tránsito absoluto, que reproduce un esquema de privilegios y que deja fuera el interés nacional, es decir, el de todos nosotros.

Esto no es un asunto de percepción. Veámos los hechos. En lo que ha transcurrido de este sexenio los partidos no han sido capaces de hacer a un lado sus posiciones de poder, para construir legislaciones con una visión de Estado, ni en lo económico, ni en lo social.

Hay que reconocer, sin embargo, la disposición de todos los partidos para aprobar recientemente la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro. Sin embargo, hay que decir también que ésta fue posible por la presión de la sociedad civil y, en general, por el propio fenómeno delictivo que golpea fuertemente a las familias mexicanas.

Quisiera equivocarme en mi pronóstico para 2011 pero veo una tendencia a politizar, no sólo la vida pública, sino también las estrategias anticrimen. Las víctimas de la delincuencia organizada y los incidentes de violencia se convertirán en instrumento rentable para las campañas, muchas ya anticipadas.

Algo más grave aún: Existe la tentación de manipular las cifras oficiales sobre incidencia delictiva y neutralizar a las organizaciones de la sociedad civil para bajar el costo electoral de las fallidas estrategias de combate a la inseguridad pública.

La Reforma Constitucional en Materia Penal es vital para modificar un sistema deficiente que no responde a la realidad delictiva de México. Detener su avance sería una grave señal de retroceso.

Desde la sociedad civil seguiremos actuando y presionando. El país es demasiado importante para dejárselo solamente a los políticos.