Quintana Roo: la disputa entre autoritarismo y democracia

Por: Simón Hernández León (@simonhdezleon)

A Pedro Canché

Quintana Roo es una de las entidades en la que la permanencia del PRI en la gubernatura ha permitido la supervivencia de estructuras antidemocráticas construidas y perfeccionadas durante décadas por un partido de Estado. Además, el estilo personal de gobernar de Roberto Borge Angulo ha profundizado la crisis de vigencia de las libertades democráticas que atraviesa todas las dimensiones del ejercicio del poder público hasta conformar en la figura del gobernador Borge un “Leviatán tropical”.

La criminalización de la protesta, el férreo control e incluso abierta persecución contra los medios de comunicación que mantienen su independencia respecto al gobierno del estado, y el uso faccioso del sistema de justicia en contra de toda aquella persona que se considere crítica al gobernador, son elementos constitutivos de una gobernabilidad autoritaria basada en un control centralizado del poder y su ejercicio autoritario. El caso de Pedro Canché y la criminalización de la protesta social son indicadores objetivos de la degradación democrática en el estado y de la escalada autoritaria producida por la forma personal de gobernar de Roberto Borge.

Pedro Canché es un periodista independiente de origen maya, fue detenido y encarcelado desde el 30 de agosto del año pasado bajo la acusación falsa de sabotaje. La Procuraduría local lo acusa de “trastorno grave” del servicio de suministro del agua, cuando Canché se encontraba en calidad de reportero, realizando entrevistas y tomando fotografías en el marco de un plantón en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Este caso no es aislado, se enmarca en una ofensiva contra los medios de comunicación: el caso de la Revista Luces del Siglo que ha sido clonada y cuyas portadas han sido modificadas para dotarlas de un contenido favorable a los intereses del grupo gobernante y sus allegados es otro ejemplo de esta política de control férreo y de un ejercicio de poder autoritario que no sólo es hostil hacia la crítica, sino que la persigue y criminaliza.

[contextly_sidebar id=”LR25zlFlvLxe2sKY6pDYqk9pihSYHvDw”]La alta concentración de poder en el gobernador Borge le permite utilizar el aparato y funciones ejecutivas con una lógica de ejercicio desviado del poder. Pero la crisis democrática se agudiza en la medida en que los poderes Judicial y Legislativo quedan subordinados al autoritarismo vertical de Roberto Borge. En el caso de Pedro Canché el Juez penal Javier Ruíz Ortega lo ha mantenido sujeto a proceso, a pesar de la ausencia de pruebas en su contra y de la evidente intencionalidad política de la acusación. Por su parte, el Poder Legislativo apoyó y aprobó el año pasado la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo propuesta por el gobernador, una legislación altamente regresiva de la libertad de expresión, que mediante la imposición de aviso previo y por escrito 48 horas antes de una manifestación, la prohibición absoluta para manifestarse en diversos lugares y el otorgamiento a los cuerpos policiacos para tomar las “medidas necesarias” para el mantenimiento de la “paz y el orden público”, conforma un andamiaje normativo que “legaliza” la represión y la criminalización de la protesta.

Roberto Borge representa el arquetipo de gobernante descrito por Alejo Carpentier en el Recurso del Método, aquél que cree que la historia “es suya” “puesto que en ella desempeñaba un papel”, que se ufana de decir “yo soy el árbitro. Puedo decidir la cosa. Fraguar los hechos. Inventar los acontecimientos”, descrito por Augusto Roa Bastos en Yo, el Supremo; un gobernador absoluto, autoritario y con visos de un poder megalómano. Sin embargo, la ciudadanía en Quintana Roo ha buscado, mediante la movilización y el uso de acciones legales, un control democrático sobre el ejercicio autoritario del poder público; aspirando a una democracia regida por la maximización de derechos, la libertad de expresión y un poder obedencial que impida la permanencia de un “Leviatán tropical” en el estado.

* Simón Hernández León es defensor de derechos humanos. Integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.