Joel Aguirre · 16 de septiembre de 2026
Mariana González Ruiz Velasco y Simon Ticehurst*
Cuando pensamos en la democracia, solemos pensar en la democracia representativa-electoral, a través de la cual elegimos presidentes, gobernadores o legisladores periódicamente para que ellos y ellas tomen decisiones. Pero en realidad la democracia representativa basada en el voto tiene un poco más de 200 años. Según David Van Reybrouck en su libro ‘’Contra las elecciones: cómo salvar la democracia’’, esta se inició en el siglo XVIII después de las revoluciones Francesa y Estadounidense.
Existen otros tipos de democracia, como la democracia directa, donde a través de mecanismos como el referéndum las personas deciden directamente sobre alguna ley o asunto importante para la nación; la democracia participativa, donde personas ordinarias participan en decisiones públicas como la distribución de presupuesto público; o la democracia deliberativa, donde un grupo de personas, en ocasiones representativas de una población, desarrollan propuestas de política pública a través de evidencia, diálogo y consideración de distintas perspectivas.
Miles de decisiones económicas e institucionales que afectan nuestra vida cotidiana deben ser decisiones democráticas, pero terminan siendo definidas por quienes ejercen más poder económico y político. Por ejemplo: ¿Quién paga impuestos y cuánto pagan? ¿Quién tiene acceso al crédito o a la tierra? ¿Qué tipo de empresas o infraestructura se prioriza y subsidia? ¿Cómo se asignan y distribuyen los recursos públicos? ¿Quién decide sobre el medio ambiente del cual toda la vida depende? Las economías no son un fenómeno externo a la democracia, debe ser una de sus principales expresiones. La democracia no es solo una forma de elegir gobiernos, sino una forma de decidir juntos cómo queremos vivir y no termina en las urnas.
A través del sistema de democracia representativa actual y las decisiones económicas que se toman, se ha visto una creciente desigualdad y acumulación de poder tanto económico como político. Según datos de Oxfam Internacional en su informe del 2026 Contra el imperio de los ricos, la riqueza conjunta de los más de 3,000 millonarios del mundo ha crecido en un 81 % desde 2020. El informe de Oxfam México Oligarquía o democracia documentó ese fenómeno en México, donde el 1 % más rico de la población percibe 35 % del ingreso total, posee 40 % de la riqueza privada nacional y es responsable del 23 % de las emisiones contaminantes. Una concentración de riqueza que convive con 18.8 millones de personas sin una alimentación adecuada, 38.5 millones de personas por debajo de la línea de bienestar y 21 millones de mujeres que dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado.
Quienes concentran riqueza moldean las reglas que rigen la economía y la sociedad en su propio beneficio y en detrimento de los derechos y libertades de la ciudadanía y también de la salud planetaria. Las élites terminan capturando el juego democrático, corrompiendo decisiones con impacto público de largo plazo. Las alternativas económicas son un antídoto tanto a las limitaciones económicas como a los vacíos democráticos del paradigma dominante.
La participación de personas ordinarias en temas públicos genera un cambio significativo en el tipo de decisiones que se toman. Quien decide sobre la economía decide, en gran medida, cómo vivimos. Los mercados escuchan principalmente a quienes tienen dinero, pero la democracia participativa o deliberativa incorpora las voces de quienes a menudo no son escuchados como mujeres, juventudes o pueblos indígenas, quienes son expertos en sus comunidades. Es una manera también de visibilizar necesidades muchas veces invisibilizadas, como el tiempo para cuidar, la importancia de espacios públicos, el transporte público, espacios seguros para las mujeres.
Por ejemplo, gran parte del trabajo de cuidado de niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad y los hogares se realiza de manera no remunerada y recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, limitando sus oportunidades de educación, empleo, participación y bienestar. El cuidado es uno de los pilares más esenciales, aunque menos visibles, de la economía.
Las tareas de los cuidados se pueden reducir, distribuir y sostener a través de espacios como las UTOPÍAS, permitiendo liberar tiempo a quienes generalmente las realizan sin remuneración. Las UTOPÍAS (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) nacieron entre 2018 y 2024 en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y son el programa insignia de transformación urbana y bienestar con centros de atención, salud, actividades recreativas y culturales en la alcaldía con mayores niveles de pobreza de la ciudad.
Antes de construir, se convocaron asambleas participativas en “pabellones de imaginación”, donde vecinas y vecinos diseñaron colectivamente los espacios y la sostenibilidad proviene del sentido de pertenencia. Las comunidades cuidan estos espacios porque los sienten propios: no son “programas del gobierno”, sino bienes comunes. Hoy el modelo se proyecta a toda la Ciudad de México, con la construcción de 200 nuevos centros en las distintas alcaldías de la ciudad.
