¿Quién calla sobre el pasado?
blogeditor · 29 de enero de 2020
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador les reclama a los portavoces de la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz su supuesto silencio ante la corrupción y violencia de sexenios anteriores, demuestra que no leyó o que los miembros de su gabinete no le pasaron ni una ficha de las propuestas que se le entregaron en Palacio Nacional. La propuesta ciudadana para una política de verdad, justicia y reparación que se les entregó dedica 26 de 122 páginas a detallar una propuesta para un proceso de verdad y memoria sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas en México en diferentes periodos de 1965 al presente, incluida la “Guerra contra el narcotráfico” en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.1
Si el presidente realmente quiere mirar al pasado, ¿por qué ignora una propuesta que lo invita a abanderar la reconstrucción del país a partir de un profundo proceso de verdad, autónomo, centrado en las víctimas de ayer y de hoy, y enriquecido mediante acompañamientos múltiples de la sociedad civil nacional e internacional y de la academia? Sugiero tres posibles respuestas: 1) el presidente está mal informado sobre la genealogía y los contenidos de la propuestas de verdad y justicia transicional; 2) el presidente no quiere mirar al pasado; o 3) el presidente solo quiere mirar al pasado selectivamente y de manera parcial y bajo férreo control presidencial.
Al insinuar que las demandas por verdad y justicia lo inculpan a él pero ignoran el pasado, el presidente hace caso omiso de los orígenes de la discusión más reciente sobre justicia transicional en México. Si bien durante décadas los gobiernos del PRI y del PAN combatieron o simplemente ahogaron cualquier intento por iniciar un programa de justicia transicional en el país, esto cambió a partir del otoño de 2014, cuando los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa y el de la Casa Blanca –tras ocho años de guerras del y contra el narco– sacudieron al país y nos metieron de lleno a la discusión sobre impunidad. Un segmento importante de la sociedad civil, liderado por universidades y organizaciones empresariales se volcó a hablar de corrupción. Otro segmento, liderado por universidades, organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas, empezó un diálogo sobre justicia transicional en casos de graves violaciones de derechos humanos. La indignación ciudadana contra la impunidad que brotó en el otoño de 2014 y dio origen a una larga batalla por verdad, justicia y reparación fue también el catalizador de la estrepitosa caída del PRI y del PAN y del ascenso político de López Obrador en 2018.
La discusión más específica sobre un proceso de verdad y memoria que forma parte de la propuesta ciudadana que se le entregó al presidente nació del seno de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción –una amplia red de organizaciones de derechos humanos creada en 2016. En ese espacio se trabajó la propuesta “Romper el Silencio: Hacia un proceso de verdad y memoria en México”, la cual se presentó ante víctimas y sociedad civil en julio de 2018. La propuesta convocaba sociedad y gobierno a desatar un proceso de búsqueda de verdad en casos de graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la “Guerra contra el narcotráfico” entre 2006 y 2018. El documento se enriqueció a partir del diálogo con familiares de víctimas de la violencia política de los setentas y con activistas de derechos humanos y en una segunda versión se argumentaba a favor de un proceso más amplio de 1965 al presente.2 Esta versión ampliada se incluyó en la propuesta ciudadana para una política de verdad, justicia y reparación que se le entregó al gobierno federal en enero de 2019. La Secretaría de Gobernación envió esta propuesta a evaluación externa y luego se discutió en sesiones maratónicas en Gobernación en julio de 2019 y posteriormente en el Foro “Derecho a la memoria, verdad, justicia y reparación” organizado por la misma Secretaría el 27 de agosto de 2019 en Saltillo, Coahuila, con decenas de colectivos de víctimas de ayer y de hoy y con mandos altos y medios del gobierno. Es por ello sorprendente que el presidente –quizá mal informado por su propio equipo– afirme que quienes enarbolamos la propuesta de justicia transicional que se le volvió a entregar el pasado domingo ignoramos el pasado.
Una explicación alternativa a la desinformación es que en realidad sea al presidente mismo a quien no le interesa hurgar el pasado. En campaña siempre mantuvo la ambigüedad entre su apoyo a un proceso de justicia transicional, incluido un proceso de verdad, y decretar una amnistía y empezar su sexenio con el “borrón y cuenta nueva” tan cuestionado en su momento por los colectivos de víctimas y sus familiares. Es posible que una vez en el gobierno la alianza estratégica con las Fuerzas Armadas le dificulte al presidente mirar un pasado de violencia en el que el ejército ha jugado un papel central tanto en la represión política como en graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las guerras contra el narco de los 70s y de 2006 a la fecha. Es posible que la alianza estratégica con políticos tradicionales de su gabinete le dificulte al presidente hurgar el pasado. Se trata de políticos que jugaron un papel central en el infame Plan Cóndor en el que, como demuestra el importante trabajo de Adela Cedillo, la política de drogas y la Guerra Sucia se entrelazaron.3 Son políticos que tuvieron bajo su mando a la Dirección Federal de Seguridad justo cuando nacieron los principales cárteles del país de la mano de agentes de la DFS.
Una tercera explicación de por qué el presidente ignora la propuesta de justicia transicional y denosta a los caminantes es que quizá haya optado por una estrategia selectiva de mirar al pasado –una estrategia en la que el gobierno federal elige un par de casos emblemáticos y los periodos y las regiones del país en las que se indagarán graves violaciones de derechos humanos bajo un estricto control del Ejecutivo. Una estrategia en la que, a contrapelo de la evidencia internacional, se teme a la autonomía de un proceso de verdad y memoria liderado por las víctimas y acompañado por sociedad civil y expertos nacionales e internacionales. Una estrategia en la que la verdad vaya divorciada de la justicia penal y donde no habría castigo contra los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. Quizá el presidente desconoce la propuesta de sociedad civil porque en ella se sugiere la creación de un ecosistema de mecanismos de justicia transicional en el que se la búsqueda de verdad de ayer y de hoy, la justicia penal y la reparación del daño se nutren y retroalimentan. Quizá el presidente no quiere crear un ecosistema que rompa las cadenas de la impunidad que engarzan a la violencia política del pasado con la violencia criminal del presente.
Saber si el presidente ataca al proceso amplio de verdad, justicia y reparación que le sugiere la sociedad civil porque está desinformado, porque prefiere un proceso controlado y selectivo, o porque simplemente se opone a la justicia transicional será vital para el futuro del país. La única forma de saberlo será exigiéndole un diálogo franco y de frente a un gobierno que nació de la misma indignación moral en contra de la impunidad que nos motiva a muchos a impulsar un proceso amplio de justicia transicional.
* Guillermo Trejo es profesor de ciencia política de la Universidad de Notre Dame, fellow del Kellogg Institute for International Studies y miembro de la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción.
3 Adela Cedillo, “Intersections Between the Dirty War and the War on Drugs in Northwestern Mexico (1969-1985)”, Tesis Doctoral, Universidad de Wisconsin – Madison, 2019.