¿Quién persigue la violencia política contra las mujeres en México?

Por: Brando Flores (@ciudadanobrando) y Rubén López 

Hechos, no palabras.

La violencia política contra de las mujeres es un retroceso a la democracia que se requiere combatir desde las instituciones. Esta fue una de las frases que diversos medios de comunicación retomaron del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, quien participó en el evento HeforShe, movimiento solidario por la igualdad de género que impulsa ONUMujeres, realizado el 24 de julio pasado.

En este acto, el titular de dicha Fiscalía se comprometió a buscar igualdad sustantiva y no solo formal, a través de sistemas, modelos y políticas al interior de dicha instancia.

De acuerdo con sus declaraciones, se registraron 3 mil 419 denuncias que incluyen a 24 mil 977 personas por presuntos delitos electorales, de las cuales indicó que 70% fueron cometidos por hombres y 30% por mujeres. Enfatizó además que son las mujeres quienes realizan las peores labores del modelo delincuencial electoral por estar en la escala más baja de este tipo de organización.

[contextly_sidebar id=”TUhTY4HeP1KiIGL7Tt7I5mv3fgh4PzGM”]Lo interesante de esta cifra es que del total de las denuncias recabadas sólo se abrieron 3 averiguaciones previas relacionadas con violencia política hacia mujeres candidatas en el último proceso electoral, como consta en la solicitud de acceso a la información 0001700228915, hecha por el Programa de Investigación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

La solicitud realizada a la Procuraduría General de la República fue turnada por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de esta Dependencia, a la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales, indicando que obedecía a la competencia de FEPADE.

En la respuesta de la Fiscalía señalan haber realizado una búsqueda exhaustiva en las averiguaciones previas, actas circunstanciadas y carpetas de investigación sobre hechos relacionados con este tipo de delito, específicamente contra mujeres candidatas.

La Unidad de Enlace de Acceso a la Información cita los artículos 7 y 8 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, como las conductas tipificadas más cercanas bajo las cuales pudieron haberse abierto las averiguaciones:

Art. 7… algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado, que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

Por otro lado, el artículo 8 refiere la conducta violenta que puedan ejercer funcionarios electorales sobre el electorado, para votar o dejar de votar por partido político, coalición o candidato.

La respuesta concreta arrojó que del 7 de octubre de 2014 al 7 de junio de 2015 sólo se registraron 3 averiguaciones previas, correspondientes al estado de Sonora, específicamente a la candidata que a la postre resultó ganadora a la Gubernatura de esa entidad, Claudia Pavlovich. 

¿Quién denuncia desde adentro?

Con los avances de la paridad, las denuncias mediáticas realizadas por mujeres candidatas de distintos partidos políticos tomaron relevancia en este proceso electoral. Existen decenas de hechos registrados que oscilaron entre la intimidación y las amenazas públicas, hasta el secuestro y en algunos casos el asesinato impune.

La última prueba que refleja ésta violencia política tuvo lugar en los comicios de Chiapas realizados el 19 de julio, donde resultaron electas 36 mujeres alcaldesas, incluidos 8 municipios indígenas.

A través de la Red por la Paridad en Chiapas (REPARE) se han hecho públicas las amenazas y la presión que han sufrido las candidatas electas para renunciar al cargo ganado y cederlo a hombres.

En ese contexto hace apenas una semana se llevo a cabo el “Encuentro Nacional sobre Participación Política de las Mujeres Indígenas: un balance ante las elecciones 2015” y ante los escenarios de violencia política sufridos en los últimos meses, exigieron a través de una declaratoria:

Visibilizar a las mujeres indígenas que hemos participado en la vida pública, re significar y dignificar los distintos cargos que hemos ocupado en los diferentes ámbitos políticos, trabajar conjuntamente con las instituciones para implementar la agenda de las mujeres indígenas.

La violencia sistémica

¿Qué simboliza que sólo se tengan registradas 3 averiguaciones previas entre más de 3 mil denuncias por parte de las instancias indicadas para sancionar los delitos electorales y en este caso la violencia política a mujeres candidatas?

Y el hecho de que la Procuraduría General de la República los dirija a la competencia de FEPADE, cuando a su vez la fiscalía no cuenta con una ley actualizada que pueda generar un seguimiento contundente en los últimos meses.

La justificación es entonces que no se puede perseguir un delito cuya tipificación está lejos de ser equiparable a la realidad, o bien, que las autoridades no se dan abasto persiguiendo delitos de la escala más baja de la delincuencia electoral, cometidos en su mayoría por mujeres.

Quedan para el anecdotario los registros mediáticos de las propias candidatas y los medios de comunicación, además de los exhortos realizados por diversas fracciones partidistas en el Congreso y el Senado.

En un nivel más familiar para las candidatas, ¿cuánto le importan realmente estos sucesos a las dirigencias de sus partidos políticos?, hoy en día nadie quiere reconocer que vive con el enemigo en casa y menos aún en tiempo electoral.

Pero tal y como sucede a nivel general con la violencia hacia las mujeres en México, la mayor parte de estos hechos se dan en casa, o en este caso, al interior de los partidos. Al respecto, nulas fueron las propuestas que las plataformas de los partidos presentaron para frenar este creciente fenómeno.

No vayamos tan lejos, una muestra de la importancia que dan los partidos al avance político de las mujeres se observa en la designación de las coordinaciones de cada fracción partidista en el Senado, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa, donde sólo habrá una mujer al frente de una fracción (MORENA) para el periodo legislativo que inicia.

Es importante preguntarnos por qué no se dio seguimiento a las denuncias públicas o a brindar protección a las personas afectadas, ya que esto genera impunidad y aunque es preciso levantar la denuncia en las instancias correspondientes, ¿el quehacer público no debería iniciar una averiguación de oficio?

La impunidad sólo genera la repetición sistemática de estos delitos. La tardanza en la atención de éstos fomenta la inequidad en la participación electoral, y en muchos casos obliga al abandono de una aspiración legítima a media contienda.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió la relación de los ayuntamientos analógicamente comparables con los Congresos locales, hecho que obliga a que la paridad esté presente y que aquellos estados que no lo han hecho, la incluyan en su libertad configurativa.

El reto ahora, ya no solo es para quienes se encargan de hacer cumplir las leyes a nivel federal o estatal, sino municipal, espacio en el que con mayor frecuencia se presentan abusos en contra de mujeres que organizadas política o socialmente, reclaman un acceso a mejores condiciones de desarrollo, a reglas del juego más transparentes para su participación en la vida pública y en la aplicación de la justicia.

No hay más, los resultados de 2015 en este rubro son pobres y 2016 será la prueba definitiva para saber si nuestras instituciones están al nivel para procurar esa igualdad sustantiva que saludan una y otra vez los funcionarios a lo largo del país, como si fueran trepados en el carro alegórico de la palabrería.

Lo trágico de todo esto sería encontrarnos de nuevo con 3 averiguaciones y ningún responsable, entre miles de denuncias para los comicios del próximo año, porque nunca supimos bien a bien quién persigue la violencia política contra las mujeres en México.

 

* Brando Flores y Rubén López son investigadores del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (@ISBeauvoir)