¿Quién puso el muro y quién quitó el memorial?

Una de las competencias más importantes de la supervisión policial externa especializada, figura que aún no llega a México, es la reconstrucción de hechos relevantes en los que la policía usa la fuerza, a través de la investigación de las decisiones en cadena de mando.

Si hubiera supervisión externa policial especializada federal o en la Ciudad de México, ya estaría en estos momentos desarrollando peritajes sobre los hechos del 8 de marzo pasado en el Zócalo, reconstruyendo lo sucedido desde una perspectiva sistémica y contrastando las prácticas contra las normas: qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se debe hacer para premiar los aciertos y no repetir los errores.

La diferencia entre la supervisión externa especializada y las investigaciones penales o de derechos humanos, es que la primera se soporta en una perspectiva sistémica que analiza las conductas en función del contexto institucional; en términos simples, toda conducta de una persona que actúa a nombre de la policía representa las reglas formales e informales de la relación entre esa persona y la institución misma.

Acaso ésta es la más grande aportación del enfoque de rendición de cuentas policial que utiliza la supervisión externa: nunca se puede aislar la conducta de una o un policía; justo al revés, haga lo que haga, bien o mal, la pregunta es qué causas están detrás de ello, interpretadas desde el ambiente institucional del que esa persona depende.

No existen las “manzana podridas”, bajo esta mirada sistémica, en todo caso existen sistemas institucionales que producen conductas personales de quienes los representan y si esas conductas no son las ordenadas por la ley, entonces lo que está roto es el sistema, o sea, la institución.

Si el equipo utilizado el 8M fue el adecuado o no, si el uso de la fuerza fue correcto o no, todo tiene un soporte institucional. El siguiente ejemplo es elocuente: si la policía lanzó granadas de gas con sustancias caducas, como sugiere este reportaje, una reacción política e institucional también caduca sería sancionar a quien lanzó la granada y ya está, dejando de lado la investigación sobre cómo llegó ese artefacto a manos de quien lo usó.

La supervisión policial externa especializada reconstruiría la ruta completa de esa granada, identificaría toda la cadena de responsabilidades detrás de lo que terminó pasando el lunes 8 de marzo, y luego elaboraría recomendaciones específicas para modificar los componentes estructurales que fallaron.

Pero una investigación inspirada en los más avanzados estándares internacionales de la supervisión policial externa especializada podría abarcar mucho más, comenzando por reconstruir las decisiones desde la instalación del muro que rodeó Palacio Nacional. Quién decidió montarlo, por qué, con base en qué supuestos, distinguiendo si hubo o no soporte técnico en la decisión, auténticamente colocando al centro las técnicas más avanzadas, policiales y no policiales, de reducción de riesgos, o bien si fue una determinación más bien política; también indagaría si la decisión de colocar ese muro provino de mandos militares o civiles y, más aún, si los responsables políticos, en este caso el presidente y la jefa de gobierno, delegaron esa decisión o la tomaron directamente.

Miguel Mancera, en funciones de jefe de Gobierno, aceptó la recomendación de la anterior CDHDF de crear una figura de supervisión externa especializada. No ha sucedido y acaso nunca sucederá, mientras en el mundo se siguen fortaleciendo las instancias externas a la policía, recomendándose incluso darles facultades exclusivas para investigarla.

Me pregunto si la barrera para la supervisión policial externa especializada en la Ciudad de México es más política, más policial, más militar o es una combinación de las tres. Por ejemplo, en una hipotética investigación de esta figura para el caso del 8M pasado, es en la policía o es en la jefatura de gobierno donde estaría la mayor resistencia para la reconstrucción de qué paso realmente en cadena de mando. A quién le afectaría más dilucidar si existe o no control político sobre la operación policial.

Para el caso federal, el total rechazo a avanzar en el observatorio de rendición de cuentas ordenado en la sentencia del llamado caso Atenco de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, releva toda necesidad de preguntarnos si hay futuro en la supervisión externa especializada de lo que hacen la Guardia Nacional y las y los militares en funciones policiales.

Tema aparte es la decisión de destruir el muro cuando pudo ser un auténtico memorial de las mujeres víctimas de las violencias. En este caso estamos ante la decisión política profundamente autoritaria de extinguir, hasta donde más se pueda, cualquier narrativa pública que nos recuerde la crisis humanitaria de violencias en la que el país está sumido.

@ErnestoLPV