Redacción Animal Político · 12 de marzo de 2026
Por Geraldina González de la Vega Hernández
Hace quince años, hablar de discriminación en la esfera pública no tenía la centralidad que tiene hoy en la Ciudad de México. Muchas personas sabían que estaban siendo excluidas o tratadas de manera injusta, pero no necesariamente contaban con las herramientas para nombrarlo ni con una institución a la cual acudir.
El camino para llegar a este punto comenzó tiempo antes. En 2001, gracias al impulso de Don Gilberto Rincón Gallardo, se incorporó la cláusula de no discriminación al artículo 1º constitucional.
Ese cambio permitió la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que durante años fue la principal instancia pública en México dedicada a visibilizar y atender las desigualdades estructurales que enfrentan muchas personas.
Sin embargo, pronto se volvió evidente que una ciudad tan compleja como la Ciudad de México necesitaba una institución propia, capaz de atender de forma directa las problemáticas locales y de incorporar el principio de igualdad en el funcionamiento cotidiano del gobierno. Así, en 2011, el Congreso de la ciudad creó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) mediante la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del entonces Distrito Federal.
El COPRED nació como un organismo público descentralizado, producto de años de incidencia social e institucional en materia de igualdad. Su creación no fue el resultado de una iniciativa individual, sino de un proceso colectivo impulsado por organizaciones sociales, especialistas y personas servidoras públicas comprometidas con la defensa de derechos.
En aquel momento, la discriminación era una experiencia profundamente vivida, pero poco documentada. Se manifestaba en el empleo, en el acceso a servicios, en el espacio público, en la educación o en la salud, pero rara vez existían mecanismos institucionales claros para atenderla.
La creación del COPRED marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la ciudad contó con una institución especializada que no solo recibía denuncias, sino que comenzaba a construir una política pública integral contra la discriminación.
Con el paso de los años, el Consejo fue desarrollando distintas capacidades institucionales. La primera y más visible fue la atención ciudadana, que permitió acompañar a miles de personas que enfrentaban actos discriminatorios y ofrecerles orientación, conciliación y análisis especializado de sus casos. Más allá de los expedientes, este trabajo instaló algo fundamental: la posibilidad de que las personas defendieran su derecho a la igualdad ante una institución pública.
A la par, el COPRED fue fortaleciendo prácticas de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. Abrir la información institucional, sistematizar procesos y garantizar el acceso público a los datos ha sido parte de la construcción de confianza ciudadana en torno a la política antidiscriminatoria.
Otro paso clave fue la generación de conocimiento. A través de investigaciones, diagnósticos, publicaciones y una relación constante con la academia, el Consejo comenzó a construir evidencia sobre cómo se vive la discriminación en la ciudad. Ese acervo ha permitido comprender mejor los patrones de exclusión y orientar políticas públicas más informadas.
El trabajo con organizaciones de la sociedad civil también ha sido fundamental. Muchas de estas organizaciones acompañan directamente a poblaciones históricamente discriminadas y cuentan con un conocimiento profundo de las barreras que enfrentan en su vida cotidiana. La colaboración con ellas ha permitido ampliar el alcance del trabajo institucional y construir respuestas más cercanas a las realidades sociales.
En el ámbito cultural, el Consejo impulsó la creación de Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación, una iniciativa que combina actividades educativas, culturales y comunitarias para promover la igualdad desde el espacio público. Con el tiempo, esta estrategia se ha convertido en un referente que acerca el tema de la discriminación a públicos mucho más amplios.
La política antidiscriminatoria también comenzó a extenderse hacia el sector privado. Primero en el ámbito empresarial y después en los servicios, el COPRED ha trabajado con empresas, restaurantes, hoteles y otros establecimientos para revisar prácticas de acceso, atención y permanencia, promoviendo estándares de inclusión en espacios que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.
Al mismo tiempo, la institución ha desarrollado una presencia creciente en redes internacionales, compartiendo experiencias y aprendiendo de otras ciudades y organismos especializados. Esta participación ha contribuido a posicionar a la Ciudad de México como un referente regional en políticas públicas contra la discriminación.
El Consejo también ha tenido un papel importante en la incidencia en política pública y en el ámbito legislativo, acompañando la incorporación del principio de igualdad en programas, reglas de operación y marcos normativos de la ciudad.
Una herramienta clave para comprender cómo se vive la discriminación ha sido la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS). Desde su primera edición en 2013 —y posteriormente en 2017 y 2021— la encuesta ha permitido conocer percepciones, experiencias y barreras que enfrentan distintos grupos en la ciudad. En 2026 se levantará una nueva edición, lo que permitirá seguir monitoreando cambios sociales y orientar decisiones públicas con base en evidencia.
El COPRED también ha apostado por la educación y la formación, desarrollando procesos de capacitación, materiales pedagógicos y plataformas educativas que han permitido llevar el tema de la igualdad a miles de personas en distintos sectores. A ello se suma el trabajo de la REDCii y los mecanismos de participación ciudadana, que han vinculado a actores comunitarios y ciudadanos en la promoción activa de la igualdad.
La comunicación pública y las campañas contra la discriminación han sido otra pieza importante. Nombrar la discriminación, hacerla visible y cuestionar prejuicios forma parte de la construcción de una cultura democrática basada en el respeto y la dignidad.
Mirar estos quince años permite dimensionar la profundidad de lo construido. El COPRED ha pasado de ser una institución dedicada principalmente a la atención de casos a convertirse en un actor que produce conocimiento, articula actores sociales, incide en políticas públicas y promueve transformaciones culturales.
Pero también permite reconocer los retos hacia adelante. La discriminación sigue siendo una realidad estructural que hoy se expresa en nuevas formas: desde dinámicas digitales hasta fenómenos como el edadismo laboral o distintas formas de violencia interseccional.
Todo ello ocurre en un contexto institucional desafiante. El COPRED opera con un presupuesto inferior a los 30 millones de pesos anuales para una ciudad de más de diez millones de habitantes y lo hace con una estructura orgánica de apenas trece personas. Lejos de ser una queja, estos datos muestran la capacidad técnica y el compromiso de un equipo que ha logrado construir una política pública de alto impacto con recursos limitados.
Si la ciudad quiere profundizar la prevención, ampliar la atención y fortalecer la lucha contra la discriminación, será necesario robustecer las capacidades institucionales del Consejo. La igualdad no se sostiene solo con convicción: requiere infraestructura pública, recursos y personal especializado.
Quince años después de su creación, el COPRED demuestra que la igualdad no es una aspiración abstracta. Es una política pública posible cuando existe voluntad institucional, participación social y compromiso democrático.
Lo construido pertenece hoy a la ciudad y a las personas que la habitan. Y el desafío hacia adelante es claro: seguir ampliando los caminos para que la igualdad sea una realidad cotidiana para todas y todos.
**Geraldina González de la Vega Hernández es presidenta del COPRED.