¿Quién cuida las áreas naturales protegidas?

Imagina un desierto de 714 mil hectáreas: la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora. Según datos oficiales, su vigilancia depende de una sola persona: un solitario superguardaparque. Lejos de ser una excepción, esta soledad se repite. El Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, en Baja California, extiende sus 2.5 millones de hectáreas bajo el cuidado exacto de… un solo guardaparque. Y en el Caribe Mexicano, Quintana Roo, la proporción alcanza niveles surrealistas: 5.7 millones de hectáreas —casi todo mar— vigiladas por una sola alma, de acuerdo con el análisis de una coalición de organizaciones ambientales mexicanas, encabezada por Wildlands Network México, que vigila el presupuesto de las áreas protegidas. Un empleado solitario para custodiar un ecosistema entero. 

A pesar de este colapso operativo, el Estado mexicano pisa el acelerador de la simulación territorial. El país se comprometió a blindar el 30 % de su territorio nacional hacia el año 2030. Hoy presume 232 áreas naturales protegidas federales que abarcan cerca de 98 millones de hectáreas, y los planes de expansión siguen sobre la mesa. Pero un decreto gubernamental no pasa de ser un bonito trazo en el mapa. Lo que verdaderamente sostiene un ecosistema no es la tinta del Diario Oficial, sino la gente que camina el terreno todos los días… y para eso, por supuesto, se necesita dinero. Y el dinero, una vez más, brilla por su ausencia. 

Veamos el dinero, porque la realidad siempre desmiente a la cifra alegre. Para 2027, el gobierno propone destinar mil 591 millones de pesos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En teoría es un incremento del 2.6 % por encima de la inflación respecto a lo aprobado en 2026, pero la trampa contable es que, comparado con el gasto real de este año, son 14 millones de pesos menos. En los hechos, esto se traduce en 16 pesos por hectárea al año, un desplome del 80 % frente al promedio histórico de 2007 a 2012. El abandono administrativo es total: esa misma coalición documenta que 94 de las 232 áreas naturales ni siquiera cuentan con un plan de trabajo, el documento elemental para saber qué se protege y cómo. Y mientras el discurso oficial presume ecología, el tajo presupuestal se ensaña con los santuarios emblemáticos: Calakmul, la selva del jaguar, perdería el 70 % de su asignación, y la Mariposa Monarca un devastador 79 %. 

Ante este vacío institucional, la pregunta es obligada: ¿quién termina poniendo el dinero que el Estado escatima? La respuesta desnuda la soberanía: alguien de fuera. Así opera el proyecto MEx30x30, fondeado con 18.5 millones de dólares provenientes de un fondo mundial para la biodiversidad. Su ejecución recae en el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza —una organización civil— de la mano de Conservación Internacional y la propia Comisión federal, con vigencia de 2025 a 2030. Por si fuera poco, en mayo pasado el mismo Fondo firmó un memorándum con una alianza de organizaciones internacionales, entre ellas The Nature Conservancy y el World Wildlife Fund, para explorar un mecanismo de financiamiento a largo plazo del que, por supuesto, no se informó ni un solo monto, ni un plazo, ni una sola condición.

Aquí es donde surgen las dos preguntas incómodas que ningún funcionario responde en público. La primera: ¿a cambio de qué? En los portales oficiales del proyecto y de sus socios no hay una sola línea transparente sobre los compromisos adquiridos por México. Quizá no se exija nada a cambio, pero un país que depende de dinero ajeno tiene el derecho elemental de exigirlo con claridad. La segunda: ¿por cuánto tiempo? El proyecto tiene fecha de caducidad en 2030. Los proyectos terminan, pero las reservas, los bosques y los animales se quedan ahí. La cooperación internacional es valiosa, sin duda, pero el problema grave es confundir un simple puente con la carretera. 

Y hay otra pregunta de la que casi nadie habla: ¿quiénes son las personas que realmente sostienen este trabajo en el territorio? Por la experiencia acumulada en el sector, sabemos que gran parte del personal que opera las áreas protegidas cobra de organismos internacionales, por honorarios o como “asesores externos”. Eso significa que no tiene seguridad social, no cotiza para su pensión y su empleo depende de que un proyecto extranjero se renueve. No existe una cifra pública nacional, pero los documentos muestran el mismo patrón.

En 2020, 222 trabajadores de la propia Comisión le escribieron al presidente para denunciar la falta de personal desde hace años y un recorte de 70 % a quienes eran contratados por medio de la ONU. Pedían incorporarse al servicio público con todos sus derechos. Dos años después, en 2022, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental advirtió que el presupuesto del año siguiente no traía dinero para plazas permanentes, mientras la Comisión destinaba 74 millones de pesos a un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y una revisión de 2017 de otro proyecto de esa organización documentó que parte del personal trabajó sin contrato ni salario mientras se terminaban los trámites, y que algunos pagaron gastos del proyecto de su bolsillo.

Pongámoslo en una sola imagen demoledora: el Estado mexicano decreta el territorio en el papel, un donante extranjero paga a quien lo vigila, y esa persona sobrevive en la más absoluta indefensión laboral. Lo más paradójico —y políticamente indefendible— es doble discurso gubernamental: mientras la administración promovió la prohibición del outsourcing y la subcontratación abusiva tanto en el sector privado como en el público para rescatar los derechos laborales, el propio Estado mantiene externalizada y precarizada la vigilancia de sus reservas naturales a través de organismos internacionales. Si el donante extranjero cambia de prioridad, el proyecto se extingue, el recurso se evapora y el guardián se queda en la calle. El decreto protegido se vuelve letra muerta y la simulación queda al descubierto. 

Por eso la pregunta de fondo no es técnica, es política: ¿para qué crear en cantidad lo que el Estado no tiene la voluntad ni los recursos propios para sostener? Cada hectárea nueva que se decreta sin presupuesto real, sin plan de trabajo y sin personal con plazas permanentes no es conservación; es una promesa falsa que alguien más tendrá que financiar. Y en la geopolítica ambiental, quien paga, a la larga, también condiciona y opina. 

La Cámara de Diputados puede corregir esto al aprobar el presupuesto. Quienes defienden la naturaleza desde la trinchera comunitaria, técnica o civil deben exigir tres cosas elementales: que el presupuesto de la Conanp se restituya a niveles históricos; que quienes hoy cuidan el territorio por honorarios obtengan puestos de estructura con derechos plenos; y que se transparenten con punto y coma los acuerdos con fondos internacionales. Ampliar las áreas protegidas en el papel es muy fácil; sostenerlas con presupuesto propio y con trabajadores dignificados es lo único que las vuelve reales.

Todos tenemos una opinión sobre esto. Esta es la mía. Tú tendrás la tuya propia.

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