Las decisiones económicas suelen responder a necesidades e incentivos inmediatos. Pero la deliberación democrática permite pensar a largo plazo, más allá de los ciclos políticos tradicionales, centrándose en bienestar común y generaciones futuras, considerando los riesgos climáticos y la regeneración de la naturaleza.
Un ejemplo de democracia deliberativa son las asambleas (ciudadanas) climáticas, en las cuales personas ordinarias seleccionadas por sorteo desarrollan propuestas para abordar los retos del cambio climático. En julio de este año 45 participantes de entre 7 y 14 años del Área Metropolitana de Guadalajara en México fueron parte de la Asamblea Climática con Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco, donde aprendieron, deliberaron y desarrollaron propuestas para cuidar a las personas y medio ambiente de los efectos del cambio climático. Las niñas, niños y adolescentes son una población que históricamente ha tenido muy pocas oportunidades de participar en estas decisiones, pero que por su temprana edad, tienen una mirada a largo plazo y orientada al bien común.
Hay muchos ejemplos de cómo se relacionan prácticas democráticas con el impulso de economías alternativas.
Una experiencia notable y pionera a nivel mundial ha sido (desde 1989) el proceso de presupuestos participativos nacido en Porto Alegre, Brasil, donde la ciudadanía decide de forma directa en qué se asignan los recursos públicos. Estas experiencias se han expandido alrededor del mundo, un ejemplo es el presupuesto participativo que se realizó en Santa Ana Tzacuala, en Hidalgo, México, una comunidad 100 % indígena donde la representación política de las mujeres hasta el 2022 había sido nula. Dos de los tres proyectos seleccionados, fueron propuestos por mujeres, incluida una niña. La organización implementadora, Ollin, notó que las propuestas de las mujeres se centraban en el bienestar de las comunidades y la niñez.
Moviéndonos a la inclusión de más que humanos en la toma de decisiones públicas, en el municipio urbano de Curridabat, en Costa Rica, el programa Ciudad Dulce ha implementado una innovadora visión de desarrollo urbano, que coloca a los polinizadores, abejas, mariposas, colibríes, y a la biodiversidad como ciudadanos en el centro de la planificación, transformando el espacio urbano en un ecosistema floreciente que mejore la calidad de vida de todos sus habitantes (humanos y no humanos) a través de la reforestación, la gestión y educación ambiental y un entramado de parques conectados por corredores biológicos. El programa prosperó por los niveles de participación de los vecinos no como espectadores, sino como actores activos en el diseño del entorno la ciudad y la conexión directa con el entorno natural.
Más allá de los espacios formales y gubernamentales, el Huerto Roma Verde en plena Colonia Roma de la Ciudad de México es un laboratorio biosocial y comunitario donde cultivan experiencias de organización social y gobernanza participativa, integrando una cultura regenerativa a las actividades económicas y proponiendo alternativas de bienestar común en entornos locales. Ideas y experiencias prácticas abundan.
Las economías del bienestar y las democracias profundas se fortalecen mutuamente. Cuando las personas participan de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas, es más probable que emerjan políticas orientadas al cuidado, bien común, la equidad y la sostenibilidad ambiental. Y cuando la riqueza, las oportunidades y el poder económico se distribuyen de forma más justa, también aumentan las posibilidades de que todas las personas puedan ejercer plenamente su ciudadanía.
En tiempos de polarización, democracias más participativas permiten construir y reconstruir confianza en las personas y las instituciones. Cuando las personas participan entienden mejor decisiones difíciles; comprenden cómo funcionan las instituciones, escuchan perspectivas distintas; aumenta la legitimidad y la cooperación, cambiando la relación entre ciudadanía e instituciones, generando mayor cohesión social.
Pero hay que tener en cuenta que los mecanismos de democracia participativa y deliberativa no garantizan que los resultados sean orientados a economías del bien común. Es importante asegurar que estos ejercicios incluyan distintos aspectos como representatividad e inclusión de voces tradicionalmente excluidas, las generaciones futuras y la naturaleza.
La democracia necesita una economía que no concentre el poder; y una economía del bienestar necesita instituciones democráticas capaces de escuchar, deliberar y construir el bien común. La democracia y la economía son dos caras del mismo sistema de distribución del poder. Fortalecer ambas nos puede llevar a construir economías que ponen en el centro a las personas y el planeta y a tener una ciudadanía comprometida y corresponsable.♦
Mariana González Ruiz Velasco es diseñadora participativa, constructora de comunidades y educadora con experiencia en espacios de innovaciones democráticas, sostenibilidad e impacto social. Actualmente es consultora en Prosociedad: Hacer bien el bien, profesora de asignatura en el ITESO y miembro de Economías Alternativas México. Simon Ticehurst es parte del equipo global de la Alianza para la Economía del Bienestar (WEAll). Antes de unirse a WEAll fue director regional de Oxfam Internacional para América Latina y el Caribe (2015-2022) y es miembro de Economías Alternativas México.