La quema de gas daña la salud de recién nacidos en el sureste de México

En el sur de México, el gas fósil no se aprovecha: se quema. En múltiples instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), especialmente en Tabasco y Chiapas, grandes mecheros arden de forma continua, liberando a la atmósfera el gas asociado a la extracción de petróleo. Esta práctica, conocida como flaring, debería usarse sólo de manera excepcional —en casos de emergencia o fallas operativas—, pero en México se ha convertido en una rutina cotidiana. En 2023, el país ocupó el noveno lugar mundial en volumen de gas quemado, con casi 200 mil millones de pies cúbicos liberados al aire, lo que equivale a más del 6 % de toda la demanda interna de gas. Paradójicamente, mientras esto ocurre, seguimos importando más de la mitad del gas que consumimos.

Desde hace décadas se han documentado los impactos socioambientales de la industria fósil. Las emisiones que genera han tomado relevancia en un contexto de crisis climática, dado que históricamente son las que más han contribuido a agravarla. Además, las emisiones forman parte de los determinantes ambientales de la salud, es decir, son factores ambientales que influyen en la salud humana, y que incluyen factores físicos, químicos y biológicos, y todos los comportamientos relacionados con éstos.

Las emisiones de la industria fósil influyen en la salud pública, por lo que conocer sus impactos es crucial desde un enfoque de derechos humanos y justicia climática. Derechos humanos como el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la vida y la dignidad humana, entre otros, son potencialmente vulnerados por estos determinantes ambientales.

El flaring es altamente contaminante y contribuye significativamente a la crisis climática y a la mala calidad del aire. Aunque es menos dañino que el venteo —el cual libera metano y otros componentes tóxicos, sin combustión previa—, representa un enorme foco de emisiones tóxicas. En México, más del 90 % de esta quema ocurre a menos de un kilómetro de un gasoducto, lo que evidencia que no es un problema técnico, sino una decisión política: extraer todo el petróleo posible, incluso si viene acompañado de gas amargo que no se va a procesar y que se prefiere quemar por ser más barato, sin importar los impactos sociales, sanitarios y ambientales. Y cada vez más, estas quemas se concentran en tierra firme y muy cerca de comunidades rurales.

Este aumento en la quema de gas no es incidental. Está directamente vinculado con el impulso gubernamental por incrementar la producción de hidrocarburos líquidos, aun si eso implica reactivar campos antiguos o casi agotados, que producen petróleo acompañado de gas difícil de procesar, por su alto contenido de impurezas como el azufre o el nitrógeno. En esos casos, el aprovechamiento del gas no sólo requeriría inversiones en infraestructura, sino que comprometería la rentabilidad del propio crudo. Por eso, en lugar de asumir ese costo, se prefiere quemarlo. Ahora bien, la solución no implica simplemente aprovechar mejor el gas fósil o los derivados de la extracción del petróleo, sino impulsar un modelo económico y político que reduzca nuestra dependencia en estos combustibles a través de una redistribución, un modelo orientado a la suficiencia y a la reducción de los despilfarros de energía. No es una falla operativa, sino una consecuencia inherente al modelo fósil. Mientras sigamos apostando por extraer más petróleo, seguiremos condenando a miles de personas a respirar lo que la industria prefiere no procesar.

Las llamaradas de los mecheros no sólo iluminan el cielo: lo envenenan. Cada vez que se quema gas, se liberan a la atmósfera más de 250 sustancias contaminantes. Entre ellas están el dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas finas (PM2.5), que penetran profundamente en los pulmones e inducen procesos de inflamación sistémica. También se liberan compuestos más peligrosos para la salud humana como los Compuestos Orgánicos Volátiles (benceno, tolueno, xileno) y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que han sido detectados en tejidos placentarios y se han asociado con daños en el desarrollo fetal.

Estos contaminantes no desaparecen con el viento. Se quedan suspendidos, se dispersan y terminan acumulándose en el aire, el agua, el suelo y en los alimentos de las comunidades vecinas. No se trata solo de un problema climático —aunque en estas zonas también se libera metano, un gas con un potencial de calentamiento más de 80 veces superior al del CO₂ en un periodo de 20 años—, sino de un problema de salud pública. Mujeres embarazadas, niñas, niños y personas mayores viven expuestas a un cóctel de contaminantes sin información, sin monitoreo y sin alternativas reales para protegerse.

Para entender hasta qué punto esta exposición cotidiana podría estar afectando la salud de las personas, desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y CartoCrítica realizamos un estudio basado en los datos de más de 420 mil nacimientos ocurridos entre 2017 y 2023 en Tabasco y Chiapas, principalmente. Usamos registros oficiales de nacimientos del subsistema de salud pública, y modelamos la exposición anual de cada localidad a la quema de gas mediante un análisis de distancia ponderada, considerando todos los mecheros en operación en un radio de hasta 30 kilómetros, clasificando a las localidades según su nivel de exposición. Los resultados son alarmantes. En las zonas de alta exposición al flaring, el riesgo de que una persona recién nacida presente malformaciones congénitas es significativamente mayor. Por ejemplo, encontramos 87 % más riesgo de anomalías cromosómicas (como el síndrome de Down o trisomías) y 84 % más de riesgo de malformaciones congénitas no clasificadas en otros sistemas, en comparación con zonas sin exposición o con exposición baja. También hay aumentos en otras variables críticas: el riesgo de parto prematuro es 29 % mayor, el de bajo peso al nacer 16 % mayor, y el de talla baja 18 % mayor en zonas con mayor exposición a la quema. Lo que estas cifras muestran no es una simple correlación: es una señal clara de que hay un patrón de daño acumulado. El flaring no es una práctica neutral ni invisible. Deja huellas en los cuerpos, especialmente en los más vulnerables. Y esas huellas son verificables, medibles, evitables.

Lo más grave es que todo esto ocurre sin que se informe debidamente a las personas afectadas. No hay monitoreo ambiental público, no hay advertencias, ni compensación por los daños. Este estudio contribuye, por lo tanto, al “proceso de desfosilización informado, transparente y participativo”^.. La quema de gas ha sido invisibilizada como una consecuencia “inevitable” del progreso petrolero, cuando en realidad es una forma silenciosa y sistemática de sacrificar territorios y vidas humanas para sostener un modelo energético extractivo y desigual. Frente a esto, no basta con pedir eficiencia ni nuevas tecnologías. El flaring no es una anomalía corregible: es el síntoma de un modelo fósil que ya no tiene margen ético ni climático para sostenerse. Y mientras se mantenga la apuesta por extraer cada gota de petróleo sin importar el costo, la quema seguirá, y con ella las enfermedades y las muertes prematuras.

Las comunidades expuestas no son zonas de sacrificio, no son daño colateral. Reconocer esto es el primer paso para ponerle fin. El segundo, inevitablemente, es dejar de encender mecheros y comenzar a apagar el modelo que los hace posibles. Estudios como el que presentamos hacen visible la necesidad de replantear el modelo energético que prevalece en México y transitar hacia modelos energéticos que reduzcan la dependencia en hidrocarburos, promuevan las energías renovables y avancen hacia un sistema con menor despilfarro y mejor distribución, al tiempo de maximizar la eficiencia energética. Es fundamental pasar de la narrativa a las acciones concretas y progresivas.