México Evalúa · 18 de noviembre de 2026
Por Ana Lilia Moreno*
Hay dos realidades en el sector de las telecomunicaciones. Por un lado, las redes necesitan inversiones cada vez mayores para sostener la digitalización. Por el otro, la necesidad de impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. El planteamiento proviene del informe “Digital Economy and Society Outlook 2026”, que el pasado 5 de noviembre publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ante este panorama, algunos gobiernos están relajando las regulaciones impuestas a sus operadores con poder dominante en los mercados. A través de la autorización de fusiones y adquisiciones buscan acelerar estos procesos e impulsar las inversiones. De lo anterior surge una pregunta, ¿será o no importante la competencia económica para el desarrollo de los mercados digitales?
El informe de la OCDE llega en un momento particularmente oportuno para México. La anunciada compra de AT&T México por un consorcio de Televisa y Fintech Holdings el pasado 13 de octubre, por 2,000 millones de dólares, coincide con las primeras grandes decisiones que tendrán que llevar a cabo las nuevas autoridades sobre concentraciones y regulación de preponderancia. El planteamiento es básicamente: ¿cómo promover la inversión en mejores redes para prestar mejores servicios a precios asequibles para la población?
Durante décadas, la regulación de los monopolios y oligopolios en el sector de telecomunicaciones respondió a la lógica de que las redes requieren inversiones elevadas y contienen infraestructuras difíciles de replicar. Esto justificaba que la regulación pudiera diseñarse e imponerse ex ante las empresas más poderosas, con obligaciones de acceso, interconexión, transparencia y no discriminación. Así se facilitaba que nuevas competidoras con menos capacidad pudieran acceder al mercado y ofrecer a los usuarios servicios innovadores a precios accesibles. La razón era regular anticipando que la posición dominante de unos pocos podía inducir a conductas anticompetitivas con fuertes daños en el mercado: precios elevados, poca innovación e, incluso, mala calidad de los bienes y servicios que ofrece.
¿Está el mundo abandonando ese modelo? No exactamente.
La OCDE documenta algunos casos interesantes. Si bien la Comisión Europea reafirmó en 2026 que la regulación de operadores con poder significativo sigue siendo un instrumento central, en la Unión Europea, por ejemplo, se han reducido de 18 a dos los mercados mayoristas identificados como susceptibles de regulación ex ante en sus recomendaciones. Corea, por su parte, ha flexibilizado ciertos controles sobre precios mayoristas; y Singapur también conserva obligaciones especiales para empresas dominantes.
La idea central que la OCDE pone en la mesa es que retirar obligaciones debe ser resultado de comprobar que ya no son necesarias. Es decir, reducir la regulación asimétrica a una empresa grande con poder de mercado no significa eliminar las reglas generales que la obligan a bajar las barreras que, en circunstancias normales, impedirían el acceso al mercado a empresas más pequeñas o nuevas.
El caso de España es emblemático. En 2025, el regulador de ese país, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, decidió retirar obligaciones que exigían a Telefónica, jugadora dominante en el sector, compartir servicios mayoristas de fibra, tras comprobar que habían aumentado la competencia y las redes alternativas. La desregulación entró en vigor en febrero de 2026.
El acceso a tecnología para 5G y 6G hacia el 2030 —con aumento en velocidad, disminución de latencia o tiempos de respuesta, y más conexiones a internet de numerosos dispositivos— se suma a la necesidad de contar con más centros de datos que permitan más usos de la inteligencia artificial. Por su parte, innovaciones como la comunicación holográfica (tecnología que permite transmitir y proyectar imágenes tridimensionales en tiempo real) exigen redes de fibra óptica más extensas, rápidas y resistentes. Estos avances solo se logran con economías de escala, mediante fusiones y adquisiciones de empresas del sector.
Sin embargo —tal como detectó un estudio académico a 33 países de la OCDE—, si bien una mayor concentración de servicios móviles de telefonía y banda ancha se asocia con una mayor inversión por el operador, no suele implicar un aumento estadísticamente concluyente de mejores servicios y precios para los consumidores.
Las autoridades de competencia han buscado responder a ese dilema con condiciones concretas. Estados Unidos autorizó la fusión T-Mobile–Sprint, pero exigió desinversiones, acceso mayorista y compromisos de despliegue de 5G. Reino Unido permitió Vodafone-Three después de hacer exigible un programa de inversión de ocho años y establecer protecciones temporales de precios y acceso mayorista. Brasil aprobó la adquisición de Oi Móvel por sus competidores con medidas para preservar oportunidades de entrada.
El hilo conductor de tales condicionamientos es asegurar que las promesas de inversión a los financiadores, la opinión pública y, sobre todo, los entes reguladores, se conviertan en obligaciones verificables.
México enfrenta esta discusión con mercados que evolucionaron de manera desigual. Según las estadísticas del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a septiembre de 2025, la participación del agente preponderante en banda ancha fija, América Móvil (Telmex), pasó de aproximadamente 73 % en 2013 a 39 % en 2024. Al cierre de ese año, Grupo Televisa tenía alrededor de 21 % de los accesos, Megacable 18 % y Grupo Salinas, 18 %.
En telefonía móvil, en cambio, persiste una concentración mayor. Según cifras actualizadas a diciembre de 2025 de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Telcel concentraba el 55.5 % de las líneas; AT&T, 16.6 %; Movistar, 14.6 %, y los operadores móviles virtuales, (OMV) 13.2 %. Movistar utiliza infraestructura de terceros, mientras numerosos OMV operan sobre la Red Compartida de Altán Redes, que opera en la franja del espectro de más calidad y que fue concebida como una red mayorista para facilitar la entrada de competidores. A ello se suma CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que ofrece servicios móviles y conectividad social, apoyándose también en infraestructura de Altán Redes.
En enero de 2025, el IFT autorizó, con condiciones, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquiriera indirectamente una participación de 23.08 % en los derechos fideicomisarios de Altán Redes, sin obtener su control. El extinto IFT impuso medidas precisamente para proteger la competencia y la neutralidad frente a la participación estatal.
La competencia depende, por tanto, no solo del número de operadores, sino de quién controla las redes, el espectro radioeléctrico y en qué condiciones de acceso a la infraestructura permite utilizarlas. Todo esto depende ahora de las resoluciones de dos reguladores que pasaron de ser autónomos a ser órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal: la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) y la CRT. Sus decisiones, al ser las primeras de gran calado, estarán en el foco de la opinión pública y del escrutinio internacional, como el de la OCDE.
Para las próximas semanas deberemos poner atención en las resoluciones de la CNA, la cual evaluará la compra de AT&T México y revisará las medidas de preponderancia. La CRT, por su parte, aportará análisis técnico sobre espectro, concesiones e infraestructura, ejercerá sus facultades regulatorias y coordinará con la CNA la aplicación de las medidas correspondientes. En principio, ambos órganos deben poner en el centro que tales fusiones deriven en mejores servicios y mejores precios a los consumidores.
La prueba de fuego de los nuevos reguladores será escoger entre inversión y competencia, y demostrar que sus decisiones y poder de supervisión fomentarán y protegerán ambos procesos. Una misión de largo aliento que determinará la velocidad, el costo y la calidad del futuro digital de todos los mexicanos.♦
*Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica en México Evalúa. Redes: @analilia_moreno