Redacción Animal Político · 21 de abril de 2025
La justicia mexicana está a las puertas de una transformación incierta. La próxima elección judicial supone una oportunidad, pero también un enorme riesgo: si quienes hasta ahora estaban “capacitados” para juzgar con perspectiva de género lo hacen sin comprenderla ni aplicarla, ¿qué podemos esperar de quienes lleguen sin formación alguna? En nuestra experiencia como defensores de derechos humanos y acompañantes legales de decenas de mujeres privadas de libertad, esta pregunta no es retórica, sino una alerta.
En los juzgados de ejecución penal —donde se supone que debe garantizarse el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión— se cometen a diario injusticias disfrazadas de legalidad. Hemos presenciado a jueces que, ante una solicitud concreta de que apliquen el Protocolo de la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género, responden con frases que deberían avergonzar al sistema entero. Uno, en el estado de Guerrero, nos refirió: “Aquí ya hay perspectiva de género. Primero, porque la acusada es mujer. Segundo, porque la fiscal también es mujer. Y tercero, porque en esta sala hay mujeres presentes”. Así, como si el simple hecho de ser mujer —y estar rodeada de mujeres— bastara para garantizar justicia.
Otro caso reciente en Baja California ejemplifica con mayor crudeza las dimensiones de esta negación estructural. Una mujer que ha cumplido más del 80 % de su condena sigue en prisión, mientras su coacusado —procesado por los mismos hechos— fue liberado al cumplir el 50 %. ¿La razón? Ella no tiene una red de apoyo afuera. El juez se negó a concederle la libertad condicionada hasta que consiguiera un trabajo, ignorando que las mujeres privadas de libertad, en su mayoría, enfrentan enormes barreras para reinsertarse por la falta de redes familiares, recursos económicos y programas institucionales. Cuando le explicamos las desigualdades en las condiciones estructurales y socioeconómicas que viven las mujeres que salen de prisión, el juez nos respondió que “decir que las mujeres viven diferente es ser machista”. Entendió la perspectiva de género totalmente al revés.
Hay resoluciones que juzgan con el peso de la moral religiosa (“cómo es posible que, siendo católica, no supiera distinguir entre el bien y el mal”) o con la carga de los estereotipos (“cómo es posible que, siendo mujer, no supiera que estaba embarazada”). Desde los inicios de nuestra preparación profesional, hemos leído sentencias que culpan a las mujeres por estar “en la calle a esas horas” o que afirman que ellas, por ser madres, “deberían entender lo grave de sus actos”. Podríamos seguir, pero es interminable.
En estos años de acompañamiento desde ASILEGAL, hemos visto que muchas mujeres son juzgadas por operadores judiciales que replican discursos punitivos y estereotipos o prejuicios irrazonables. Incontables veces hemos interactuado con autoridades judiciales que ignoran las dinámicas de violencias, las dependencias económicas o afectivas, e incluso la coerción institucional en contra de las mujeres. Más aún, en el caso de los juzgadores especializados en ejecución penal, notamos que siguen sin comprender el impacto diferenciado que una mujer vive al entrar a prisión, como el abandono, la segregación, la falta de condiciones dignas de estancia y alimentación, o la discriminación intracarcelaria.
Lo más grave es que estos jueces dicen aplicar el Protocolo de la Suprema Corte. Lo leen en voz alta, repiten sus seis pasos como si fueran mantras, pero carecen de comprensión real. Lo usan como un amuleto, como una muletilla para legitimar decisiones profundamente sesgadas, estereotípicas o prejuiciosas. No analizan relaciones asimétricas de poder, no reconocen las opresiones cruzadas, no cuestionan los prejuicios de la fiscalía ni las omisiones del sistema penitenciario. Por ello, no sorprende que el 18.3 % de los operadores jurisdiccionales no sepan qué es perspectiva de género ni que la mitad de estos desconozcan cómo incluirla en la labor judicial. 1
Las consecuencias de esta falta de formación no son simbólicas: son devastadoras. Juzgar sin perspectiva de género implica perpetuar estereotipos que culpabilizan a las mujeres por no ajustarse al ideal de madre, esposa o “mujer de bien”. Implica ignorar el contexto de violencia que muchas vivieron antes de delinquir. Implica negar beneficios penitenciarios por motivos que los hombres no enfrentan. Implica, en suma, que el Poder Judicial reproduzca la desigualdad y normalice la violencia institucional.
Por eso, en el contexto del relevo judicial que se avecina, urge preguntarnos qué garantías existen para evitar que este déficit estructural se profundice. Si hoy, con jueces supuestamente capacitados, la perspectiva de género se aplica de forma vacía, ritualista o tergiversada, el riesgo con nuevos perfiles sin formación adecuada —o sin sensibilidad frente a los sistemas de opresión que viven las mujeres— es aún mayor. No se trata solo de cambiar nombres o rostros en el Poder Judicial, sino de transformar prácticas, desaprender prejuicios y asegurar que quienes juzguen en el futuro lo hagan desde un compromiso real con los derechos humanos y con una perspectiva interseccional e informada.
Frente la elección judicial de 2025, la preguntas no pueden ser otras: ¿y ahora qué? ¿Quién garantizará que las nuevas personas juzgadoras entiendan lo que significa juzgar con enfoque interseccional? ¿Quién vigilará que no se repita la simulación actual, en la que se presume aplicar la perspectiva de género mientras se perpetúa la discriminación?
Es urgente que el Poder Judicial, las escuelas judiciales, los consejos de la judicatura y la sociedad civil asumamos con seriedad nuestros roles en este momento. No basta con nombrar nuevos jueces o juezas; necesitamos perfiles que comprendan los mecanismos de opresión, los estereotipos y los impactos diferenciados del encarcelamiento. Necesitamos personas que tengan sensibilidad, formación y compromiso frente a los derechos humanos. Pero, sobre todo, necesitamos operadores que entiendan que juzgar con perspectiva de género no es un favor: es una obligación constitucional y una deuda histórica hacia las mujeres en la justicia.
Solo así será posible que el relevo judicial no sea un retroceso ni una continuidad de la simulación, sino un punto de inflexión hacia una justicia verdaderamente transformadora, capaz de reconocer las desigualdades estructurales y de corregirlas desde sus propias sentencias. Que este texto no se lea con indiferencia, sino con indignación y compromiso. Porque mientras la justicia se siga escribiendo con sesgo, las mujeres seguirán esperando una verdadera oportunidad de libertad.
* José Luis Gutiérrez Román es director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL) y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cristopher Alexis Sánchez Islas es coordinador del Área de Defensa Integral de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL) y Representante del Sector de Personas Privadas de la Libertad en el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación del Estado de México.