blogeditor · 17 de noviembre de 2022
Enfrentar verdaderamente la corrupción implica destinar recursos suficientes a las instituciones que se dedican a combatirla. El pasado 11 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2023. En él se observa la asignación de recursos a las distintas instancias que previenen investigan y/o sancionan los actos de corrupción en México, tanto en el ámbito administrativo como penal. Aunque para 2023 se observa un incremento a cuatro de estas instituciones, es importante destacar que en lo que va del sexenio el presupuesto ha presentado muchas variaciones, por ello es relevante poner en perspectiva qué impacto tienen esas asignaciones.
Para tener un panorama preciso analizamos con cuánto presupuesto iniciaron este sexenio en 2018 y cuál es el que tendrán en 2023. La instancia que más disminución de recursos ha tenido es la Secretaría Ejecutiva del SNA (Sesna) que funge como organismo técnico de apoyo al SNA con una reducción de 28% de su presupuesto. Le sigue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con una reducción 9%. Mientras que, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha tenido una reducción de 1%. Por su parte, algunas instancias han tenido aumentos; a la Secretaría de la Función Pública se le han incrementado sus recursos 22%, a la Auditoría Superior de la Federación 15%, al Consejo de la Judicatura Federal 7% y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción más de 467%.
Sobre esta última es importante tomar en cuenta que pasó de ser una dirección de la antes Procuraduría General de la República a ser una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en 2019, razón por la cual han aumentado sus atribuciones y, con ello, su presupuesto. Sin embargo, dada la relevancia de sus funciones de investigar delitos de corrupción en un país que posee altos niveles de esta, resulta relevante que haya suficiente asignación de recursos para que opere, así como vigilancia de que éstos se ejerzan de manera óptima. Por su parte, resalta que la Institución encargada de velar por la transparencia y el derecho de acceso a la información haya tenido un decremento de 7%, pues esto impacta negativamente en sus funciones, las cuales cobran cada vez más relevancia en un contexto donde la información sobre los actos de corrupción es limitada.
Además de los recortes a algunas instancias anticorrupción, otro indicador que muestra que no hay una apuesta real del gobierno federal de contribuir de manera efectiva a las causas estructurales de la corrupción es que el presupuesto total de las instancias del SNA representa menos del 1% del total del PEF.
Otro elemento que puede ser útil para analizar el presupuesto de las instancias anticorrupción es estudiar qué tanto presupuesto destina cada una de éstas verdaderamente al combate a la corrupción. Para conocer esa información, a partir de 2018, contamos con el Anexo Transversal Anticorrupción una herramienta incluida en el PEF que identifica los recursos presupuestarios destinados a las acciones sustantivas para el combate a la corrupción donde se establece qué ramos, unidades responsables, programas, y acciones, intervienen para prevenir, detectar y sancionar la corrupción y los recursos con los que se cuenta para su implementación.
Si consideramos que el Anexo Anticorrupción para 2023 aumenta en 81% su presupuesto, pasando de 3, 708 mdp a 6, 711 mdp. 1 En principio resultaría positivo, sin embargo, este aumento no se debe a que las instituciones hayan etiquetado más recursos, sino a que se integraron o incluyeron 12 nuevas unidades responsables y/o ramos al Anexo como la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Economía a través de la COFEMER, Educación Pública, Bienestar, Conacyt, Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de las Mujeres. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público duplicó a las unidades responsables que integran su presupuesto al Anexo, pasando de cuatro a ocho unidades. La instancia más relevante que se suma es la Auditoría Superior de la Federación que aporta 2, 815 mdp, una considerable fuente de recursos. Los aportes de la ASF representan el 42% del total del anexo transversal, le sigue el CJF con 24% de sus recursos y después la SFP con 18%. Si se suman los porcentajes de estas tres instituciones, suman el 84% del Anexo transversal, mientras que las demás instituciones aportan el 16% restante.
Si bien puede ser positivo que nuevas dependencias integran su presupuesto al Anexo, es importante que se clarifiquen las acciones que realizarán en materia anticorrupción y que se especifique cómo instancias como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de las Mujeres y las demás unidades responsables que se integran, aportarán para avanzar en las prioridades establecidas en la Política Nacional Anticorrupción. Es relevante contar con esta información para no regresar a una problemática que sucedió en 2018, cuando se integraban muchas instituciones, pero no había claridad de cómo sus programas estaban orientados al combate a la corrupción.
Los recursos destinados a las instituciones anticorrupción deberían considerarse como una inversión y no como un gasto, tomando en cuenta además que su desatención genera una cuantiosa pérdida de recursos para el Estado. Por ejemplo, es importante precisar que, en 2019, el INEGI estimó su costo en distintos trámites, por 12,770 millones de pesos. A esto hay que sumarle los desvíos de recursos de los grandes escándalos de corrupción como Odebrecht (200 mdp), la Estafa Maestra (7 mil 670 mdp) los desvíos de recursos de Javier Duarte (de 233 mdp a 3,500 mdp).
El instrumento de política pública más importante de un gobierno es el presupuesto, porque aun contando con leyes, planes, programas y personal, y sistemas nacionales, lo que permite activar el engranaje público son los recursos económicos. Y lo que hemos observado en los últimos años, en general, es que el presupuesto de las instituciones anticorrupción ha presentado variaciones asimétricas y que no se justifican o explican exhaustivamente por el Poder Legislativo.
La corrupción compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, deslegitiman la razón de ser de las autoridades, erosiona el Estado de derecho y envía un mensaje social de que las reglas pueden saltarse en función del poder o dinero que posean las personas. Por ello, cuidar financieramente a las instituciones anticorrupción y mejorar sus herramientas presupuestarias es una tarea que debe fortalecerse.
* Anaid García Tobón (@laanaidtobon) es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
1 Todas las cifras están expresadas en pesos constantes de 2022, las variaciones son en términos reales.