Quid pro quo

‘@font-face { font-family: “Arial”; }@font-face { font-family: “Cambria”; }@font-face { Por: José Tapia, Director de Investigación de México Evalúa.

El uso anglosajón del término muestra un principio básico de la negociación, mediante el cual se fundamenta  la muy probable necesidad de realizar algún tipo de intercambio para avanzar hacia un resultado: es el principio de reciprocidad.

El ámbito político no escapa a dicha dinámica y mucho menos la labor del Congreso y sus legislaturas. Se ha establecido que la agenda de la LXI legislatura en el Congreso, que justo acaba de iniciar sesiones, considerará como prioritarias las reformas laboral, antimonopolios, política, seguridad nacional, al fuero militar y contra el lavado de dinero. Así como el establecimiento de normas que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.

Sin embargo, la mayor parte de las reformas propuestas se enfocan en acrecentar responsabilidades al Ejecutivo federal y no es claro en donde quedan, dentro de la lista de prioridades, las tareas y responsabilidades correspondientes a los demás órdenes de gobierno.

La dinámica exhibe la carencia de corresponsabilidad en las demandas que el Congreso exige, tanto para sí mismo, como para otras instancias de gobierno. Esta perspectiva del trabajo legislativo, parece mostrar que la tónica de la alternancia ha sido un acuerdo, sea este voluntario o forzoso, donde la encomienda ha sido quitar atribuciones y discrecionalidad al Ejecutivo, sin haber acciones recíprocas hacia los gobiernos locales. En ese sentido, hoy es más cómodo ser Gobernador de cualquier estado que ser Presidente de la República.

El punto de mayor gravedad es que la transparencia y rendición de cuentas, bajo esta lógica selectiva, parece tardará mucho en llegar de forma efectiva a los estados en un momento en que resulta apremiante que exista mayor control y responsabilidad. Hoy, sin embargo, se favorece mantener el arreglo con la federación que asegura a los estados un espacio de baja responsabilidad fiscal y elevada discrecionalidad en el uso de recursos.

¿Qué tipo de incentivo se requiere entonces para que un primer grupo de gobernadores de un primer paso hacia un compromiso de verdadera representatividad y mayor responsabilidad?

Para cambiar se necesita madurez, responsabilidad y voluntad política para asumir compromisos, lo que por principio implica ceder algo de los beneficios que impunemente se ha autoasignado nuestra clase gobernante a todos los niveles de gobierno. Al final, la parálisis en las negociaciones del Congreso refleja precisamente ese derrotismo anticipado que proviene de la incapacidad de entender el justo valor que tiene la reciprocidad (quid pro quo) para generar avances.

Consideremos que mientras no atendamos las cuestiones básicas y comunes que subyacen a la mayoría de las problemáticas, no tiene caso que el Congreso haga como que trabaja y nosotros como que el país avanza.