Redacción Animal Político · 14 de febrero de 2025
Sesenta y un demandas casi todas civiles relacionadas con 7 temas —fondos congelados, ciudadanía al nacer, DOGE, migración, derechos de comunidades trans, agentes del FBI que investigaron el 6 de enero y datos del C.D.C.— se han presentado y se litigan en este momento en un puñado de cortes en los Estados Unidos desde que inició la administración del presidente Donald Trump.
Las querellas comparten el objetivo de bajarle la velocidad al vertiginoso arranque del nuevo jefe del ejecutivo quien, una vez ungido, se empeñó en mostrar que viene dispuesto a honrar sus promesas de campaña para lo que ha dedicado los primeros 20 días de su mandato a signar órdenes ejecutivas a destajo.
Muchas de esas decisiones, tomadas desde el desmedido poder de un cargo cuasi monárquico y sin contrapesos, han afectado de manera especial a grupos vulnerables como inmigrantes indocumentados sobre los que se han desatado furiosas cacerías, ciudadanos de a pie u organizaciones de la sociedad civil a las que han congelado fondos, y colectivos LGBTI o minorías raciales, debido a la obsesión del nuevo inquilino de la Casa Blanca y sus grupo político por borrar de la cultura estadounidense las políticas de Inclusión, Equidad y Diversidad (DEI, por sus siglas en ingles).
Estando uno de los tres poderes en el sistema de república federal estadounidense, el legislativo, sometido a los designios del Trump, de momento son pocos quienes han decidido enfrentar tanto al presidente como al vicepresidente no electo, Elon Musk, el hombre más rico y menos empático del mundo, quien asumió gustoso la encomienda de despedir a miles de trabajadores y recortar fondos que no estén destinados a cumplir con la conservadora agenda trompista vía una agencia que le inventaron: el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE según su acrónimo en inglés).
De ese grupo que se mantiene firme frente a la carnicería del actual régimen podemos incluir a legisladores, gobernadores de estados demócratas y miembros de la sociedad civil.
Pero si debiéramos responder a la interrogante de quién puede en este momento detener a Trump, son las cortes las que aun cuentan con la autoridad y armas jurídicas para limitar sin dramas las extralimitaciones en que desea incurrir el mandatario, quien se halla muy activo en querer cambiarle la fachada no sólo al gobierno sino a la sociedad norteamericana en general.
Mientras algunos de los 61 litigios abiertos mencionados llegan a la Corte Suprema federal donde Trump se siente seguro por las simpatías que levanta entre la mayoría conservadora en ese cuerpo colegiado, se abre otra interrogante: en caso de que tribunales locales logren frustrar legalmente sus órdenes ejecutivas, ¿cumplirá el presidente con el mandato de los jueces o seguirá adelante sin importarle que se desate una crisis constitucional?
Por lo pronto este jueves el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ingresó oootra demanda civil debido a que la Casa Blanca no ha liberado recursos federales a los estados como se los ordenó un juez. “No lo han hecho”, reclama el gobernador Shapiro, quien aclara que los recursos “están comprometidos con necesidades (en su caso) como recuperar tierras mineras para evitar socavones, tapar pozos abandonados y ayudar a reducir las facturas de servicios públicos de los consumidores”.
Como bien lo ilustra Free Law Project, también en ocho cortes distintas se halla detenida la orden ejecutiva de Trump de terminar con la ciudadanía para los nacidos en territorio de los Estados Unidos, protección que data de finales del siglo XIX y que, todo parece indicar, recorrerá la larga ruta de escurrirse hasta la Corte Suprema donde finalmente debería ser rechazada.
No parece que vayan a correr la misma suerte órdenes ejecutivas como la de los despidos fulminantes o la de ofrecer renuncias voluntarias con algunos meses pagados como compensación ofrecida a burócratas. Es casi un hecho que las cortes tarde o temprano permitirán los recortes.
En las próximas horas se espera además que otro juez más frene de momento el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que en todo el planeta apoya causas sociales, periodísticas y de paz. La USAID tiene empleados en todo el mundo en misiones de ese tipo y en este momento todos ellos se han quedado sin recursos paras sobrevivir. Este martes uno de esos empleados asignado en la República del Congo y afiliado a la Asociación de Servicio Extranjero de América, demandó a Donald Trump en la corte sur del Distrito de Columbia por, justamente, haberlo dejado abandonado en aquella nación. La orden de Trump y Musk para ellos fue “regresen a su país”.
La administración Trump puede que vea frustrados muchos de estos empeños, pero al final de cuentas su interés es el de comenzar a erosionar el terreno en temas que antes eran tabúes como el de la ciudadanía automática. Ahora ya está sobre la mesa y es cuestión de tiempo para que en un futuro el bloque conservador de congresistas, gobernadores y jueces pueda puedan conseguir ese otro “triunfo” para su causa.
Se repetiría así el esquema de cuando se comenzó a discutir el aborto que desde 1972 estaba protegido por la Constitución en los Estados Unidos. En su primera presidencia Trump inició con la discusión de si debería prevalecer como estaban los derechos reproductivos de la mujer hasta que, en el 2022, los tres jueces conservadores nominados por él fueron la diferencia para que la Suprema Corte terminara con la histórica ley Roe vs. Wade. El asunto del aborto pasó a ser una decisión de cada estado y ahora en más de 20 donde gobiernan republicanos ya manejan algún tipo de prohibición.
Tiene mucha razón el documentalista Michael Moore quien dijo no estar sorprendido de las acciones de Donald Trump desde el 20 de enero. “Ha anunciado una y otra vez lo que iba a hacer si el pueblo estadounidense lo dejaba regresar a la Casa Blanca. No solo nos ha dado los hechos y el plan de su golpe prometido desde hace mucho tiempo, sino que ha hecho lo más audaz que cualquier autócrata en la historia”.
Una de las cosas que Trump prometió en campaña es que iba a ser “dictador sólo un día”, pero como le fue insuficiente ha extendido el plazo. Dijo que iría “contra sus enemigos al interior”, purga que ya comenzó, y que trataría de acabar con buena parte de la amplia burocracia estadounidense que él y sus aliados han apodado “el estado profundo”. Realizado.
Su plan de desaparecer el Departamento de Educación ya arrancó, y su deseo de instalar a puros fieles en puestos claves sin importar si están capacitados para el cargo, casi se completa, además de aquella vieja tarea de ser aliado y no enemigo del primer ministro ruso Vladimir Putin. Objetivos irreflexivos que hace un año se veían lejanos pero que hoy están cerca de concretarse.
La respuesta a todos esos intentos, entonces, se halla en congresistas y ciudadanos que demandan, y en jueces que deciden.
Será un interesante ver en qué termina este duelo de poderes.