Quién hace qué en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (4)

Por: Pamela Romero (@pamelarogue) y Alberto Lujambio (@lujambioalberto)

O. J. Simpson fue acusado de quitarle la vida a su esposa el 12 de junio de 1994. Además de ser el proceso penal más documentado de la historia, es la crónica de una fiscalía avergonzada. El descuido en el manejo de la evidencia física fue primera plana en todos los periódicos.

El primer eslabón débil fue el manejo de la escena del crimen: docenas de personas caminaron libremente de un lado a otro y contaminaron el lugar. Los objetos, las huellas de sangre, las marcas del calzado y el mítico guante de piel fueron manipulados a placer. Un ejército de policías los tocaron antes de que llegaran al laboratorio. Sucedió lo esperado y la defensa logró despedazar cada prueba.

O. J. no era inocente: la policía y la fiscalía fueron culpables de negligencia.

¿Qué hacía un detective recogiendo evidencia física sin guantes, sin ropa de protección y sin registros? ¿Qué hacen los agentes del Ministerio Público en México dirigiendo cateos e investigaciones en fosas llenas de cadáveres? Nada.

Nuestra teoría es que se aferran al anterior sistema que les daba “fe ministerial”: un facultad misteriosa y abusiva que les concedía infalibilidad procesal. Justo por eso se apuntaban a las diligencias. Como son abogados no tenían -ni tienen- los conocimientos criminalísticos o policiales que se requieren para estar ahí. Lejos de ayudar al proceso exponen la evidencia a la contaminación o la alteración.

La labor de la fiscalía debería ser estrictamente jurídica. Queremos que nuestras agentes del Ministerio Público sean expertas en derecho penal y procesal, en teoría del delito y en argumentación jurídica. También deberían leer más novelas: el sistema penal acusatorio también se trata de contarle una buena historia al juez.

Nuestros fiscales no deben caminar junto a los cadáveres, ni recoger armas, ni levantar hojas, ni tocar cualquier objeto en la escena del crimen. Ni siquiera para tomarse la foto.

¿A quién sí necesitamos ahí? A quienes saben investigar: a los policías y los peritos. Para construir un mejor sistema hay que definir quién hace qué. La solución es simple: zapatero a tus zapatos.

Para hacerlo más fácil escribimos una campaña de reclutamiento para el nuevo sistema de justicia penal:

¿Estudiaste derecho, litigas, o te gusta el derecho penal? ¿Eres una bala para debatir, argumentar, citar y memorizar? ¿Puedes narrar una historia coherente y controvertir la de tu contrincante? Eres el candidato ideal para convertirte en agente del Ministerio Público. 

¿Estudiaste en la academia de policía y te especializaste en la investigación? ¿Sabes cómo interrogar a testigos, víctimas o personas detenidas? ¿Puedes seguir pistas y acopiar información? ¿Conoces estrategias en campo, de inteligencia policial y criminal? Eres un agente de la policía de investigación y te necesitamos en las calles, investigando los delitos.

¿Estudiaste alguna ciencia, técnica o arte y te especializaste en el ámbito forense? ¿Sabes encontrar y manejar evidencias? ¿Puedes interpretar evidencia forense? Deberías formar parte de los servicios periciales.

Suena fácil, pero se nos complica: el artículo 21 de la constitución dice que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y las policías, bajo la conducción y mando del M. P.

Pues no, el fiscal no debe mandar: su tarea es organizar, supervisar y observar. Debe computar evidencia y asimilar testimonios. Con todo eso en la cabeza, el siguiente paso es decidir si hay suficiente evidencia para construir un caso de acuerdo a lo que sabe: la norma penal y la argumentación. Su jefe, el procurador, debe justificar -desde la perspectiva de la política pública criminal- el enorme gasto que significa investigar y procesar. Debe crear una lógica de investigación sensible y orientada a resultados.

En conclusión nadie sabe quién manda y por eso todos mandan. Hay días en los que pensamos que la delincuencia está mejor organizada.

 

* Texto escrito en colaboración con Pamela Romero, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctora en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.